Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

El equipo legal del contralor general de la República, Anel Flores, negó categóricamente que el funcionario haya irrumpido ilegalmente en las instalaciones de las fiscalías anticorrupción durante una diligencia relacionada con la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado.

Durante una conferencia de prensa, los abogados aseguraron que el ingreso de Flores y otros funcionarios de la Contraloría se realizó con autorización del personal del Ministerio Público y como parte de una actuación orientada a proteger los derechos de tres auditoras de la institución.

La investigación surgió luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de abril, cuando el contralor acudió junto a un grupo de funcionarios a las fiscalías anticorrupción mientras se desarrollaba una diligencia de ratificación de informes de auditoría vinculados al caso contra Carrizo.

El Ministerio Público, dirigido por el procurador general Luis Carlos Gómez Rudy, presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia tras considerar que pudo haberse producido una irrupción o interrupción indebida en una actuación judicial.

Sin embargo, la defensa de Flores sostiene que las funcionarias de la Contraloría manifestaron sentirse incómodas con el tono de las preguntas realizadas durante la diligencia y temían pasar de testigos a investigadas.

Según los abogados, las auditoras comunicaron esa preocupación a sus superiores y fue entonces cuando se tomó la decisión de que acudiera un equipo legal de la Contraloría para salvaguardar sus derechos constitucionales y legales.

“No hubo ningún tipo de irrupción, como se ha querido plantear”, insistió uno de los representantes legales del contralor.

El equipo legal explicó que, de acuerdo con los videos extraídos por el propio Ministerio Público, el grupo de la Contraloría fue guiado por personal de seguridad hacia el piso donde se realizaba la diligencia y posteriormente atendido por fiscales encargados del caso.

Según la defensa, las imágenes muestran que el contralor no ingresó sin permiso ni alteró la diligencia, sino que esperó ser atendido antes de entrar al despacho correspondiente.

Los abogados también cuestionaron el procedimiento utilizado por la Procuraduría durante la extracción y fijación de imágenes de las cámaras de seguridad internas del Ministerio Público y de videos difundidos en redes sociales. Argumentaron que Flores debió ser notificado previamente de esas diligencias por tratarse de un funcionario con fuero especial, cuya investigación corresponde al procurador y eventualmente al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la conferencia, la defensa señaló que en la audiencia de control posterior realizada el 8 de mayo hicieron reclamos por supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Aunque la diligencia fue finalmente legalizada, los abogados sostuvieron que dejaron sentadas las bases para futuras acciones legales relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos constitucionales.

La defensa insistió además en que el contralor mantiene un compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y la fiscalización de fondos públicos.

Según los abogados, Flores acudió a las fiscalías como jefe de la institución, luego de que las auditoras manifestaran sentirse bajo presión durante la diligencia judicial. “No pasó sin permiso y no hubo interrupción de la diligencia”, reiteró uno de los representantes legales al responder preguntas de periodistas.

La controversia ocurre en medio de tensiones crecientes entre la Contraloría y el Ministerio Público relacionadas con el alcance de auditorías y procesos de investigación. En semanas recientes, el presidente José Raúl Mulino pidió públicamente a ambas instituciones resolver sus diferencias.

Mientras avanza esta investigación, Flores enfrenta además otras denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación. El pasado 30 de abril, diputados de la bancada Vamos interpusieron una denuncia penal por presunta extralimitación de funciones y abuso de autoridad, relacionada con la suspensión de salarios de funcionarios de la Asamblea Nacional.

Días antes, trabajadores legislativos también presentaron acciones legales tras quedar en una especie de licencia sin sueldo que calificaron como arbitraria.

El equipo legal del contralor aseguró que Flores continuará colaborando con las autoridades y defendiendo la legalidad de sus actuaciones. Los abogados insistieron en que la investigación apenas se encuentra en una fase preliminar y recalcaron que hasta el momento no existe imputación formal contra el funcionario.

“No existe hecho punible alguno y confiamos en que la investigación así lo demostrará”, concluyó la defensa al cierre de la conferencia de prensa.