La Justicia le donó a Madres del Dolor el dinero de la subasta de 10 kilos de oro secuestrados por la Policía Federal

La Justicia le donó a la organización Madres del Dolor parte del dinero recaudado a través de la subasta de 10 kilos de oro secuestrados por la Policía Federal hace 19 años, en una causa en la que la investigación nunca encontró a los dueños del metal. La decisión la tomó el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, y contó con el aval del fiscal de la causa, Pablo Recchini, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1.

Mediante su resolución, el magistrado dispuso repartir el resto del dinero obtenido entre la asociación civil María del Rosario de San Nicolás, que trabaja desde 1993 con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y dos organismos judiciales: la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal (MPF), y la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Así, en concepto de reparación de las víctimas, tanto ambas ONG como las entidades judiciales recibieron cada una 14.000 dólares, producto de la venta en julio pasado de los 9,780 kilogramos de oro de 18 quilates y los 76,5 gramos de oro 14 quilates. Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, dijo a la agencia Télam que su asociación “no tiene subsidios y sólo contamos con donaciones de personas particulares” y que en sus 16 años de existencia nunca les habían donado semejante aporte, por lo cual se manifestó agradecida con el juez Sánchez Sarmiento.

El metal subastado fue secuestrado en enero de 2011. En aquella ocasión, un cabo de la Policía Federal observó en el barrio porteño de Mataderos a dos hombres que estaban por subirse a un taxi con una bolsa de mercado en sus manos. El efectivo pensó que podría tratarse de un asalto, por lo que detuvo el vehículo en la esquina de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Larrazábal. Al revisar la bolsa que llevaban los pasajeros encontró una gran cantidad de piezas doradas: eran medallas, anillos, mallas para relojes y pulseras, entre otras piezas.

Los sospechosos no pudieron acreditar su tenencia y, además, al momento de ser identificados dieron identidades falsas. Inicialmente, la causa se tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 6, luego pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 10 y terminó -por conexidad- en el Juzgado Nº 44.

Los hombres que tenían el oro en su poder finalmente terminaron sobreseídos. La investigación no pudo probar que su conducta pudiera encuadrarse en el delito de apropiación indebida de cosa perdida. Tampoco se pudo probar que el metal haya sido robado y no se identificó a eventuales damnificados. Nadie reclamó por los objetos.

Sánchez Sarmiento cuestionó las demoras de la investigación desde un principio y resaltó que por el tiempo transcurrido hoy resulta prácticamente imposible individualizar a los propietarios. “Las piezas de oro no aportan mucho” para ello, aseguró.

El magistrado sostuvo que “no hay duda de que existe una obligación de reparar a las víctimas de los delitos y que recae en el Estado a través de los órganos de la justicia poder esclarecer los hechos sometidos a su jurisdicción, como así también ubicar a las víctimas para restituirles sus pertenencias. Es lógico que si el Estado hizo todos los esfuerzos pero aquellos fueron infructuosos, el dinero producto de la venta de los bienes ingrese en su totalidad en las arcas del Poder Judicial de la Nación, para así poder continuar financiando el servicio de justicia. Pero ello no ocurrió en este caso”.

En este contexto y en el marco de las leyes 20.785 sobre Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y la 20.785 sobre Bienes Objeto de Secuestro en Causas Penales, Sánchez Sarmiento resolvió que correspondía otorgarles dinero en concepto de reparación del daño causado a las víctimas no individualizadas en la causa a las asociaciones civiles vinculadas con esta temática, así como a la DATIP, que brinda asistencia a cientos de investigaciones criminales en el país, y a la Secretería de la Cámara de Apelaciones, que se encarga de la infraestructura edilicia donde transitan damnificados.

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