Siete personas, entre civiles y policías, fueron imputadas ayer en Rosario como miembros de una asociación ilícita dedicada desde hace dos años a la usurpación y venta fraudulenta de inmuebles. Todo quedó al descubierto tras una balacera en la que hirieron a una niña.
El que sería el jefe de la organización, un falso corredor inmobiliario llamado Miguel Ángel Herrera, permanece prófugo, y entre los imputados con prisión preventiva hay un abogado acusado de otorgar apariencia de legalidad a las transacciones ilícitas.
También tres policías del Departamento Operativo de Investigaciones Especiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron imputados por presuntas extorsiones a los miembros de la banda a cambio de 200 mil pesos para no investigarlos.
Según la pesquisa de los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébola, la banda inició su actividad al menos en diciembre de 2018. “Dicha organización detectaba inmuebles usurpados o usurpables para luego ocuparlos con personas de esta estructura y falsificar los instrumentos públicos o privados para simular su legitimidad en las posesiones de hecho y así comercializarlos, ofreciéndolos para la venta por diversos canales”, detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre el modus operandi.
Las casas que ocupaban para luego vender eran ofrecidas en redes sociales, como por ejemplo en la página de Facebook denominada “Cirujeando”. Allí se observan publicaciones de varios usuarios distintos y en diversas fechas, exhibiendo fotos de terrenos como propios, sin entregar demasiados datos precisos acerca de la propiedad. Solo proponen continuar con la conversación “por privado”, usando el chat de la plataforma.
La investigación se inició el 10 de septiembre del año pasado, luego de una balacera al frente de una vivienda de Fraga al 700 bis. Una niña de 8 años resultó herida y sus padres declararon ante la Policía que habían adquirido la casa a un hombre llamado Miguel Ángel; habían pagado 1,4 millón de pesos por la vivienda, que estaba usurpada.
Los investigadores siguieron esa huella y se encontraron con una decena de casos similares y los mismos actores: Herrera como corredor inmobiliario –sin título habilitante- y el abogado Pedro Juan Chía, en cuyo estudio ubicado frente al edificio de Tribunales de Rosario se firmaban los papeles, describieron los voceros del caso.
El abogado fue acusado de “haber formado parte de una organización dedicada a la realización de hechos de amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privados y estafas” en seis casos; mientras que Maximiliano García, otro de los imputados, “tenía el rol de detectar las casas y usurparlas” para luego ofrecérselas a Herrera, “quien las ponía a la venta”, de acuerdo a la acusación.
En medio de las averiguaciones, los fiscales descubrieron que tres policías de la AIC, Sergio Bustamente, Alberto Rodríguez y Víctor Maldonado, que intervinieron en el caso de la balacera al frente de la vivienda, les pasaban datos de la investigación a los cabecillas de la banda y le habían pedido 200 mil pesos para continuar con esa operatoria. Fueron imputados por incumplimientos de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica en instrumento público, violación de secreto oficial y extorsión, precisaron las fuentes.
Por otra parte, otros dos miembros civiles de la organización fueron imputados pero quedaron en libertad, al ser señalados por una participación menor en la asociación.
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