
La distribución del gasto público condiciona la capacidad del Estado para destinar recursos a inversión, según planteó Carlos Acevedo, economista, durante una entrevista en La Tribu.
El analista expuso un cálculo propio sobre los ingresos que recibió el Gobierno entre 2020 y 2025 y la forma en que, según dijo, esos recursos fueron utilizados.
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Acevedo estimó que el Estado recibió alrededor de USD 49,000 millones en esos seis años. Aclaró que el cálculo no incluye los siete meses posteriores a la llegada de la actual administración en 2019 ni los ingresos correspondientes a 2026, que todavía no habían cerrado al momento de la entrevista.
Según el economista, el 42 % de esos ingresos se destinó al pago de salarios de empleados públicos. Añadió que el 21 % se utilizó para subsidios, el 18 % para cubrir intereses de la deuda y el 19 % para la compra de bienes y servicios.
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A partir de ese desglose, Acevedo sostuvo que los ingresos no han dejado margen para financiar inversión pública. “No ha quedado ni medio centavo partido por la mitad para inversión”, expresó al referirse a la distribución que calculó con base en registros del Banco Central de Reserva.
El economista señaló que, si el Estado busca financiar proyectos de inversión, debe recurrir al endeudamiento. También afirmó que las amortizaciones de deuda representan otra presión, porque no están incluidas en el porcentaje que atribuyó a salarios, subsidios, intereses y compras de bienes y servicios.

Acevedo calculó que el Gobierno ha adquirido cerca de USD 15,000 millones en deuda. Según su análisis, casi el 50 % de ese monto se habría utilizado para pagar amortizaciones de obligaciones previas. “Sí hay dinero, pero está ya hipotecado en su mayor parte”, afirmó.
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Inflación y posible aumento de la pobreza
Acevedo señaló que el último dato de inflación general que citó durante la entrevista era de 3.2 %. Comparó esa cifra con un promedio histórico de alrededor de 1 % antes de la crisis internacional a la que hizo referencia, aunque consideró que el dato general no refleja por completo la presión sobre los hogares.
El economista sostuvo que el aumento de los precios de los alimentos es mayor que la inflación promedio. “La inflación de los alimentos es casi el doble. Ya estamos hablando de una inflación del 6 %”, dijo al explicar que ese comportamiento incide en el costo de la canasta básica alimentaria.
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A juicio de Acevedo, el encarecimiento de los alimentos puede afectar con más fuerza a los hogares de menores ingresos. Por ello, consideró probable que la pobreza aumente cuando se conozca la medición del año, aunque aclaró que se trataba de una apreciación personal y no de una proyección oficial.
“Yo creo que cuando tengamos los datos de la pobreza este año, yo creo que va a subir”, manifestó. Durante la conversación se mencionó que la pobreza se ubicó en 22.5 % en el último dato disponible, correspondiente al año anterior.

Acevedo también se refirió a la pobreza extrema, que situó en 7.7 % con base en los últimos datos mencionados en la entrevista. Según explicó, ese indicador aumentó en 2020, cuando familias que estaban cerca de esa condición se vieron afectadas por la pandemia.
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El economista recordó que en 2019 se habían registrado mínimos tanto en pobreza como en pobreza extrema. Añadió que el indicador ha mostrado variaciones y descensos desde la pandemia, pero consideró que todavía hay más personas en pobreza extrema que antes de ese período.
El alcance desigual del crecimiento económico
El analista fue consultado sobre la coexistencia entre las proyecciones de crecimiento económico y la posibilidad de que la pobreza aumente. Acevedo respondió que el crecimiento no se distribuye de la misma forma entre todos los grupos de la población.
“Hay una estructura de distribución del ingreso y eso hace que cuando el crecimiento económico, cuando las tasas van subiendo, los beneficios también se reparten asimétricamente”, afirmó el economista durante la entrevista en La Tribu.
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Acevedo citó como ejemplo el crecimiento de la construcción. Señaló que los nuevos edificios y proyectos habitacionales requieren ingenieros, maestros de obra, albañiles y otros trabajadores, por lo que pueden abrir oportunidades de empleo para personas que antes no tenían ingresos.
También se refirió a las actividades económicas que se desarrollan alrededor de las obras, como la venta de comida para los trabajadores. Mencionó a pequeñas comerciantes, pupuseras y tortilleras como parte de los efectos indirectos que puede generar el movimiento de la construcción.
Sin embargo, Acevedo sostuvo que esos efectos no garantizan una distribución uniforme de los ingresos ni resuelven por sí solos las condiciones de pobreza. Según dijo, el reto se mantiene especialmente entre los hogares que se encuentran en pobreza extrema.
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