El miércoles 14, la Argentina superó las 100.000 muertes por coronavirus y el Gobierno decretó cinco días de duelo nacional. En la provincia de Mendoza, la cantidad de fallecidos por COVID-19 alcanza los 3.649. Sin embargo, y a pesar de las restricciones vigentes, durante la madrugada del sábado desbarataron una fiesta clandestina que se realizaba en el departamento de Godoy Cruz y de la que participaban más de cien personas, la mayoría de ellos menores de edad.
La reunión se desarrollaba en un domicilio ubicado en Mariano Moreno al 900. Alrededor de la 1:20, personal de Diversión Nocturna que patrullaba la zona constató que estaban realizando una fiesta prohibida durante la alerta sanitaria. Al detectar la presencia policial, los invitados al evento empezaron a fugarse por los techos aledaños.
Según lo precisado por el Ministerio de Seguridad, más de 20 menores fueron trasladados en calidad de guarda a la subcomisaría Benegas y entregados a sus padres. El resto, aproximadamente entre 80 y 100, debieron aguardar en el lugar del hecho. A los 35 mayores de edad restantes se los identificó por sistema biométrico y la propietaria del domicilio, de 47 años, será citada por la fiscal interviniente en la causa. De acuerdo con el diario Los Andes, el caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal Nº 3.
Horas después, de acuerdo con el mismo medio mendocino, la Policía desactivó otro encuentro ilegal con más de 29 personas en el departamento de Las Heras, donde uno de los invitados fue detenido tras intentar huir en una moto y chocar con dos vehículos. La fiesta fue detectada por efectivos que circulaban por Mariano Moreno al 1100.
El propietario de la vivienda, de 26 años, y los 28 participantes de la fiesta clandestina serán procesados por la Oficina Fiscal actuante por infracción al artículo 205 del Código Penal que indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. En el caso intervino la Oficina Fiscal Nº 5.
A pesar de estar prohibidas, las fiestas clandestinas son una constante en todo el país. Mendoza, claro, no es la excepción. El 7 de julio pasado, la Municipalidad de Guaymallén pidió ser querellante en la causa penal contra los organizadores de una fiesta clandestina, que se realizó durante la madrugada del martes 6, y que la Policía abortó a poco de comenzar, en la que se detectaron 112 personas que asistieron al lugar y violaron la cuarentena, en un galpón del distrito de San José.
El encuentro se fue difundiendo de “boca en boca”, y se convocó en un galpón donde se guardaban micros de larga distancia, ubicado en calle Saavedra al 1180, de esa localidad, a escasas cuadras del límite con la capital provincial. Según trascendió, vecinos del lugar alertaron al 911, y cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, alrededor de las 2.30 AM, se encontraron con la fiesta clandestina, con música, bebidas alcohólicas, catering contratado, violando todas las normas.
Vale recordar que, el 26 de abril pasado, en el departamento de Lavalle, se desarticuló un festejo del que participaban entre 100 y 150 personas. Además, se detuvo al organizador, un hombre de 34 años, oriundo del departamento de Guaymallén, y se secuestró equipamiento informático y consolas.
Ese mismo fin de semana, un segunda clandestina -de la que no trascendió la cantidad de asistentes- fue detectada en la ciudad de Mendoza y allí se secuestraron bebidas alcohólicas y el dueño del domicilio y la persona identificada como la organizadora fueron aprehendidos. Los equipos secuestrados en ambas fiestas fueron decomisados por ser presuntamente el instrumento empleado para cometer el delito de Infracción al artículo 205 del Código Penal.
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