Este miércoles por la mañana, la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control allanaron bajo las ordenes del juez Sebastián Casanello, que subroga el Juzgado Federal N° 12, la galería Malena en la calle Corrientes al 2100, según confirmaron fuentes de la causa a Infobae.
¿El delito? Violar la ley de telecomunicaciones al vender celulares robados: 1.123 aparatos y 245 baterías fueron secuestradas, con ocho personas imputadas, entre ellas cuatro de nacionalidad peruana y dos de nacionalidad argentina, junto a una mujer cubana, Z.E, de 28 años, la única que quedó detenida.
Se encontraron 14 locales que funcionaban en esa galería: al comenzar la inspección, se determinó que varios de esos aparatos figuraban como robados o hurtados en la lista del ENACOM. Al llegar los policías, dos de los imputados comenzaron a correr, cargando varios teléfonos. Fueron interceptados: los teléfonos que llevaban habían sido denunciados también.
Así, con este nuevo procedimiento, la Policía de la Ciudad acumula más de 1.700 aparatos incautados en una semana.
En una serie de redadas bajo las directivas del Juzgado Federal N° 11 subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi, la Policía de la Ciudad y la AGC allanaron el viernes 25 de septiembre dos galerías en Balvanera y Once.
El primer procedimiento ocurrió en la galería Sarmiento II en Sarmiento al 2800 de Balvanera. Cayeron ocho imputados, hombres y mujeres de nacionalidad peruana y venezolana. Allí, la Policía de la Ciudad encontró el lote principal: 445 teléfonos, 34 chips, 268 baterías, 6.300 dólares y 52 mil pesos.
El lugar era básicamente un shopping de teléfonos de dudoso origen: ocho locales se dedicaban a venderlos. Los aparatos se vendían no solo en locales que eran explícitamente de teléfonos, sino que también se ofrecían en locales de comida que desafiaban una orden de clausura y sus comensales no respetaban la distancia mínima para prevenir el contagio de coronavirus. Varios de los aparatos integraban la lista negra del ENACOM, marcados como robados o hurtados.
El tarifario, por otra parte, tenía precios de base como 35 mil a 50 mil pesos por un iPhone, un cuarto de su precio en un local legal.
A mediados del mes pasado, la fuerza porteña allanó el restaurante Manos Criollas en Junín al 300, luego de recibir el dato de una reunión de supuestos pungas especializados en robar teléfonos. Entre ellos estaba Freddy Contreras Chuqui, oriundo de Lima, con un pedido de captura internacional todavía vigente y una condena por robar aparatos en subtes porteños junto a un cómplice acusado de violencia de género.
El robo de celulares en la Capital Federal, por otra parte, siempre supuso cierta cohesión organizativa, entre los arrebatadores y los “bolseros” que compran teléfonos al por mayor para alimentar el mercado negro de locales semi-clandestinos en galerías que ofrecen aparatos con su software lavado a nuevo.
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