La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto la declaración de lesividad con la que el Ministerio Público (MP), bajo la gestión de la entonces fiscal general Consuelo Porras, buscó anular la compra de un inmueble en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala por Q35 millones, equivalentes a unos USD 4.58 millones.
La resolución acogió las excepciones promovidas por Bertram S. A., la empresa que vendió el Edificio Gerencial Asunción, y rechazó la demanda con la que el MP pretendía dejar sin validez el contrato de compraventa.
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El inmueble está ubicado en la diagonal 14, 21-32, colonia Arrivillaga, zona 5 capitalina. La adquisición se concretó en octubre de 2017, durante la administración de la exfiscal general Thelma Aldana, quien trabajó de la mano con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que ahora se encuentra en el exilio argumentando una persecución penal en su contra.
La Sala cuestionó el procedimiento aplicado por el MP
Los magistrados concluyeron que el MP no cumplió con los pasos legales requeridos antes de declarar lesivo el contrato. Según la sentencia, la institución no dio audiencia a Bertram S. A. ni agotó la etapa de conciliación prevista en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado.
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La empresa sostuvo que la decisión de Porras fue unilateral y que no tuvo oportunidad de presentar sus argumentos antes de que se emitiera el Acuerdo 32-2020. Ese documento, fechado el 17 de septiembre de 2020 y publicado ocho días después en el Diario Oficial, calificó como perjudicial para el Estado la adquisición del edificio.
La Sala también determinó que la fiscal general no contaba con competencia para declarar por sí sola la lesividad en los términos utilizados.
Los jueces citaron el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y el artículo 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que asignan esa atribución al presidente de la República en Consejo de Ministros.
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El tribunal no encontró perjuicio económico ni jurídico
La resolución estableció que las pruebas aportadas por el MP no demostraron que la compra hubiera causado una afectación económica o jurídica al Estado de Guatemala. Los magistrados indicaron que las negociaciones y la formalización de la escritura pública se ajustaron al marco legal aplicable.
El edificio fue adquirido por Q35,1 millones, unos USD 4,6 millones, durante la administración de Thelma Aldana conforme al avalúo aprobado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas.
La controversia incluyó una valoración privada posterior de Q31,5 millones, unos USD 4,1 millones. Para la Sala, esa diferencia no bastaba para probar una sobrevaloración, ya que los avalúos pueden variar de acuerdo con los criterios técnicos de cada profesional.
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El MP también había señalado que el inmueble no tenía conexión al servicio municipal de agua potable, presentaba observaciones de seguridad y fue adjudicado 20 minutos después de la publicación del evento en Guatecompras. Los jueces consideraron que esos elementos no acreditaban una lesión al Estado.
Con la nulidad del Acuerdo 32-2020 y el rechazo de la demanda, el contrato de compraventa se mantiene vigente. El MP conserva el inmueble y podrá definir el uso que dará a las instalaciones.
Las implicaciones de Thelma Aldana en la compra del edificio
Con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, se inició una serie de casos en contra de la exfiscal General, Thelma Aldana, que estuvo al frente, junto con la Cicig, en la persecución y condenas de varias personas de alto perfil que incluía políticos y empresarios.
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Porras, sancionada en más de 40 países que la consideran antidemocrática y proclive a la impunidad, imputó a Aldana los delitos de abuso de autoridad y fraude, luego de autorizar la adquisición, aparentemente sobrevalorada, del edificio ubicado en la zona 5 donde se trasladaría varias unidades y fiscalías de sección que durante años habían utilizado inmuebles alquilados.
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