Sextorsión desde la cárcel: presos de Chubut se hacían pasar por fiscales para robarle hasta 200 mil pesos a sus víctimas

Al menos 100 personas de todo el país, y hasta ciudadanos de Chile fueron engañadas y chantajeadas por un grupo de detenidos del Instituto Penitenciario N°3 que realizaban hasta 15 estafas por día con el chat de WhatsApp como herramienta

El allanamiento al Instituto Penitenciario Provincial de Chubut


Los casos de extorsiones online vienen en aumento constante desde el año 2016. Según datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), desde que comenzó la cuarentena y hasta el 1 de julio se denunciaron 117 hechos en todo el país, lo que en la comparativa con los registros del mismo periodo el año pasado significa un crecimiento del 32%.

Entre esas estadísticas figuran extorsiones con distintos tipos de modalidad. Algunas bastantes particulares y llamativas, como las que llevaban a cabo presos de Chubut, que utilizando los nombres de conocidos abogados penalistas, jueces y fiscales generales de la provincia, concretaron engaños y chantajes en los que cayeron al menos un centenar de víctimas.

Puntualmente, los encargados de llevar adelante las maniobras delictivas eran internos del Instituto Penitenciario Provincial, que se encuentra ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 3, entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal chubutense a Infobae.

Lo que hacían los detenidos era pedir suculentos depósitos de dinero a cambio de no difundir imágenes íntimas, una modalidad de cibercrimen conocida como sextorsión. Primero captaban a sus víctimas, en general hombres mayores, mediante un método clásico: a través de perfiles falsos de Facebook se hacían pasar por mujeres jóvenes, a veces adolescentes, y se contactaban con ellos.

Luego, el objetivo era establecer una relación, un plan a largo plazo. Los presos les pedían a las víctimas sus números de celulares para continuar las charlas por WhatsApp. Después, entre mensaje y mensaje, las conversaciones de seducción que mantenían iban subiendo de tono hasta pasar al intercambio de fotos de alto nivel erótico.

A partir de eso, comenzaban las intimidaciones y exigencias para lograr la transferencia de distintos montos de dinero. En algunos casos, los extorsionadores continuaban simulando ser chicas menores de edad y les hacían creer a sus víctimas que sus padres habían descubierto el contenido de los chats y que en medio de esa situación debían depositarles en cuentas bancarias sumas de entre 100 y 200 mil pesos.

En otros casos, los reos cambiaban de estrategia y se hacían pasar por representantes del Poder Judicial chubutense o abogados. Así, las víctimas recibían en sus teléfonos mensajes de supuestamente los fiscales generales Osvaldo Heiber, Alex Williams o Adrián Cabral, los defensores penalistas Fabián Gabalachis y Martín Castro o el juez Daniel Yanguela.

El Instituto Penitenciario Provincial desde donde se concretaban las estafas telefónicas
El Instituto Penitenciario Provincial desde donde se concretaban las estafas telefónicas

Claro que en ningún caso se trataba de alguno de ellos. Pero las víctimas no lo sabían y los extorsionadores les exigían cantidades similares de dinero a cambio de no publicar en redes sociales las imágenes íntimas que les habían enviado.

Si los estafados se negaban, para presionarlos los amenazaban con falsas órdenes de detención, “de modo que es bastante más grave, mucho más cuando el Código Penal sólo sanciona con una pena mínima de cinco años a esta modalidad de extorsión cuando se hace simulando una orden de autoridad pública”, dijo el fiscal general Fernando Rivarola, que junto al Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, brindó detalles de la forma en que operaba la banda delictiva.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal chubutense, los detenidos así realizaban aproximadamente quince estafas por día a personas de todo el país y hasta a ciudadanos de Chile.

“Tenemos varías víctimas de nuestra provincia, un núcleo de víctimas en Corrientes, en Gran Buenos Aires y ayer dos nuevas en Río Turbio”, dijo Rivarola. Y agregó: Hasta el momento hemos detectado un centenar de víctimas, con montos de 100 a 200 mil pesos cada uno. Estamos hablando de cifras millonarias. Por supuesto que entendemos que es una asociación ilícita”.

La investigación comenzó hace un mes y medio y está a cargo de la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, creada este año por el procurador general Jorge Miquelarena. Muchas de los damnificados no se animaron a realizar las denuncias y la situación por la que estaban atravesando. Sus casos se conocieron a partir de unas pocas víctimas que sí decidieron hacerlo.

Ayer por la mañana, 250 efectivos de la Policía provincial allanaron el Instituto Penitenciario Provincial. Coordinados por la Brigada de Investigaciones de Rawson, irrumpieron sorpresivamente en cada uno de los poco más de 130 calabozos en los que dormían los detenidos, en general con condenas firmes.

En las celdas se secuestraron más de 40 celulares y 120 chips. También se llevaron los teléfonos del personal de custodia. Los dispositivos serán peritados. Se aguardan los resultados para avanzar con la investigación.

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