Comenzó el juicio por el caso Hope Funds, la mayor estafa de la historia argentina

Sentado solo, en una pequeña sala de la Unidad 31 de la cárcel de Ezeiza, lejos del glamour que supo cosechar en sus años de éxito, Enrique Blaksley Señorans comenzó hoy a ser juzgado por haber liderado una banda que llevó adelante la estafa financiera más importante de la historia argentina: lo acusan de haber armado un complejo entramado de sociedades encabezado por la firma que presidía, Hope Funds, en donde se prometía convertir en ricos a distintos ahorristas que entregaban sus pesos. Pero que según la Justicia federal, tras una investigación de la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Romilda Servini, ese dinero era desviado a distintos paraísos fiscales con propiedades en Miami y Panamá. El perjuicio alcanzó los 1.500 millones de pesos: más de 300 víctimas lo denunciaron en la Justicia.

Pero Blaksley, señalado como jefe de la organización, no es el único acusado ante el Tribunal Oral Federal 4. La imputación alcanzó a otras 15 personas: Federico Dolinkué -socio minoritario en Hope Funds y gerente administrativo-; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega. Pablo Andrés Willa también fue señalado como integrantes del núcleo jerárquico del grupo.

Willa, abogado de profesión, había declarado como arrepentido tras ser detenido y tras dos indagatorias. Fue el letrado original de Blaksley y los emprendimientos vinculados a Hope Funds tras conocer al empresario en 1998, un vínculo que duró 14 años. Fue señalado como una suerte de estratega, un cerebro, “el arquitecto jurídico del holding”, según razonó la jueza Servini. Hoy, a minutos del inicio del debate, Willa presentó un pedido, según confirmaron fuentes cercanas al proceso: según el texto, manifestó haber sido solo un abogado externo y ofreció dinero y el remate de un auto para compensar a las víctimas.

La fiscalía también acusó como miembros y participantes de las diversas maniobras de la banda a Rafael María De La Torre Urizar, Guillermo Müller, Esteban Casco, María Rita Blaksley Señorans, Alexis Dietl, Francisco Blaksley Señorans, Juan Pablo Blaksley, María Paola D’Angelo, Felipe Badino, Olga Susana Masdeut, Damián Gómez Cárdenas y Daniela Sarsa.

Sobre las 10 de la mañana, unos minutos después de lo agendado, el presidente del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel -que junto a sus colegas Jorge Gorini y Ricardo Basílico definirán el veredicto- paseó por un Zoom de tres pantallas para identificar a cada uno de los acusados, algunos de los cuales habían decidido presenciar el debate desde el despacho de sus abogados.

Como en todo juicio pandémico, la conexión de internet fue un punto de inflexión, cada vez que se iba el audio de alguno de los que intervenían. Hoy, la audiencia estuvo dedicada a la lectura de la acusación. Asociación ilícita, estafa, lavado de activos de origen delictivo e insolvencia fraudulenta. Las imputaciones fueron detalladas una por una durante más de tres horas.

La magnitud de la maniobra se sintió en el aire cuando por más de quince minutos la secretaria del tribunal leyó el nombre de cada una de las personas que se presentaron como víctimas de la organización. Cada uno de los acusados escuchó, casi distraídos, la cadencia monótona de la secretaria leyendo los nombres de cada uno de los 318 afectados.

Según la acusación, desde 2007 existió una “estructura criminal creada, organizada y liderada” por Enrique Juan Blaksley Señorans, en donde él se presentaba como un exitoso hombre de negocios y publicitaba los logros de su empresa Hope Funds S.A. en diversos eventos masivos, junto a ricos y famosos. De esta forma, consiguió con facilidad que una numerosa cantidad de personas confiara en él –y su firma-, entregándole sus ahorros. Exhibía supuestas vinculaciones con personas de renombre, con la participación de las empresas que forman parte de su conglomerado en diversos negocios reconocidos, como Hard Rock o Hertz, y la utilización de los propios mutuantes -a muchos de los cuales se les devolvieron, en un comienzo, las sumas de dinero para consolidar una falsa situación de confianza-.

La empresa utilizaba marcas reconocidas ajenas para generar credibilidad en los negocios, lo que en realidad no eran más que una pantalla para hacerse de fondos propios. Los gastos de marketing fueron presuntamente solventados por los ahorristas y no con fondos de la compañía.

La compleja red de sociedades utilizadas por la organización les permitió a los imputados insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con el fin de darle apariencia lícita, a través de 42 sociedades, 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior, desde Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Perú o Islas Vírgenes Británicas, hasta Indonesia, Marruecos o Singapur.

Pero en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hizo una presentación ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los funcionarios del ente recaudador detectaron, en 2013, graves inconsistencias en la justificación del origen del dinero utilizado por la firma investigada para realizar distintos negocios, tanto en el país como en el extranjero. Hope Funds -fundada en 1989- había aumentado de manera exponencial sus activos en solo dos años: en 2010 tenía 57 millones de pesos; en 2012, 400 millones.

Como en toda estafa piramidal, al principio, Hope Funds cumplió con el compromiso asumido en los contratos y de esa manera se ganó la confianza de sus clientes, quienes a su vez promocionaban a la empresa, sin saber lo que en verdad ocurría en ella y les acercaban nuevos interesados.

El juicio continuará el 4 de marzo por vía virtual, con audiencias cada jueves por medio. Después, comenzaran a circular los más de 300 testigos propuestos. Cuando termine el desfile de testimonios y se valoren otras pruebas, llegará el turno de la acusación. El fiscal Abel Córdoba será el encargado de llevar adelante la acusación.

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