La mafia de los "caza-Uber": ya hubo 750 ataques pero los choferes no los denuncian

En la página de Facebook de la Asociación Civil Taxistas Unidos una publicación de esta semana replica una noticia particularmente sensible: "El gobierno autorizó a Uber y ya hay más de 55.000 mendocinos que esperan que arranque". Mendoza se convirtió recientemente en la primera provincia en habilitar la aplicación de viajes en auto. "Cornejo y Mema. Ni olvido ni perdón", termina el post en la red social.

La amenaza apunta al gobernador mendocino Alfredo Cornejo y a su secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. En el mismo mensaje de la Asociación que comanda Marcelo Boeri, que prefirió no hablar con este medio al ser consultado por este artículo, los taxistas lamentan "no poder llegar a donde hacemos falta".

El terreno caliente es otro: su lucha contra la empresa global, así como los ataques más violentos contra vehículos, se dan en la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes dentro de Uber apuntaron a Infobae que ya registraron 750 ataques en lo que va de 2018. Si a estos se sumaran las cifras de otras empresas como Cabify, el número sería aún más abultado.

Sin embargo, la mayoría de los casos no llegan a los medios, tampoco a Tribunales: solo 250 casos fueron denunciados ante la Justicia desde la llegada de Uber al país en 2016, de acuerdo con los registros propios de la empresa. El motivo para Uber parece obvio: miedo de los choferes a mayores represalias.

"No los van a buscar hasta Provincia, solamente te atacan en Capital", asegura Rodolfo, chofer de Uber y también de Cabify, que prefiere mantener su apellido en reserva. El mes pasado, un presunto taxista lo atacó disparándole con un rifle aire comprimido en Palermo y le estalló una de las ventanillas de su auto cuando llevaba a tres pasajeros hasta Belgrano. 

Rodolfo, reconoce él mismo, no hizo la denuncia.

Tras el ataque que sufrió, Rodolfo recibió un mensaje corporativo desde la empresa de la aplicación que no fue lo que esperaba. "A la media hora me llegó un mail de Uber con la dirección de tres fiscalías diferentes para ir a denunciar, decían que a ellos eso los ayudaba, les respondí preguntando si me iban a ayudar ellos a mí con el arreglo del coche y ahí no respondieron más", se quejó.

Otros choferes hablan de grupos cerrados de Facebook y de WhatsApp en los que los taxistas comparten las patentes de los autos que trabajan para la aplicación para buscarlos y quemarlos. El mapa porteño de carrocerías incendiadas  tiene zonas usuales: Belgrano, Palermo, Almagro, Flores, Paternal y Villa Devoto.

"Hay mucho en Capital, hay algo en La Plata y hay muchísimo en San Isidro y zona norte, también en La Matanza y Avellaneda", repasa el diputado provincial por Cambiemos Guillermo Castello. El martes último, Claudio Nicolás Bulacio, agente de la Policía Federal, baleó con su arma reglamentaria a un pasajero que supuestamente intentó robarle mientras  manejaba su Volkswagen Fox para la aplicación en Lomas del Mirador. El pasajero, un hombre de la zona con antecedentes recientes por robo, le habría puesto un cuchillo en la garganta desde el asiento trasero.

Tres meses atrás, Castello presentó un proyecto para que la plataforma se apruebe en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, fuertemente resistida por los taxistas platenses, hoy tiene estado parlamentario y recayó en la comisión de Transporte y Tránsito.

El diputado asegura que la cuestión de los "caza-Uber" es "cada vez más complicada", aunque reconoce que "los taxistas tienen razón en que hay competencia desleal, porque ellos pagan impuestos, revisiones y los choferes de Uber no", algo que no habilita una persecución o una quema salvaje de vehículos en la calle. Uber misma, mientras tanto, continúa en una red de tensiones en busca de la legalización porteña.

En este sentido, datos de la Secretaría de Transporte Porteño indican que de 17.865 controles al transporte ilegal en lo que va del año, unos 1.671 autos pertenecían a Uber, alrededor de seis detectados por día. La infracción que se les aplica es la más alta y puede llegar a 10.000 UF (unidades fijas), unos $178.500.

Hasta ahora, a pesar de 250 denuncias judiciales que existen según los voceros de la aplicación, solo dos taxistas –hasta el momento– fueron procesados: Miguel Ángel Beno, de 40 años, y Facundo Sensón, de 32. Ambos, por ataques ocurridos a fines de 2017. Sus presuntas víctimas no pertenecían a Uber, sino a la empresa Cabify.

Luego de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Beno a dos meses de prisión en suspenso y a dos años de tareas comunitarias por haber atacado en la madrugada del 27 de octubre de 2017 en Palermo no con fuego, sino con una gomera.

Beno está obligado a realizar un curso de Reeducación Vial dictado por la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría de Transporte porteña y deberá cumplir 30 horas de actividades en la Oficina de Apoyo a Familias de Víctimas de Tránsito en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se resolvió la caducidad de su licencia de taxi tras ser condenado y se lo inhabilitó por cinco años.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3 procesó a Sensón por un hecho violento contra un Cabify en septiembre de 2017, una decisión que fue confirmada a fines de agosto por la Cámara en lo Criminal y Correccional.

En este caso la Secretaría de Transporte de la Ciudad le suspendió preventivamente la licencia de taxi hasta que haya una sentencia definitiva en su contra.

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