En el medio de la mayor sobrepoblación de la historia penitenciaria argentina, el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari se ajusta el chaleco inflable que lleva bajo el saco tal como lo lleva Mauricio Macri y camina por los pasillos de su propia versión del futuro tumbero: el nuevo penal está casi listo.

Todavía hay olor a pintura fresca en el predio de más de 15 mil metros cuadrados, falta el alambrado general y más alambre de púas tras el muro principal, pero en enero próximo, según los cálculos de Ferrari y sus asesores, la Unidad Modelo para Jóvenes en el complejo carcelario de Campana será inaugurada con capacidad para 616 detenidos y comenzará a recibir a sus primeros presos para ese entonces. La gobernadora María Eugenia Vidal, dice Ferrari mismo mientras recorre el lugar junto a Infobae, vendrá para el corte simbólico de cinta.

Toda la situación es simbólica en un nivel mucho mayor: será la primera vez en casi 20 años que una figura política abra cárcel en territorio bonaerense desde el penal de General Alvear en el año 2000, con todo lo que abrir una nueva prisión implica.

La Unidad misma también es un signo de los tiempos. Se trata, en principio, de descomprimir.

Unidad Modelo de Jóvenes de Campana: vista de una de las celdas.
Unidad Modelo de Jóvenes de Campana: vista de una de las celdas.

La curva ascendente de presos provinciales que comenzó con la gestión Scioli como ministros de seguridad como Casal y Granados que comenzó con poco más de 31 mil privados y privadas de su libertad en 2013 para ascender a casi 36 mil en 2014 y más de 37 mil en 2017 hoy marca un récord de 43 mil internos en las 54 unidades y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense que depende del ministerio de Justicia de Ferrari, con un costo mensual para cada preso de aproximadamente 35 mil pesos estimados por fuentes del SPB.

Hay un exceso numérico de al menos 10 mil detenidos en la provincia con respecto al cupo. El contexto nacional no se salva tampoco: se estima un 15,2% de sobrepoblación global de todo el sistema de cárceles argentino de acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación. Casi la mitad de los presos están todavía sin condena bajo el signo evidente del exceso de aplicación de prisiones preventivas y falta de medidas alternativas declaradas por jueces en un sistema saturado.

En el medio, organismos como el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria hablan de una crisis humanitaria: el Juzgado Correccional N°2 de La Plata ordenó semanas atrás la creación de un Comité de Crisis luego de varias inspecciones que revelaron condiciones de hacinamiento y puntos como la alcaidía de Junín sobre la ruta 188, con plazas para 407 presos y 958 detenidos a fines de junio de este año.

Corredor central del penal.
Corredor central del penal.

La nueva Unidad de Campana, en el pensamiento de Ferrari, tampoco se trata solo de descomprimir. Recibirá internos de un perfil definido como su nombre lo indica: jóvenes de 18 a 21 años de edad, un segmento que representa el 8% del total de  los presos de la provincia. El 58% de todo este grupo, asegura el Ministerio de Justicia, está procesado por delitos contra la propiedad, robos y hurtos, un índice mucho mayor si se compara al número general de todos los presos argentinos, con un 40% detenido por robo y delitos similares.

Ferrari habla de la nueva Unidad Modelo como el último penal en que estos jóvenes deberían estar en sus vidas: el ministro habla de rehabilitación y reinserción social bajo un sistema de videovigilancia integrado, de revinculación familiar en el lugar, un espacio para tratar adicciones a las drogas, cupo escolar garantizado con lugar para 480 internos, talleres laborales para que trabajen más de 200 detenidos, un polideportivo para practicar fútbol y basket, rugby con los Espartanos, capilla, huerta. Hasta una pequeña planta de reciclaje de residuos.

Los traslados a la Unidad Modelo, aseguran en el Ministerio, no serán compulsivos: los presos deberán pedirlo formalmente y se enfrentarán a un criterio de admisión basado en conducta. "Si apuñalaron a alguien en una riña difícil que puedan venir", asegura un asesor.

Los módulos de cuatro celdas cada uno alojarán a cuatro detenidos por celda, con un sector común. Ferrari espera reducir el nivel de riñas con el nuevo espacio. "Mirá", dice el ministro mientras entra a una celda tras el portón de metal y señala al inodoro de cemento: está en un ambiente aparte, adjunto a la celda general, no a centímetros de los catres.

Todo este proyecto, aseguran dentro del Ministerio de Justicia provincial, costará "710 millones de pesos."

El ministro Ferrari y equipo. (Ministerio de Justicia)
El ministro Ferrari y equipo. (Ministerio de Justicia)

Las críticas

En los últimos años, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, se convirtió en uno de los críticos más firmes de la situación en los penales bonaerenses. Hoy, el organismo de derechos humanos estudia realizar una nueva presentación ante la Suprema Corte provincial donde reforzará sus puntos de vista.

Para el CELS, las nuevas plazas que promete el Servicio Penitenciario Bonaerense en Campana y en otros penales de la provincia que enfrentan remodelaciones no solo no alcanzan para el exceso actual sino que tampoco contemplan el crecimiento a futuro.

"La cuestión hoy es que esas plazas se necesitan para absorber la sobrepoblación. Y la franja de jóvenes por delitos contra la propiedad es mayoría. La segmentación no está mal", asegura la abogada Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del organismo.

Sin embargo, dado el nivel de hacinamiento, asevera Litvachky, "todo hace pensar que no van a poder mantener ese penal con el modelo que están pensando, va a empezar a estar excedido porque necesitan incorporar el exceso de detenidos. Vos podés tener una buena política en términos penitenciarios, pero la experiencia de construcción de cárceles modelo han tardado muy poco en ser absorbidas por los problemas de arrastre del Servicio Penitenciario."

Inodoro de una de las celdas.
Inodoro de una de las celdas.

Mario Coriolano, titular de la Defensoría de Casación bonaerense, monitorea desde hace años las denuncias de tortura que los detenidos en penales hacen a sus defensores oficiales. Con experiencia en el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, Coriolano afirma: "La creación de nuevas cárceles en sistemas atravesados por el hacinamiento, corrupción y torturas, exige un monitoreo permanente de su funcionamiento por órganos independientes, con enfoque multidisciplinario y experiencia comprobada en derechos humanos. El problema con los jóvenes en situación de encierro no se agota en la infraestructura. Es integral y profundo, exige soluciones consensuadas y que expresen voluntad política, un plan adecuado y recursos humanos y materiales suficientes para cumplirlo."

Video y fotos: Thomas Khazki.