Entre ayer y hoy, la Justicia federal ordenó al menos 12 allanamientos en el marco de una investigación por evasión y lavado de activos en la que los principales imputados son el secretario de Gobierno de Chaco, Horacio Rey, y el subsecretario de Comercio provincial, Roberto Lugo.
Los operativos de hoy, ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger, y llevados adelante por el fiscal Patricio Sabadini, se realizaron en la Casa de Gobierno de Chaco, en el domicilio de Rey, en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, en dos dependencias del Ministerio de Desarrollo Social provincial, en edificios de la Fiduciaria del Norte, y en la agencia de publicidad Brandon.
El hecho de que se hayan realizado operativos en la fiduciaria y en la agencia de publicidad tiene que ver con que el secretario de Gobierno tiene a su cargo el manejo de la pauta oficial, por lo que la Justicia ordenó allanamientos en la fiduciaria que está vinculada al Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO).
La investigación que llevan adelante Sabadini y Niremperger es por presunto lavado de activos, administración fraudulenta, asociación ilícita y fraude a la administración pública, y además de los funcionarios mencionados, son investigadas varias personas más.
Ayer, la Justicia había ordenado cinco allanamientos que fueron realizados por personal de la Prefectura, junto a funcionarios de la AFIP y de la DGI local. Uno de estos operativos se realizó en una guardería náutica de Antequeras, cerca de Resistencia. Allí, los efectivos habrían secuestrado tres embarcaciones. También se llevó adelante un allanamiento en una empresa de la capital chaqueña, en el que se secuestró documentación y otros elementos de prueba.
Comunicado del Gobierno
En un comunicado, el Ejecutivo del gobernador Domingo Peppo, que está de viaje en los Estados Unidos, informó que la investigación empezó tras una denuncia anónima, y que "el Gobierno provincial procedió a entregar documentación y resoluciones de la Secretaría Legal y Técnica de los años 2016-2017 y de otros organismos".
La misiva además comunicó que el Gobierno "ordenó a todas las áreas su colaboración y disposición con la Justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, la oportunidad para salvar el nombre de las personas involucradas".
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