Un grupo de al menos 45 internos de una comisaría en la localidad bonaerense de Florencio Varela mantuvieron este domingo por la noche de rehén a un efectivo policial, como parte de un reclamo para que sean trasladados a una cárcel debido a la gran superpoblación del lugar. Tras varias horas de negociaciones, los internos cerca de la media noche liberaron al policía.
El motín se produjo ayer por la tarde, en la comisaría 4ta ubicada en la calle Diagonal Los Poetas al 300. Las fuentes señalaron a Télam que todo comenzó cuando un recluso se descompensó y fue retirado del lugar por un oficial de servicio para ser trasladado a un hospital de la zona para su atención. Minutos después, otros presos comenzaron a gritar, por lo que el oficial de servicio, junto a un compañero, se acercó a ver lo que sucedía y fue tomado de rehén por los detenidos en la celda 3.
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Luego, otro agente policial procedió a cerrar las puertas para evitar la fuga de los reclusos, añadieron las fuentes. El fiscal de turno, Darío Provisionato, titular de la UFI N°1 de Florencio Varela, se hizo presente en la comisaría e inició el diálogo con los presos. Los presos solicitaron que “sus causas se activen y sean traslados a unidad carcelaria ya que, los calabozos se encuentran superpoblados”, aseguraron las fuentes. En tanto, el policía que fue tomado de rehén terminó ileso.

Otro de los testigos señaló que la comisaría posee una capacidad para alojar a 18 detenidos y al momento había al menos 45 presos. En el lugar se hicieron presentes el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), personal del comando de patrullas, bomberos y el Grupo Táctico Operativo (GOT).
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Momentos antes de que arriban los distintos grupos tácticos a la comisaría, los detenidos se filmaron en sus celulares y expresaron su reclamo en medio del violento motín. “Queremos que baje el juez y fiscal, derechos humanos. Queremos a todos acá en la puerta sino se pudre”, expresaron los presos. Uno de ellos con un barbijo y con la clásica faca tumbera apuntando a la cámara: “Acá esta re bardeando la policía no nos dan los medicamentos. Hasta que no bajen los medios no aflojamos”.
“Los negociadores del grupo Halcón llegaron a un acuerdo con los internos, para lograr que liberen al efectivo El hombre se encuentra bien. Lo tuvieron sentado ahí con ellos dentro del calabozo, amenazado con facas", relató una fuente de la investigación a Infobae.
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De este modo, los detenidos exigieron ser enviados a los penales correspondientes, por las condiciones en que se encuentra la comisaría. Además, pidieron que los funcionarios judiciales que llevan adelante sus causas intervengan en los próximas horas, ya que dicen que sus expedientes están frenados. “Ahora enviaremos una nota a cada fiscal y juez para ver cómo podemos avanzar. Porque ninguna de las personas que se encuentra lidiando este conflicto puede concretar ese pedido, salvo los magistrados que los tienen a su cargo”, detalló un investigador en plena negociación. Según sostuvieron a este medio, los funcionarios que intervinieron consiguieron trasladar a detenidos a otros penales para descomprimir la situación y así llegaron a un acuerdo que dio por finalizado el conflicto que duró cerca de seis horas.

Una vez que se conoció el primer preso con COVID-19, el miedo a que el virus entre a los penales se esparció entre los detenidos. Luego, una serie de motines en La Plata y Florencio Varela, primero, que produjeron escenas dantescas viralizadas por WhatsApp y hasta un detenido murió a tiros con una penitenciaría acusada.
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Sin embargo, el punto culmine fue el violento motín en el penal de Villa Devoto el 24 de abril pasado. Los presos se adueñaron de los techos de la cárcel con arpones y mantas, reclamando que no querían morir allí dentro infectados. El hecho ocurrió cinco días después del resultado positivo de Arakaki, hoy recuperado.
A las pocas horas, el conflicto se zanjó y comenzaron una serie de mesas de diálogo entre los convictos y distintos funcionarios. Pero el miedo continuó y los contagios se multiplicaron dentro de las cárceles y comisarías.
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Así lo marcó el último informe realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) Según el estudio, en el país hay 130 presos que se contagiaron COVID-19 en contexto de encierro. El informe divide los lugares de detención en dos: unidades penitenciarias y comisarías. En el primero hay 66 y en el segundo 64.
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