A comienzos de la tarde de hoy, el ex fiscal general Julio Castro, condenado a 6 años y 6 meses de cárcel en 2019 por violar y golpear a su ex novia, se entregó para ser detenido en la Comisaría Vecinal 12C de Belgrano, sobre la calle Juramento. Había gastado su última carta luego de dos años en un limbo de recursos e instancias penales. Ayer por la mañana, la Corte Suprema rechazó su último recurso extraordinario, lo que permitió al Tribunal N°8 firmar su pedido de arresto, que según fuentes policiales le fue notificado. Así, Castro fue a su celda de manera espontánea. La Comisaría queda a menos de diez cuadras de su domicilio declarado.
Es el comienzo del fin de una historia larga, agónica, marcada por sospechas de lobby a su favor y de protecciones. Castro había sido denunciado por su ex pareja en 2017, el juez Hernán López hizo caso a su víctima y lo procesó y elevó a juicio. Las pruebas fueron particularmente duras, con escenas humillantes relatadas por la víctima, una abogada 20 años más jóvenes que él, imágenes de golpes que sufrió.
Con 30 años en la Justicia, Castro fue parte de las solicitadas y actividades de la agrupación Justicia Legítima, aunque nunca fue un asociado. Irónicamente, fue designado director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. El ex procurador Esteban Righi lo designó en el cargo, en el año 2007. Castro también fue fiscal ante el Tribunal Oral Nº 15, estuvo entre los acusadores originales en el juicio al portero femicida Jorge Luis Mangeri, dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.
Castro incluso intentó ser camarista en la Justicia federal, con una audiencia para tratar el tema en la Comisión de Acuerdos en el Senado, con un pliego de recomendación firmado por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. La primera víctima que lo denunció en la Procuración estaba dentro de la sala. Un abogado presentó una serie de tuits que Castro le envió a una menor en el Chaco, que le costaron el puesto. No llegó a camarista. El escándalo le costó las aspiraciones.
Años después, dejaría de ser fiscal.
En mayo de este año, en un fallo histórico y largamente esperado, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal lo destituyó por unanimidad en un juicio político donde fue acusado de acosar sexual y laboralmente a 11 empleados desde 1995.
Así, fue removido por “mal desempeño del cargo” y por “no haber obrado con buena conducta.
Castro, tras una denuncia original formulada por una ex empleada en 2014, enfrentó el comienzo de la investigación en su contra recién en 2017, con una sólida instrucción a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri y su equipo. En la lectura del veredicto, se habló de “numerosos hechos de suma gravedad dirigidos a lo largo del tiempo caracterizados por ensañamiento con mujeres y dependientes” marcados por la “falta de consciencia de género y respeto a los demás” que “configuraron un ejercicio abusivo de su poder” y que “distan de lo que la sociedad espera de un magistrado”.
Castro, a lo largo del proceso “insistió en su inocencia y culpó a circunstancias externas sin un atisbo de arrepentimiento, no existieron pedido de disculpa a quienes fueron victimas”, se afirmó en la lectura del veredicto.
En el medio, con toda la causa en su contra, Castro no fue un solo día preso. El día que fue condenado en el TOC N°8 entró y salió del Tribunal a pie. Hoy es su primer día tras las rejas.
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