El exministro de Hidrocarburos de Bolivia declaró ante la Fiscalía por la compra de crudo con presunto sobreprecio

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, se presentó este lunes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para declarar ante los fiscales como testigo, en una investigación de presunto sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A dos semanas de haber sido destituido del cargo en medio de conflictos irresueltos con el combustible, Medinaceli pasó una hora en dependencias policiales y al salir se negó a brindar declaraciones a los medios. “Como las investigaciones están en proceso, me reservo el derecho de opinar sobre cuáles son los casos en los que estoy como testigo”, explicó brevemente a los periodistas locales.

El caso fue presentado por el vicepresidente Edmand Lara luego de que el canal televisivo DTV revelara en febrero unos documentos sobre la compra de petróleo a la empresa Trafigura, firmados en diciembre de 2025, con presunto sobreprecio en relación con adquisiciones anteriores realizadas a la firma boliviana BoTrading.

Según la denuncia, YPFB pasó de pagar un precio de 9,10 dólares en 2024 a 20,88 dólares por barril en Pocitos (Argentina), y de 18,41 a 22,88 dólares por barril en Arica (Chile). Según declaró el vicepresidente Lara al presentar la denuncia ante la Fiscalía, “el sobreprecio de cuatro millones de dólares al mes, lo que significa que en estos tres meses el presidente de Yacimientos y sus cómplices le han robado al país 12 millones de dólares”.

En un comunicado difundido en febrero, YPFB calificó estas denuncias como “tendenciosas” y con el objetivo de “dañar la empresa más valiosa de Bolivia”.

Las investigaciones de este caso llevaron a las autoridades a allanar las oficinas de la estatal petrolera en La Paz y Santa Cruz para recolectar documentación que permita continuar con la investigación.

En ese marco, también fue convocado a declarar el expresidente de YPFB, Yussef Alky, acusado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, quien solicitó la reprogramación de su audiencia al encontrarse fuera del país.

Bolivia atraviesa desde hace tres años una serie de conflictos por el combustible, que iniciaron con escasez debido a las dificultades de importación durante el gobierno de Luis Arce (2020-2025) y derivaron en incertidumbre sobre su calidad en la actual gestión de Rodrigo Paz, tras una ola de denuncias de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que el gobierno admitió.

Adicionalmente, surgieron acusaciones de irregularidades en la adquisición de combustible; se detectaron redes de contrabando hacia países vecinos y organizaciones dedicadas al desvío de diésel para la minería ilegal, entre otras irregularidades.

En diciembre, la administración de Paz levantó el subsidio a los combustibles —una política vigente desde 1997 y que suponía uno de los mayores gastos públicos—, lo que se tradujo en el incremento del precio en el mercado, pero permitió asegurar el suministro.

Esta seguidilla de problemas que no terminan de resolverse estuvo acompañada de inestabilidad institucional: en cinco meses de Gobierno, Paz tuvo dos ministros de hidrocarburos, tres presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en busca de rumbo para reestructurar el sector, en medio de denuncias de “sabotaje” y corrupción.