
En 2016, Jorge C. un humilde trabajador de Santiago del Estero recibió una oferta tentadora: mudarse a la provincia de Buenos Aires junto a su esposa Ramona y sus cinco hijos con la promesa de que tendrían trabajo y vivienda para todos. La propuesta vino de Dagoberto Suárez (53), un comerciante quilmeño que aprovechó una visita al norte del país para contactarlo a Jorge y convencerlo de que irse con él era la mejor opción. El hombre no dudó y se embarcó en el viaje sin imaginarse que a kilómetros de su casa iban a ser tratados como esclavos por un puñado de pesos.
Cuando llegaron, el panorama fue muy distinto al que se imaginaron. Jorge y su familia no se instalaron en una casa tal como se les había prometido. En realidad, Suárez los llevó a vivir en un viejo depósito en Quilmes de su propiedad, donde también los obligaba a trabajar durante varias horas al día envasando carbón.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae, el horror fue extremo. Al comienzo toda la familia dormía en un único colchón y no tenían camas ni muebles de uso cotidiano. Eran esclavos. Incluso, Suárez los dejó indocumentados. Apenas llegaron a la carbonera, el comerciante les pidió sus DNI para gestionarles nuevos documentos pero el tiempo pasó y nunca lo hizo. A tres años del comienzo de esa odisea, la familia aún no tiene un papel que los identifique.
A partir de las pésimas condiciones en las que vivían, algunos de sus hijos comenzaron a presentar problemas de salud. Por eso, vecinos del lugar hicieron denuncias y Suárez se vio obligado a mudarlos a una vivienda de la zona. En teoría, el alquiler de la nueva casa quedaría a su cargo pero el comerciante dejó de pagarlo y la propietaria pidió su inmediato desalojo. Quedaron prácticamente en situación de calle.

En esta nueva casa las condiciones también eran deplorables. Se trata de un construcción hecha de material, con techo de loza y piso de cerámica. Cuenta con una habitación y un baño instalado dentro del mismo dormitorio. Después de que trabajadores sociales de la Municipalidad de Quilmes visitaron el lugar tras la denuncia de una vecina pudieron observar que el sector de la cocina se encontraba bloqueado con una madera porque tenían prohibido el paso. Es decir, debían cocinar con leña y al aire libre. En ocasiones, algunos vecinos les prestaban la cocina.
En la habitación había dos camas: una de dos plazas y otra de una. Sin embargo, al ser entrevistado Jorge comentó que sólo podían usar una porque la otra era de la propietaria de la casa. Como al principio, seguían durmiendo todos en un mismo colchón. De igual forma, tenían prohibido usar algunos los muebles porque también le pertenecían a la dueña del lugar.
Gracias a la entrevista que le hicieron a Jorge acerca de las condiciones laborales, se enteraron de los peores detalles. En la carbonera el hombre trabajaba junto a sus dos hijos mayores por 200 pesos en total y durante 12 horas por día. "Cuando llevan carbón a la vivienda para cocinar a leña les pagaba $180", dijo la fuente a este medio. Su único descanso era medio día los domingos.

El padre de familia le comentó a los empleados municipales de Quilmes el "su patrón" les dijo que el resto del dinero por el trabajo sería destinado al pago del alquiler. Una obligación que nunca cumplió.
Según las fuentes, Jorge "no comprende el valor del dinero y tampoco alcanza a entender que por su trabajo y el de sus hijos, deben ganar un sueldo para cada uno". Esto da cuenta de la extrema situación de vulnerabilidad y el horror la que estuvieron sometidos.
Respecto de la situación sanitaria, el grupo familiar no presentó problemáticas de salud graves, aunque sí se descubrió que hace mucho tiempo que no se realizan chequeos médicos. Además, Jorge comentó que los niños estuvieron afectados de los bronquios cuando vivían dentro
de la carbonera y que actualmente padecen vómitos y malestares, pero que desconoce si tienen relación con el carbón.

Con la cantidad de elementos recavados, la Municipalidad de Quilmes dio intervención a la Justicia. Fue así que el fiscal Daniel Ichazo de la UFI 1 de Berazategu procesó a Suárez por el delito de trata laboral.
Los investigadores secuestraron, además, teléfonos celulares, notebooks, discos rígidos y distintas anotaciones. Al hijo del comerciante, un joven de 21 años identificado como Nicolás Suárez, le incautaron también su teléfono, cuadernos y talonarios.
Por lo pronto, a Jorge y su familia se les entregaron colchones, frazadas y mercadería y se ordenó hacerles el DNI. Hoy, la situación es algo más digna.
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