El ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, Juan José López Desimoni, confirmó esta tarde que el recluso asesinado ayer durante un motín en la Unidad Penal N°1 de la capital provincial murió por un disparo de bala y no por una herida de cuchillo, como se informó en un primer momento.
En el enfrentamiento, otros 14 reclusos resultaron heridos. Sin embargo, la noticia más relevante es la confirmación de que José Candía, de 22 años, quien estaba cumpliendo una condena de seis años de prisión por el delito de “robo agravado”, fue asesinado por el arma de un efectivo de las fuerzas de seguridad.
En un principio, López Desimoni había asegurado que la muerte de Candía había sido producto de una pelea entre internos del penal. Eso cambió tras conocer el resultado de la autopsia: el funcionario se retractó y afirmó que la bala que mató al preso había salido de un arma de las fuerzas de seguridad y que “la información es contundente”.
Apenas se conoció la muerte del interno, las organizaciones de derechos humanos aseguraron que el hecho no se había tratado "de un motín ni de un enfrentamiento entre internos” y que el deceso fue consecuencia de “la represión estatal”. Gastón Robineau, fiscal a cargo del hecho, solicitó una serie de peritajes respecto al caso para intentar individualizar al efectivo que realizó el disparo, entre ellos un peritaje balístico en todas las armas secuestradas.
“Se descarta que la muerte haya sido por una reyerta entre internos, es una ampliación del informe preliminar, hay una información nueva muy contundente”, indicó López Desimoni sobre la pericia legal, tras lo cual aseguró que se van a determinar “las responsabilidades administrativas” en torno al caso y que se va a "investigar hasta la últimas consecuencias, por qué razón y cómo se produjeron esos disparos”.
En tanto, el presidente del Comité contra la Tortura, Ramón Leguizamón, había adelantado en declaraciones a Télam antes de los resultados de la autopsia que el fallecimiento del recluso fue “producto de la represión”. La unidad donde se produjo el enfrentamiento está ubicado en avenida 3 de Abril, entre las calles Borgatti y Don Bosco, del barrio Cambá Cuá de la capital correntina, donde se alojan 670 presos, pese a que la capacidad es de 470 internos.
Luego de conocerse la versión oficial sobre el enfrentamiento entre internos, las organizaciones de derechos humanos expresaron hoy sus cuestionamientos y en un documento público exigieron “una investigación objetiva y a fondo”. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, cuando se registró una serie de incidentes que culminaron con el fallecimiento de un interno y 14 heridos, entre ellos dos integrantes del Servicio Penitenciario correntino.
“Mi hijo estaba hace tres años detenido por el robo de un celular a una vecina”, relató a Radio Dos Érica Maura, la madre del joven asesinado, quien agregó que su hijo tenía problemas de adicción y había sido internado por eso. La mujer también explicó que su hijo no había tenido “problemas en la cárcel” y que “estaba haciendo la escuela y trabajando".
Por otra parte, Maura afirmó que hay un video donde se ve cómo su hijo se estaba enfrentando con la policía y descartó una pelea con otros presos: “Mi hijo estaba pagando por lo que hizo”, se lamentó la mujer, quien pidió justicia.
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