Advierten que un faltante de 1.500 armas de la Policía de Córdoba podría estar en poder de bandas de Brasil

Franco Ferraro tenía 29 años, hacía cuatro que prestaba servicios en la Policía de Córdoba, su padre era retirado de la fuerza y su hermana también es policía. En la madrugada del 16 de febrero pasado murió por un disparo en el cuello mientras se enfrentaba con delincuentes fuertemente armados que habían robado una cifra millonaria en un departamento del barrio Nueva Córdoba de la capital provincial. Una de las armas usadas por los malvivientes pertenecía a un lote de 72 de la policía cordobesa que habían sido robadas en el año 2015.

A raíz del escándalo por el robo de esas pistolas se ordenó la realización de un inventario de las armas existentes en los arsenales de la fuerza cordobesa. El informe -al que tuvo acceso Infobae– fue terminado en noviembre de 2017 arrojando una inconsistencia de aproximadamente 1.500 armas. Entre las armas faltantes -según el inventario- figuran más de 200 fusiles FAL, más de 100 escopetas de distintas marcas y modelos, más de 200 pistolas calibres 9 mm y 11,25, dos ametralladoras Ingramm de las 12 que tiene la policía cordobesa y una ametralladora Thomson de las dos que estaban en los arsenales de la fuerza.

Al tomar conocimiento de las conclusiones del inventario, el abogado Marcelo Touriño presentó una denuncia penal contra el jefe de la Policía, Gustavo Velez, el subjefe Gustavo Folli y el entonces Secretario de Seguridad de Córdoba, Diego Hak. Este último renunció a los pocos días envuelto en un escándalo por la divulgación de videos en los que aparece su padre aparentemente recibiendo sobornos para darle "protección" a empresarios de la noche. En su escrito, Touriño denunció que tras recibir el informe con el faltante de las 1.500 armas, el jefe y el subjefe policial se reunieron con Hak quien les habría ordenado ocultar los resultados del inventario.

En diálogo con Infobae, el letrado denunciante afirmó que pese al tiempo transcurrido la causa está prácticamente sin actividad procesal. "La denuncia tuvo un enorme eco en la población y tuvo, por el contrario, un eco muy pobre en el sistema judicial", señaló Touriño. Asimismo, destacó que la fiscal Milagros Gorgas, a cargo de la causa cuando se inició, no realizó ningún allanamiento como había propuesto en la denuncia y "adoptó una actitud pasiva ante la cual los denunciados concurrieron a las 48 horas" a llevarle el informe del que había pedido el secuestro.

Además relató que quien sucedió a Gorgas, el fiscal Marcelo Fenoll -que paradójicamente "ha sido policía"- lo único que ha hecho es ordenar la realización de una auditoría a la Universidad Tecnológica Nacional sede Córdoba y no a los peritos de la Corte Suprema como había solicitado el letrado.

Touriño alertó que "lo más grave de todo es que Córdoba corre un serio riesgo en transformarse en una nueva Rosario" ante la posibilidad de que las armas faltantes estén en poder de bandas como las que tienen a maltraer a la ciudad santafesina.

El abogado contó a Infobae que tiene conocimiento que dos oficiales superiores que participaron en la redacción del informe y que declararon como testigos ante la Justicia han sido amenazados con trasladarlos como represalia por su tarea. Sobre el destino del armamento indicó "importantes miembros de la fuerza me han señalado que tienen fundados temores a que no pocas de esas armas hayan sido vendidas en Rosario o inclusive a bandas de Brasil."

Asimismo, señaló que el hecho tampoco fue objeto de investigaciones parlamentarias. Por último, afirmó "es un tema que atañe no solamente a los tres millones de cordobeses sino a todos los argentinos porque es un tema gravísimo, 1.500 armas que no sabemos dónde están", y agregó "por la información que manejo entiendo que esas armas nunca se van a encontrar."