La Policía Antinarcóticos de Córdoba, ante el riesgo del estancamiento por una impactante detención

La jefa de la brigada en Villa María fue arrestada y acusada de vinculaciones con una banda narco. La lucha contra la droga en la provincia se desvirtuó en el último tiempo por obsecuencia y desarticulación

La Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba enfrenta una etapa de estancamiento que afecta su funcionamiento. (mpfcordoba.gob.ar)
La Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba enfrenta una etapa de estancamiento que afecta su funcionamiento. (mpfcordoba.gob.ar)

Después del escándalo que desembocó en la disolución del área de Drogas Peligrosas de la provincia de Córdoba, el gobierno de José Manuel de la Sota creó en 2015 la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Con un espíritu genuino de lucha contra el narcomenudeo, en poco tiempo obtuvo excelentes resultados y una proyección positiva. Sin embargo, en el último tiempo, principalmente a raíz de la detención de una de sus policías por supuesta comercialización de estupefacientes, la obra policial cordobesa se encuentra en una situación complicada y los especialistas observan que ingresó en un virtual estancamiento.

La noticia trascendió la semana pasada. Por orden del fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, Walter Gesino, la jefa de la FPA en esa ciudad quedó detenida junto a su pareja, también policía, acusada de integrar una banda que se dedica a la producción y venta de drogas.

La acusada, Jésica Peña, y su pareja, Luciano Andrada, tendrían una participación menor en una organización que se dedica al negocio ilegal de drogas. Según el diario La Voz del Interior, se sospecha que la banda podría estar vinculada a otras de mayor envergadura en ciudades más importantes, que serían proveedores.

El desvío policial, cuando se realiza de manera moderada, no se configura en corrupción estructural. Sin embargo, pone en jaque la credibilidad de la fuerza, al igual que la lógica de la moral y los valores que la deben atravesar. Para Laura Etcharren, socióloga, investigadora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo, Córdoba “no es la excepción”, con la particularidad que en la provincia la FPA había logrado capitalizar los motivos de su creación. Por lo menos en un comienzo.

Para que la FPA no tuviese un espectro político, el entonces gobernador De la Sota hizo que dependiese del Ministerio Público Fiscal. Más precisamente, del fiscal general, Alejandro Moyano, quien se puso al hombro su conducción. Lo logró, siempre según la especialista Etcharren, con grandes performances en el campo operativo, que incluyó el golpe contra el tristemente célebre Tuerto Cacho y su organización con vínculos internacionales.

Si bien en un comienzo la fuerza fue criticada por su estética y equipamiento sofisticado, a raíz de su trabajo contundente y sus buenos resultados logró que la provincia saliera de los cinco primeros puestos del PBI narco delictivo a nivel nacional a fines del 2018. Pero poco tiempo después la situación cambió.

Con la salida de Moyano del Ministerio Público Fiscal de Córdoba comenzaron a aparecer las internas dentro de la FPA. Sucede que él entendía que la fuerza necesitaba coordinar sus tareas con el Ministerio de Seguridad provincial y no ser una isla dentro del territorio. Y logró hacerlo, a pesar de ser un fiscal adjunto, con el trabajo del titular de la cartera, y estimuló un plan de seguridad ciudadana trazado por el gobernador Juan Schiaretti.

El tiempo acéfalo de la Fiscalía General no fue funcional a la seguridad en materia de narcomenudeo. La pandemia tampoco ayudó. La fuerza policial comenzó a perder la supremacía en las calles y la detención de capos narco revela que la reproducción de la comercialización de estupefacientes acompaña el proceso de estancamiento de la obra de De la Sota.

“Francisco Adrián Salcedo (ex jefe de la FPA) comenzó a viciarse en el ego y con su egolatría la fuerza se estancaba. Salcedo cometió, sin quererlo, el error del entorno obsecuente. Y sus aspiraciones de permanencia pasaron a estar por encima de la seguridad de los cordobeses al ir pasando a retiro, con aval de Ministerio Público Fiscal, sus imaginarias, aunque tal vez inevitables, sombras”, asegura Etcharren.

En la actualidad, la FPA se encuentra en el ojo de la tormenta por la detención de la Jefa de la brigada en Villa María. Una mujer que no estaba preparada para pasar de la operatividad a la investigación, como tampoco lo estaba su pareja (quien integraba la fuerza en Bell Ville), que también se encuentra detenida.

Por su geografía y arterias, Villa María, requería de otra conducción. Como resultado, el escándalo que ensucia a una fuerza donde predominan los buenos recursos humanos.

Casi sin generación de investigaciones propias y tapadas por denuncias, con un nuevo Fiscal General Juan Manuel Delgado, de buenas intenciones, la FPA es también rehén de quienes creyeron que se trataba de una unidad básica del delasotismo, alejándose de la realidad y de la vocación que De la Sota realmente le puso a la institución.

La fuerza se “creyó” Ministerio de Seguridad en la distorsión forjada por un sector adjunto de fiscal, y el Jefe Policial se “percibió” Ministro, según la interpretación que publicó Etcharren en la web donde analiza la problemática narco de la Argentina, en general, y de Córdoba, en particular.

“Hechos complejos que llevaron a Córdoba a volver a ser parte de los 5 primeros puestos del PBI narco delictivo nacional en el 2021. Pero la fuerza cuenta con recursos para retomar el sentido de una lucha que se desvirtuó por obsecuencia y desarticulación (...) la Fuerza Policial Antinarcotráfico, debe sumar esfuerzos para no pasar del estancamiento, al desperdicio. Desperdicio que hoy, bordea la cornisa”, concluyó la especialista.

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