El Gobierno responsabilizó a la comunidad mapuche de Villa Mascardi por haber frustrado la mesa de diálogo

En un nuevo cruce, esta vez dialéctico, entre la comunidad mapuche de Villa Mascardi y autoridades nacionales, el Gobierno responsabilizó a la Lof Laften Winkul Mapu de haber frustrado el reinicio de una mesa de diálogo que había sido acordada para este martes en la Universidad del Comahue. Fue a raíz de los sucesos violentos registrados durante una medida judicial el jueves pasado, señalaron  fuentes gubernamentales a Infobae.

En aquel enfrentamiento en la ruta 40, mapuches encapuchados agredieron con piedras y bombas molotov a la fiscal federal Sylvia Little y a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que respondieron con balas antitumulto en el marco de una inspección ocular al viejo hotel Mascardi, cuya presunta usurpación había sido denunciada por la Administración de Parques Nacionales (APN).

Tanto la APN como como Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, indicaron a Infobae que la suspensión de las conversaciones le fue personalmente comunicada a María Nahuel, líder de la toma del predio donde murió Rafael Nahuel, durante una reunión mantenida ayer por la tarde en la sede de Parques.

"María Nahuel se presentó ayer en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y fue recibida por el intendente Damián Mujica. Estuvieron conversando durante más de dos horas y allí se le informó que, a raíz de los hechos del jueves y dado los niveles de violencia que ellos plantean, no era viable el encuentro de hoy", señalaron fuentes de APN.

Agregaron que "el objetivo de la reunión de hoy (por ayer) era demostrar que el predio no estaba tomado, pero ese mismo jueves la fiscal Little constató la turbación del lugar, con lo cual la reunión carecía de sentido".

En la misma línea, Avruj fue enfático al respaldar la interrupción de las negociaciones y dijo que "el gobierno nacional decidió suspender la reunión pactada", debido a los mismos hechos. Y subrayó "que esta determinación ya le fue comunicada a la parte interesada, la cual aceptó los argumentos presentados para la cancelación del encuentro".

"La Justicia tiene que investigar con total libertad los hechos en ese lugar. Es su responsabilidad esclarecer lo que está pasando en relación a la usurpación o turbación del viejo Hotel Mascardi—dijo Avruj en diálogo con este medio—. No hay margen para reunirnos mientras se utilice a la violencia como método de extorsión".

Y añadió: "La agenda de los pueblos originarios sigue siendo una prioridad pero hay que saber diferenciar al pueblo mapuche de este pequeño grupo que sólo quiere sembrar la confrontación".

La respuesta tanto de Avruj como de APN llegó luego de que este martes por la mañana representantes de la comunidad indígena se presentaran a las 11 en la Universidad del Comahue y denunciaran ante medios locales una persecución política y judicial contra la lof mapuche junto al incumplimiento del compromiso de diálogo. De esa mesa de negociación iban a participar tanto APN, como el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos.

La werken (vocera) Elisa Oses leyó un extenso documento en nombre de la comunidad  Laften Winkul Mapu y aseguró que cuentan con documentación que respalda la preexistencia de sus ancestros en el territorio de Villa Mascardi.

"Mantenemos nuestra palabra y a pesar de haber sido reprimidos, estamos hoy aquí y no así los funcionarios de Parques", dijo la werken Oses.

"Hacemos mención a esto para dejar en evidencia la persecución política y judicial que como mapuches estamos padeciendo. Los parques nacionales fueron creados por el Estado argentino para apropiarse del territorio indígena y despojar a nuestros ancestros. El territorio de nuestra comunidad tiene esta misma historia y no sólo lo decimos nosotros, el mismo Estado argentino reconoce nuestro territorio en el relevamiento territorial de la ley 26 160".

La vocera volvió a enfatizar que no existe una ocupación del exhotel IOS, ubicado a metros de la entrada a la lof, como había denunciado APN y acusó a la fiscal Little de haber pergeñado una excusa para "poder reprimir en nuestro territorio".

Respecto a la documentación que avalaría la presencia ancestral en el área, dijo Oses: "Volvimos a nuestro territorio porque allí tenemos a nuestros ancestros. Hace cinco años falleció allí el abuelo de la machi, José Gerónimo Rivas, que terminó sus días como empleado precarizado sin ningún tipo de reconocimiento.  Él no pudo ver a su nieta, la machi, desarrollar su espiritualidad en su propio territorio".

Según fuentes judiciales, Elisa Oses está procesada por interrumpir el tránsito de la ruta 40, a la altura de Epuyén, el 10 de enero de 2017. Entonces, un grupo de mapuches exigía que la Gendarmería Nacional levantara uno de los retenes y les permitiera llegar hasta el Pu Lof de Resistencia en Cushamen, donde murió Santiago Maldonado, y donde la justicia federal realizaba un allanamiento para liberar las vías del tren patagónico La Trochita.

Por esos hechos,  la ahora werken de la comunidad de Villa Mascardi enfrenta un juicio oral que se desarrollará en los próximos meses en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Para observadores judiciales de los sucesos del sur existen nexos acreditados entre la comunidad Laften Winkul Mapu y la lof de Cushamen que lidera Facundo Jones Huala. Oses pertenece a la comunidad mapuche Las Guaytecas, cerca de El Bolsón, pero hace tiempo que viene apoyando los reclamos territoriales, incluso con cortes de ruta.

Postura del gobierno

La decisión de formalizar la postura del gobierno fue una orden que bajó de la Jefatura de Gabinete que en mesas interministeriales sigue de cerca la alta conflictividad en la Patagonia con grupos asociados al indigenismo radicalizado.

De esas reuniones participan además de los organismos mencionados, representantes de los ministerios del Interior y de Seguridad.

Según pudo saber Infobae, el Gobierno rechazará reanudar el diálogo hasta que la comunidad no actúe en el marco de la ley. Esto es, en primer lugar—dijeron fuentes del gobierno—deponiendo la actitud violenta y permitiendo la acción judicial en el marco del respeto al Estado de derecho.

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