Báez pidió ser liberado con una tobillera electrónica y recusó al fiscal de Justicia Legítima

El empresario Lázaro Báez pidió este miércoles nuevamente ser liberado al cumplirse, el jueves de la próxima semana, dos años de prisión preventiva sin condena. Además, recusó al nuevo fiscal designado para el juicio por "la ruta del dinero K", Abel Córdoba, reconocido integrante de la agrupación K Justicia Legítima. Ambos pedidos, a los que accedió Infobae, fueron presentados ayer por el abogado Esteban Bailan ante el Tribunal Oral Federal 4, que tiene a su cargo la causa en la que Báez y otros acusados están procesados por presunto lavado de dinero.

Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 cuando llegó al aeropuerto de San Fernando desde Río Gallegos. La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello, quien además dispuso la detención del contador Daniel Pérez Gadín.

La defensa de Báez, detenido en la cárcel de Ezeiza, sostuvo que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa si el empresario es liberado. Además, remarcó que el 5 de abril próximo se cumplen dos años de detención sin condena. Ese es el plazo que el Código Procesal Penal establece cómo máximo para estar detenido sin condena. Sin embargo, el Código también señala que ese plazo se puede prorrogar por un año más si hay motivos que lo justifiquen.

Concretamente, la defensa del empresario pidió el cese de la prisión preventiva a partir del 6 de abril o que se le conceda "la morigeración con pulsera electrónica, incluso de ser necesario bajo caución real", para que siga detenido en su domicilio de Río Gallegos. "La puesta en práctica de la medida propuesta no requiere  ninguna  otra  instrumentación,  pues se cuenta con  un programa que ha sido creado y puesto a disposición de la autoridad judicial, precisamente con esta finalidad", dice el escrito de unas 36 carillas.

A la hora de justificarlo, se menciona el caso de Diego Lagomarsino, el asesor informático del fiscal Alberto Nisman, que tiene una pulsera con GPS por decisión del juez Julián Ercolini. "No solamente la calificación legal es más gravosa (en el caso de Lagomarsino) sino que además se encuentra en pleno trámite investigativo y a su vez se imputa a otros consortes de causa una maniobra de encubrimiento del homicidio", argumentó el abogado de Báez.

La decisión sobre su libertad la deberán tomar los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez. Antes, los magistrados le pidieron al fiscal Abel Córdoba que dictamine sobre el pedido de la defensa.

Pero el fiscal fue recusado mismo por la defensa de Báez por su cercanía con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. "El Dr. Córdoba no cuenta con la objetividad requerida para la investigación de la presente investigación dado que de la misma podría surgir o mejor dicho, profundizarse aún más y variando la hipótesis acusatoria de la causa referida vinculándola directamente a la Dra. Gils Carbo y nos podríamos situar ante la misma "extravagante" decisión del fiscal Zoni de desestimar las acusaciones contra Gonella y Orsi pese a los dictámenes del juez Martínez de Giorgi y de la Cámara Federal", dice el escrito al que tuvo acceso Infobae.

La presentación de la defensa de Báez destaca la pertenencia del fiscal a la agrupación K Justicia Legítima y hace hincapié en que había sido designado como fiscal en Neuquén, para luego ser trasladado a Comodoro Py, una maniobra que se repitió con otros fiscales federales.

La defensa de Pérez Gadín no pidió hasta el momento su excarcelación. No obstante, el tribunal debe analizar de oficio su situación cuando se cumplan dos años con detención preventiva.

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