La Justicia le puso un bozal legal a Larissa Riquelme para que no exponga a la supuesta víctima de Jonathan Fabbro

El viernes pasado por la mañana, horas después de que Jonathan Fabbro llegara extraditado y esposado desde México para responder ante el juez Santiago Quian Zavalía por la brutal acusación de abusar de su ahijada durante cinco años, un documento que sería parte de la causa comenzó a circular por Twitter. Era una pericia ginecológica, supuestamente parte de la causa que investiga al futbolista, una pericia realizada a la ahijada de Fabbro misma.

El papel legal abonaba un postulado largamente sostenido por la defensa del Fabbro, aseguraba que la niña no presentaba lesiones ginecológicas, porque no habría sido penetrada. Es un planteo curioso: el juez Quian Zavalía no le imputa actualmente ninguna penetración vaginal al ex River y Boca.

El documento, en sí, no es algo nuevo, no en las redacciones y en los mensajes de WhatsApp que reciben los periodistas: circulaba hace ya casi cinco meses, desde que Fabbro había sido detenido en un hotel de la ciudad mexicana de Cholula con una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

La pericia, tal como fue difundida, no solo hablaba de la máxima intimidad de una niña que hoy tiene solo 12 años y que ratificó sus acusaciones al enfrentar una cámara Gesell en el Cuerpo Médico Forense con dichos que peritos psicológicos validaron como veraces: incluyó también el nombre de la madre de la menor, que no había sido tachado.

En paralelo a la publicación de la pericia ginecológica en Twitter, Larissa Riquelme, la pareja del futbolista, había aterrizado en Buenos Aires horas antes que Fabbro. Junto a Martha Zabala, la madre de Fabbro, y Anabel, hermana del jugador, la modelo paraguaya comenzó un raid mediático para defender a su novio. El eje del relato de Larissa: desacreditar el relato de la menor.

La ahijada de Fabbro vio venir la tormenta días antes, entendió que las mujeres que defendían al hombre que acusó de ser su victimario la empujaban al centro de la escena. La niña fue ella misma a la Justicia a comienzos de mayo en compañía de su madre y pidió un bozal legal para protegerse. En cuestión de días, la Justicia decidió a su favor.

En un fallo al que accedió Infobae, el doctor Ramiro Santo Fare, titular del Juzgado en lo Civil Nº 12, le impuso a Riquelme y a la madre y hermana de Fabbro "que deberán abstenerse de hacer públicos por cualquier medio" el nombre de la niña, el parentesco que pueda tener con ellas, su domicilio y la difusión de cualquier foto o audio que la involucre.

La medida también se extiende a Fabbro mismo, en lo que el juez entiende como "una indebida afectación al derecho de intimidad" de la menor de cara a la "gravedad de los hechos". La medida, por otra parte, fue notificada al ENACOM. Santo Fare estableció que Riquelme y la madre y hermana del jugador recibirán una multa de diez mil pesos por cada infracción al bozal.

La ahijada de Fabbro llegó a la Justicia gracias a dos mecanismos: los artículos 3 y 24 de la Ley 26.061 de protección al niño que permiten, tal como estableció el juez Santo Fare en su fallo, que la persona menor de edad "pueda ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico". Así, fue representada por las abogadas Teresa Quintana y Sandra Marelli, mediante una gestión del Colegio de Abogados porteño.

"Somos un grupo de abogados especialistas en trabajo legal del niño y adolescente que es parte del Colegio, nos remiten casos. Hace doce años que trabajamos. En este caso atendimos a la víctima. Lo peor para nosotros es que no entiendan que hay leyes que prohíben que se exponga a menores, es revictimizarlos de nuevo. El juez ya les notificó que tendrán una multa si siguen hablando de la chica. Es lo menos que podemos hacer. Ya mencionar su vínculo sanguíneo con Fabbro la estigmatiza. Vemos que siguen y siguen los comentarios", asegura la doctora Quintana.

Fabbro afirmó ser inocente en su declaración ante el juez Quien Zavalía que duró cerca de seis horas. Continuó detenido tras su indagatoria: el magistrado deberá resolver su situación procesal en los próximos días, para sobreseerlo o procesarlo.

Con respecto al bozal en su contra, Larissa apuntó a Infobae: "No estamos notificados".

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, se hizo eco del fallo del Juzgado Civil N°12 y apuntó: "Desde el ICD consideramos que estas expresiones generan la revictimización y estigmatización de la niña, son dichos de personas no especializadas en el tema, que no cuentan con el asesoramiento profesional que corresponde, razón por la cual muchas víctimas de abuso no se animen a denunciar, a levantar la voz y a ponerle un alto a la situación."