
El otro Laboratorio Área 51 no quedaba en medio del desierto de Nevada sino a pocos metros de la esquina de Ordóñez y Pola en Villa Lugano. Tampoco tenía supuestos marcianos congelados o secretos militares, pero tenía otra cosa. Era un local a la calle, un simple comercio. Pero también era, a su forma, un laboratorio, un signo del futuro que ya llegó para el hampa porteña.
La Dirección de Delitos Informáticos de la Superintendencia de Tecnología Informática y la Agencia Gubernamental de Control lo allanaron en las últimas semanas con una orden judicial. Su frente era sencillo, el de un servicio técnico en celulares, un rubro en alza en medio de la pandemia. Pero su ruta de insumos era el problema.
Le encontraron 43 teléfonos reportados como robados o adulterados, 138 partes como módulos o carcasas, 16 baterías. Su dueño terminó detenido. También encontraron una mesa de trabajo, con un microscopio electrónico con una interfaz para monitor valuado en más de 200 mil pesos además de herramientas de precisión como soldadoras, pistolas de calor.
Esa mesa de trabajo, para la Policía y la Justicia, es el núcleo de un desarmadero de teléfonos robados. No fue el único que se encontró: en lo que va del año, la Dirección de Delitos Informáticos encontró otros seis en Capital Federal, en barrios como Constitución, Lugano, Soldati, Once, Balvanera, el Bajo Flores. La División Delitos Tecnológicos de la PFA con la Dirección General de Lucha contra el Cibercrimen halló otros tres, uno de casualidad semanas atrás, mientras buscaban a un ciudadano boliviano acusado de violar a una menor en la Villa 1-11-14.
Absolutamente todos reproducen la lógica del Área 51: son un service legal, con propietarios que incluso suelen estar registrados en los rubros de telefonía y reparación de la AFIP, muestran hasta habilitaciones legales en sus puestos donde además se suelen vender accesorios, pero los repuestos que venden de marcas originales suelen ser robados. En el mismo local donde se repara se desguazan los teléfonos. Es como el circuito de los desarmaderos de autos, pero más sencillo todavía.
Así, un cliente llega para arreglar, por ejemplo, la pantalla o batería de un teléfono Android o un iPhone. El comerciante le ofrece al cliente dos vías: el repuesto genérico o el original. Pero el original viene de un celular robado recientemente, algo que el cliente, por lo general, no sabe. Una pantalla o batería de un teléfono de alta gama puede ser cotizada en más de 100 dólares, convertidos a pesos según la cotización del día del dólar blue.
El robo masivo de teléfonos y su venta ya no son una novedad: cíclicamente, la Policía de la Ciudad allana galerías en Once y Balvanera donde incauta de 300 a mil celulares por redada con varios detenidos de nacionalidad peruana. Sin embargo, el bloqueo de teléfonos dificultó el mercado de reventa, coinciden expertos e investigadores.
Así, el desguace entró en un auge a la par de la demanda por más service. La mecánica tiene sus pasos.

Primero, con una pistola de calor que puede costar poco más de dos mil pesos se elimina el sticker externo con el IMEI. Luego, el teléfono se desmonta en una mesa especial donde pueden trabajar cuatro técnicos a la vez. Las lupas similares a las de relojería son empleadas para cambios rápidos, pero el microscopio electrónico conectado a un monitor es la herramienta clave, el centro de la operación.
La rapidez también es clave: técnicos usualmente de nacionalidad venezolana en locales controlados por ciudadanos peruanos pueden desarmar un celular en 15 minutos. El trabajo rápido juega contra la víctima. Así, se anula cualquier chance de usar una aplicación de rastreo, ya que la señal muere. El célebre “Find My Iphone” no sirve de mucho.
Cada celular necesita una parte. Los repuestos desmantelados son guardados prolijamente en cajas inventariadas por celular y modelo, un nivel de prolijidad que desentona con los viejos desarmaderos de coches, cementerios de óxido y polvo. También se emplean otras máquinas de alto valor como equipos para remover y colocar las pantallas LCD, valuadas en 1.500 dólares cada una

Hay cuevas-service más ocupadas que otras. A comienzos del mes pasado en Nazca al 300, zona de Flores, tres personas fueron detenidas en el operativo bajo el Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas, entre ellas José Manuel Seguil Cabrera, una suerte de hombre de negocios de la comunidad peruana de 47 años, registrado en los rubros de venta de comida en la AFIP, junto a un joven colombiano y otra joven también peruana. Se encontraron 256 aparatos, 36 de ellos denunciados como robados o hurtados en el ENACOM, 25 módulos, 18 baterías, además de soldadoras, herramientas de precisión como destornilladores.
Investigadores revelaban lo que los operadores del taller les pagarían a rateros: 500 pesos apenas por un Samsung J2 Prime, un modelo barato que puede costar 10 mil pesos en el mercado de usados, apenas 2 mil por un Motorola que puede venderse a 10 veces más.
Sin embargo, la vena madre es la calle Corrientes al 2300. Esta semana, la PFA allanó por orden de la jueza Alejandra Provitola tres galerías de la cuadra con 14 detenidos sospechados de conformar una curiosa cooperativa de celulares robados donde intermediarios negociaban con arrebatadores para asegurar que todos los locales recibieran los aparatos, en vez de que uno o dos monopolizaran el comercio. Según testigos y víctimas, los rateros de Once llegan a estas galerías apenas roban un aparato, sin escalas.
En una de las galerías se encontró, al menos, un desarmadero.
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