Hay historias en medio de la escalada de violencia que atraviesa Rosario, donde se cometieron 195 asesinatos en lo que va del año. La del menor L. es de una crudeza singular.
Es un delincuente de 17 años que fue detenido 56 veces en su carrera criminal: así lo confirmaron fuentes policiales. Vive en el barrio San Francisquito, un sector precario de la zona oeste de Rosario, cerca de Villa Banana. Su primera aprehensión fue a los 12 y ahora quedó tras las rejas por haber declarado que hace trabajos para el líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero y que participó en un resonante homicidio en la zona sudoeste de la ciudad. El problema de sus dichos es que los hizo ante la Policía de Santa Fe, sin un abogado presente.
Su caso se hizo público en medio de una creciente violencia en la ciudad, donde una gran parte de la población se movilizó el jueves pasado y volvió a hacerlo este miércoles en reclamo de más Seguridad y de Justicia tras varios crímenes no esclarecidos, sobre todo el del arquitecto de Joaquín Pérez, asesinado de dos tiros para robarle su auto en barrio de Arroyito. En la más reciente marcha, la multitud obligó al gobernador Omar Perotti y al intendente Pablo Javkin a marcharse en medio de fuertes críticas. En medio de todo esto, cae L.
El último arresto del joven fue el sábado pasado en inmediaciones de Moreno y Pasco, cerca de la cancha de Newell’s Old Boys, por arrebatar un celular a otro joven de 18 años. Después de haber sido trasladado a la Comisaría 2° por la Brigada Motorizada, declaró –según consta en el acta labrada en la seccional– que en realidad le habían encomendado la tarea de asesinar al muchacho al que había asaltado. Es más, agregó que la orden provino del líder de Los Monos, que actualmente está alojado en el penal federal de Marcos Paz, y que por ese trabajo iba a cobrar 250 mil pesos.
La declaración de L. –considerada sospechosa por fuentes judiciales ya que fue hecha ante la Policía sin la presencia de un defensor y se autoincriminó en varios delitos– tomó un giro inesperado al añadir que había trasladado recientemente en una moto a un sicario que acribilló a balazos a un joven que había empezado a vender droga en la zona Sudoeste.
En esta historia interviene la Justicia de Menores, que L. conoce bien porque ya pasó por los cuatro juzgados en los últimos cinco años. Ahora, quedó detenido en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil a la espera de una indagatoria, pero no por el robo del celular, sino por haber -supuestamente- admitido su rol en un homicidio.
El asesinato en cuestión es el del ex rugbier del club Provincial Sebastián Nahuel Mandón, que ocurrió el pasado 15 de octubre entre los edificios Fonavi de Ovidio Lagos y Rueda, en barrio Latinoamérica, en la zona Sudoeste. Al joven de 24 años lo mató a tiros un sicario que bajó de una moto, le disparó y una vez en el piso lo remató. El cuerpo tenía seis impactos de bala y, de acuerdo a testimonios recolectados, la víctima había comenzado a dedicarse a la venta de droga al menudeo. Según el acta labrada en la Comisaría 2° el sábado pasado, L. dijo ser quien estaba al mando del auto del ataque.
L. empezó a tener ingresos en comisarías a los 12 años por robos. En su planilla de entradas en seccionales, el menor tiene aprehensiones por robo (26), robo calificado (2), tentativa de robo (20), amenazas (2) y daño (1). También cayó por portación de armas (2), por resistencia a la autoridad (1), por incumplimiento de medida judicial (1) y por encubrimiento (1), cuando le encontraron un objeto robado del que no se pudo probar que él lo había sustraído.
El caso de L. abre otro debate. La Justicia de menores está bajo la mira, o apuntada por el Poder Ejecutivo provincial cada vez que lo libera. Desde la Justicia hacia el Ejecutivo municipal y provincial las críticas llegan por no haber atendido en los distintos niveles varias de las intervenciones solicitadas para abordar la situación, como por ejemplo la “escasa escolaridad” de L., el llamado de atención sobre la falta de servicios en el que vive su familia o el consumo problemático de sustancias del adolescente.
Cada vez es más frecuente encontrarse en Rosario con una persona sospechada de un delito que tiene escasa escolaridad. Si bien no hay registros oficiales actuales –los últimos datan del censo de 2010–, según un relevamiento hecho por la ONG Alfabetización Santa Fe, que trabaja en coordinación con la Universidad Nacional de Rosario y gobiernos locales en barrios vulnerados y cárceles, en la ciudad hay más de 30 mil analfabetos.
El dato de la cantidad de analfabetos trascendió a través de un informe de Rosario3 después del crimen de Carlos Argüelles, testigo arrepentido en la causa contra el presunto jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Quien está imputado por ese asesinato es un sicario de 19 años que en la audiencia dijo no saber leer ni escribir.
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