La Suprema Corte bonaerense analizará la prisión domiciliaria de un miembro de la banda del ex juez Melazo

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires aceptó revisar la prisión domiciliaria que se le concedió, en medio del coronavirus, a Enrique Petrullo, sindicado como un operador judicial de la banda por la que está preso el ex juez Cesar Melazo.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la Suprema Corte de Justicia declaró este lunes admisible recurso de queja que había interpuesto la Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, Alejandra Marcela Moretti. Allí se cuestionaba el arresto domiciliario de Enrique Petrullo que se le había concedido en base a la declaración del médico personal del imputado.

Es que Petrullo había presentado un habeas corpus en medio de la pandemia por COVID-19. Su médico explicó que el imputado era una "persona de alto riesgo sanitario atento a sus antecedentes". Habló de un cuadro de tos, un nódulo pulmonar, antecedentes familiares de cáncer de colon. No hubo un informe médico oficial.

El habeas corpus fue concedido por el juez Victor Violini, en una resolución individual, y no formó parte del planteo colectivo que también el máximo tribunal penal de la la provincia ordenó “reencauzar”. La posibilidad de Petrullo de salir de la cárcel fue leída, en circulos judiciales, como la antesala de lo que, suponían, sería tambien el arresto domiciliario de Melazo. Sin embargo, al ex juez le negaron ese beneficio.

Melazo está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales. Precisamente, el caso había sido elevado a juicio a inicios de este año. Petrullo es uno de las personas ligada a esta banda. Pero no es en la única causa que aparece. También había sido mencionado como el nexo entre el suspendido juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Martín Ordoqui y una mujer que, como arrepentida, declaró haberle entregado al magistrado 30 mil pesos en un bar platense.

En su resolución, Violini hizo lugar al habeas corpus a favor de Petrullo y remitió las actuaciones a la instancia a efectos de que instrumentara su arresto domiciliario durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo nacional. Frente a eso, la fiscal Moretti interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Se lo negaron y por eso fue en queja.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia concedió el recurso. Y si bien se señaló que la Corte tiene dicho que la decisión que morigera los efectos de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en principio no provoca un agravio que requiera tutela judicial inmediata, en este caso se han invocado motivos de excepción que permiten apartarse de tal criterio.

En ese sentido, se tuvo en cuenta los argumentos de “arbitrariedad y la afectación del debido proceso legal, los principios de razonabilidad y de correcta administración de justicia” de lo que habló la fiscal, con el fin de analizarlos. La funcionaria aseguró que se había “desnaturalizado” la acción de habeas corpus. Por eso, la Corte decidió pedir el expediente al Tribunal de Casación para revisar la prisión domiciliaria concedida.

A Petrullo se lo conoce como un operador judicial en los tribunales de la ciudad de La Plata. Esta procesado junto a Melazo, el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn; y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli. En la causa conocida como “la banda del juez” también están imputados Javier Ronco, Ángel Custodio “Pipi” Yalet, Adrián “Quichua” Manes, Carlos Bertoni, Carlos “Macha” Barroso Luna, Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia, Héctor “Pepe” Vega, el ex barrabrava de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; el ex jefe de la barra de Estudiantes Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera y Claudia Edith Giunta.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”. “Algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”, dijo la fiscal. Melazo, en tanto, fue acusado de darle protección judicial a la banda.