
La profunda conmoción que causó el femicidio de Paola Tacacho, en San Miguel de Tucumán, no se explica solamente por la brutalidad de su asesino, Mauricio Parada Parejas, el ex alumno suyo que la acosó durante cinco años y que el viernes por la noche la siguió, la mató de al menos seis puñaladas y se suicidó. El estupor fue aún mayor cuando se supo que Paola había denunciado más de una decena de veces a su agresor y que la Justicia tucumana había hecho sistemáticamente oídos sordos a sus advertencias y pedidos de ayuda.
Este martes, la Legislatura de Tucumán recibió dos pedidos de juicio político para que se investigue el accionar del juez Francisco Pisa, que intervino en una de las denuncias que la docente realizó y que, según apuntan sus denunciantes, no adoptó las medidas para proteger a la víctima. Pero el juez Pisa también está en la mira hacia el interior del poder judicial: la Corte Suprema de Justicia provincial ordenó ayer una auditoría urgente para analizar el accionar del magistrado, que en 2017 sobreseyó al asesino y archivó la causa en su contra.

“Quizás estamos a tiempo de evitar otro femicidio por la desidia de este juez, que es una vergüenza para los tucumanos”, sostuvo el legislador José María Canelada (UCR), que presentó uno de los pedidos de jury contra Pisa quien, según él, “debió dictar sentencia de manera rápida, con perspectiva de género, contemplando que había una mujer que venía denunciando acoso y amenazas desde hacía años”. “Sin embargo, Pisa se tomó nueve meses para resolver un tema urgente y archivó la causa, sobreseyendo al acosador”, agregó.
El segundo pedido de juicio político fue presentado hoy por la organización defensora de los derechos de las mujeres Mumalá. “Este juez no escuchó a Paola cuando el femicida violó una perimetral de manera constante, y eso ya es un delito”, señalaron voceras de la organización, que sostuvieron que “no se tuvieron en cuenta las leyes de protección que nos amparan porque, cuando una mujer realiza una denuncia, hay que actuar de manera inmediata”.

En simultáneo, la presidenta de la Corte Suprema tucumana, Claudia Sbdar, ordenó una auditoría “urgente” para analizar las denuncias de la joven profesora salteña que dictó clases a su asesino en la carrera de traductorado de inglés en el Colegio Mark Twain de la capital provincial durante los primeros meses de 2015. “La verdad no me acuerdo mucho si pasó algo específico de por qué dejó. Pero se enojó mucho cuando Paola le puso una ‘mala nota’. Y por mala nota me refiero a un 8,50. Me acuerdo de eso porque estábamos sorprendidas de la reacción por esa nota”, contó a Infobae Áilean Fratkin, una ex alumna de Paola y excompañera de Parada.
La docente había realizado al menos 13 denuncias en el fuero Penal, una en el fuero civil por daños y perjuicios y obtuvo una denegación de atención de su caso en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, según informaron fuentes de la investigación a la agencia Télam.
Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una habría llegado a pedido de elevación a juicio, pero el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa.

“La Justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que ella realizó y las denuncias que realizamos con nuestra madre y mis primas, a las cuales también acosaba vía redes”, sostuvo Ana, una hermana de Paola, en una carta difundida este domingo. En el escrito la mujer sostuvo que Parada Parejas “tenía vínculos con la política” local, que por eso “nunca lo encerraron” y que el femicida “nunca respetó las perimetrales” dispuestas a favor de Paola. Este lunes, familiares y amigos de la docente realizaron una movilización frente a la Casa de Gobierno provincial en reclamo de justicia. Belén, una prima de la víctima, declaró que a Paola “el Estado la desprotegió y desamparó”.
En un audio difundido ayer por la periodista tucumana Mariana Romero, se escucha cómo ella misma se refería al acoso de quien finalmente fue su asesino. En ese mensaje, Paola se queja también de que su acosador tenía acceso irrestricto a sus datos personales a través de la Justicia. “Todas las veces que hice denuncias me pedían datos y a veces recibía llamadas de números de acá, obviamente privados, atendía y se quedaban mudos”, se escucha en el audio. “Cuando ellos van y le muestran la denuncia, porque él va con el abogado, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfonos o el mail, porque son datos que me pedían cuando estaba tramitando todo por ahí en su momento”, se lamentaba.
“Me quiero sentir por fuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido”, decía en esa oportunidad también la joven de 32 años asesinada. “Sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan, me arruinan el día”.
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