Judicatura de Ecuador admitió que la custodia de una jueza asesinada no estaba operativa

El Consejo de la Judicatura de Ecuador reconoció que las medidas de protección asignadas a la jueza Lady Gissela Pachar Huanga no estaban operativas al momento en que fue asesinada en Machala, la capital de la provincia de El Oro, al sur de la Costa ecuatoriana, en un nuevo episodio de violencia que golpea a la Función Judicial.

La magistrada, de 41 años, se desempeñaba en la Unidad Judicial Penal del cantón Santa Rosa y había denunciado amenazas de muerte desde 2025, razón por la cual se le asignó custodia policial. Sin embargo, el organismo encargado de la administración de justicia confirmó que esa protección no funcionaba cuando fue interceptada por sicarios la tarde del lunes 11 de mayo de 2026.

En un comunicado oficial, el Consejo de la Judicatura expresó su “profundo pesar” por el asesinato y señaló que, pese a que la jueza contaba con medidas de resguardo, “esas condiciones de protección no se encontraban operativas al momento en que ocurrió el atentado”. El organismo agregó que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El crimen ocurrió cerca de las 18:00 en la avenida Colón Tinoco, en el sur de Machala, a pocos metros de la vivienda de la jueza. Según los primeros reportes, Pachar conducía su vehículo cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon repetidamente contra el lado del conductor. La magistrada murió en el lugar.

El comandante de Policía de la Zona 7, general Renato González, explicó a Ecuavisa que la jueza tenía un nivel de riesgo “medio”, lo que implicaba custodia policial. Uno de los agentes asignados se encontraba en Quito cumpliendo una capacitación, mientras que el segundo debía estar de servicio, pero no acompañaba a la funcionaria al momento del ataque.

“La jueza tenía protección tanto del sistema de víctimas y testigos como de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional”, indicó González. Añadió que las autoridades intentan establecer por qué el agente encargado de la custodia no estaba con ella cuando ocurrió el atentado.

La ausencia del escolta ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad para jueces que conocen causas sensibles en provincias afectadas por el crimen organizado. El Oro es una de las jurisdicciones más golpeadas por la violencia en Ecuador, debido a su cercanía con la frontera con Perú y a la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Aunque las autoridades no han informado si el asesinato está relacionado con decisiones judiciales adoptadas por Pachar, el hecho se produce en un contexto de creciente presión contra operadores de justicia. En los últimos años, fiscales, jueces y funcionarios judiciales han denunciado amenazas derivadas de procesos contra bandas criminales.

El asesinato de la magistrada provocó reacciones de preocupación en el sistema judicial. El Consejo de la Judicatura sostuvo que la independencia de la justicia requiere garantías efectivas para quienes administran justicia y exhortó a que el crimen sea esclarecido con celeridad. La Policía y la Fiscalía levantaron indicios balísticos y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta la mañana del 12 de mayo no se habían reportado detenciones.

El caso reabre el debate sobre la capacidad del Estado ecuatoriano para proteger a jueces, fiscales y otros funcionarios que enfrentan amenazas en el ejercicio de sus funciones. La admisión del propio Consejo de la Judicatura de que la custodia de Lady Pachar no estaba operativa ha intensificado las preguntas sobre posibles fallas institucionales y eventuales responsabilidades administrativas o penales.

La muerte de la jueza ocurre en medio del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, una estrategia con la que el Gobierno busca contener a las organizaciones criminales que han incrementado su influencia en varias provincias del país.

Estados Unidos ha respaldado esa política de seguridad y ha mantenido una estrecha cooperación con Ecuador en temas de lucha contra el narcotráfico, asistencia militar y fortalecimiento institucional. Sin embargo, el asesinato de una jueza que ya había denunciado amenazas refleja los desafíos persistentes para garantizar la seguridad de quienes integran el sistema de justicia ecuatoriano.