La ONU le pidió al Gobierno que suspenda la extradición de Facundo Jones Huala

El Comité de Derechos Humanos de la ONU le solicitó formalmente al Gobierno argentino que suspenda la extradición de Facundo Jones Huala hasta tanto expertos de ese organismo analicen si no se están violando garantías suscriptas en un pacto internacional al enviar al líder mapuche a Chile para que sea juzgado allí.

El pedido de la ONU fue cursado desde Ginebra a la Cancillería  luego de que la abogada del líder mapuche, Sonia Ivanoff, acudiera al tribunal internacional para denunciar que el país incumple con tres artículos (7, 14, 27) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que goza de jerarquía constitucional.

La Corte Suprema de Justicia confirmó el pasado 23 de agosto la extradición a Chile de Jones Huala para que sea juzgado por los delitos de incendio de una vivienda habitada y tenencia de armas de fuego de fabricación artesanal durante una incursión mapuche a un fundo en Valdivia en 2013.

Tras el pronunciamiento del máximo tribunal, el juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, revocó la prisión domiciliaria del lonko y ordenó su inmediato traslado al Penal N° 4 de Esquel para evitar riesgos de fuga. Cuando se cumplía con la manda judicial en el domicilio de la abuela del lonko en Esquel, Jones Huala se resistió e insultó a los agentes de la Policía Federal.

Ahora la ONU quiere revisar si  están en riesgo las garantías del lonko con su extradición a Chile, según denunció su defensa. Por eso le solicita a la Argentina que suspenda la extradición y conteste formalmente una serie de puntos respecto a la admisibilidad y los planteos que realizó Ivanoff.

Ivanoff argumentó que en Chile, por su condición de mapuche y prófugo de la Justicia de ese país, Jones Huala podría sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual de acuerdo a la norma del pacto internacional supone un impedimento para su extradición.

Ante la ONU la abogada reiteró su pedido de que Jones Huala sea juzgado en la Argentina por los delitos que se le imputan Chile, situación sobre la que todavía debe expedirse el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería.

La abogada luego esgrimió la calidad de "perseguido político" de Jones Huala, figura rechazada en el fallo de la Corte Suprema, y la contrapuso con el art. 14 del pacto internacional que estipula que todos los individuos son iguales ante la ley.

Por último, apeló a la condición de indígena del líder mapuche, como parte integrante de una minoría, cuyos derechos pueden verse vulnerados en el vecino país, según fundamentó.

En los hechos, Ivanoff reeditó ante la ONU la misma argumentación para evitar que Huala fuera extraditado que antes desestimaron diferentes instancias de la Justicia argentina.

Si bien el pedido de la ONU no reviste carácter vinculante, la solicitud del organismo internacional deberá ser contestada por el gobierno argentino en un plazo máximo de seis meses.

El organismo internacional deja constancia en la misiva que el pedido de "información y observaciones" no implica que se haya llegado a una decisión respecto de la admisibilidad ni del fondo" del planteo de la abogada de Huala.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que si bien la intermediación de la ONU demora la extradición, el gobierno respaldará lo dispuesto por la justicia argentina y extraditará al líder mapuche.

No hay posibilidad, dejaron entrever las fuentes, de concederle a Jones Huala el beneficio de que sea juzgado por un tribunal argentino por delitos cometidos en Chile.