Unas horas después de que entrara en vigencia el aislamiento social obligatorio a raíz de la pandemia del coronavirus, un grupo de alrededor de 30 internos de la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, realizó ayer una protesta por la suspensión del régimen de visitas.

Los propios detenidos filmaron con un teléfono celular parte de las escenas del reclamo, entre golpes, gritos y disparos de balas de goma.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial explicaron a Infobae su postura sobre cómo se originaron los disturbios: “Hubo una disconformidad por parte de unos pocos internos porque no dejaron ingresar a la visitas pero se controló rápidamente. Desde hacía varios días, todos los internos ya estaban acompañando las medidas de restricciones pero ese día puntual (ya regía la cuarentena total dispuesta por el gobierno nacional) hubo un par de personas que llegaron al penal y no se les permitió la visita, lo que se tornó en una situación de protesta”.

Ante esa imposibilidad, los reclusos denunciaron un abandono de persona por parte del Estado, la Justicia y los organismos de Derechos Humanos. Además de la suspensión del régimen de visitas, sus reclamos se basaron en otros dos ejes: la presunta falta de controles médicos y la permanencia en el penal de reclusos "mayores de 60 años con enfermedades de distintos tipos”. Ambas quejas las difundieron en otro video.

“Estamos enterados de lo que está viviendo la humanidad, de las medidas que se están tomando a nivel mundial para salvar las vidas. Pero acá todo sigue igual, desde antes de que se pronunciara este virus mortal. Estamos sufriendo un total abandono de persona de los organismos de Derechos Humanos, de la Justicia y del Estado. Un agravamiento de detención, un abuso de poder. No hay medida que se hayan tomado, todo lo han dejado en manos del Servicio Penitenciario de Córdoba, sabiendo que ellos están corriendo el mismo peligro de muerte. No tienen explicaciones para darnos y menos los suministros. No han habido controles médicos”, reprochó un interno, leyendo un mensaje escrito, a cara tapada.

Y continuó su protesta: “No permiten el ingreso de nadie, solamente de la guardia. Hay personas de 50 y 60 años, personas con enfermedades de diversos tipos, con libertades ya cumplidas, con beneficio de condicionales asistidas y están aquí. Están sufriendo un pico de tensión y daño moral y psíquico, un total abandono de persona del organismo. Estamos amontonados y nos quieren callar en nuestro derecho de igualdad. Estamos en una alerta de aquello que no tienen el conocimiento aún como para pararlo, que nos queda para nosotros acá olvidados”.


Las imágenes fueron viralizadas desde fuera del penal y llegaron a celulares clandestinos de otros presos alrededor del país, en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los videos llegaron a este medio a través de esos internos.

Voceros de la cartera de Justicia y Derechos Humanos cordobesa desestimaron estos cuestionamientos y comunicaron que en todo momento se siguieron las recomendaciones de las autoridades sanitarias: “Se llevaron a cabo todos los protocolos de prevención en coordinación con el Ministerio de Salud hacía varios días ya. Se les suministró a la Justicia toda la información de los internos que podrían llegar a estar con este grupo de riesgo. Se hizo todo regularmente y se está llevando a cabo un trabajo muy riguroso”.

La actitud dispuesta por los internos del penal Bouwer contrasta con la de los presos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires, en las que casi el 100% de la población decidió por su cuenta limitar las visitas de sus familiares a modo de prevención de acuerdo al Servicio Penitenciario Bonaerense.

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