La banda de narcos bolivianos detrás de una cocina de cocaína encontrada en la Villa 1-11-14

No es común encontrar una cocina de cocaína en la Capital Federal, una batería de ollas y precursores químicos donde la pasta base boliviana se convierte en tizas de polvo fino. Existe el mito, eso sí; durante años distintas versiones hablaron de éter y acetona en ranchos sin revoque del Bajo Flores, entre pasillos de la Villa 1-11-14 y las zonas aledañas.

La realidad era más económica y conveniente: los capos peruanos como "Marcos" Estrada González hacían volar a sus mulas desde Lima hasta Ezeiza con cápsulas de cocaína 80 por ciento pura en la panza. Estrada, de acuerdo a las imputaciones, las mandaba recoger con autos y choferes de sus propias remiserías. La pista boliviana era mucho más sencilla; los kilos podían venir disimulados de cualquier forma a través de la frontera con Salta. Un doble fondo de un auto es hasta hoy un método básico y clásico. El supuesto mito de las cocinas en la Capital era irritante para el poder político y a la vez redundante para la lógica comercial de un narco: la Capital Federal era una capital productora de droga, con el kilo de cocaína más barato del mundo justo al lado de la frontera y a menos de un día de viaje en auto, una paradoja total.

Las cocinas de cocaína en el Bajo Flores, sin embargo, ocurren, a pesar de todas las contradicciones. Roberto José Loayza Camacho, alias "Chango", de 60 años de edad, y su mujer, Miriam Tapullima, ambos bolivianos tenían una en su casa sobre la avenida Bonorino al 2800, justo frente a la 1-11-14. Su cocina estaba, por así decirlo, visiblemente nevada: botellas, ollas, una licuadora, una multiprocesadora, todos manchadas de polvo blanco.

La división Operaciones Antidrogas Urbanas de la PFA allanó la casa de Camacho y Tapullima el lunes 26 a pedido del juez Sergio Torres y el secretario Martín Yadarola, en el marco de un expediente que comenzó este año desprendido de otra investigación a transas paraguayos de la zona, con escuchas telefónicas y seguimientos. Gendarmería Nacional todavía debe analizar en un laboratorio todo lo que se incautó en el allanamiento, pero Camacho y su mujer lo tenían todo, aparentemente: había pasta base, varias botellas y bidones con químicos con un fuerte olor a acetona y éter, los precursores básicos para fabricar cocaína, un barril de plástico azul con su etiqueta arranca, un microondas para secar la materia prima cuando llegaba un poco húmeda, junto a casi 20 celulares.

Había polvo, por otra parte, mucho polvo, disimulado en más de 90 sachets de leche y paquetes de harina y azúcar. Cuánto de ese polvo es cocaína legítima todavía es materia de discusión: varias pruebas con tests reactivos tardaron horas en dar un resultado positivo. Fuentes cercanas al expediente hablan de algo que es muy común en la atmósfera transa porteña: la droga encontrada estaría fuertemente cortada. No sorprende; voces en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA hablaban hace dos años de un promedio de 15 a 20 por ciento de pureza en las muestras recolectadas. Loayza Camacho y su mujer quedaron detenidos.

La mala calidad de la droga encontrada en la calle Bonorino es, en todo caso, un dato anecdótico. La sorpresa es que esa cocina exista, con bolivianos operando a mediana escala en un momento en donde la narrativa narco del Bajo Flores recae en capos peruanos que retienen su territorio y paraguayos que lo acrecentan, armados con ametralladoras y explosivos de minería. No se encontraron armas en casa de Loayza Camacho, por ejemplo.

El hallazgo de la cocina era también parte de una red mayor: Camacho y Tapullima están acusados por Torres de ser proveedores de una organziación regenteada por bolivianos -varios de ellos con condenas previas y causas abiertas por narcotráfico- junto a cómplices argentinos que se extiende desde el Bajo Flores hasta la villa Zabaleta, Laferrere, La Plata y González Catán. Torres y Yadarola ordenaron a PFA otros 12 allanamientos con nueve sospechosos señalados. Una orden incluso fue enviada al Servicio Penitenciario Bonaerense: un preso de 39 años y de nacionalidad argentina alojado en un pabellón de presos de mediano riesgo de la Unidad Nº9 del SPB en La Plata, estaba sospechado de acuerdo a escuchas telefónicas de manejar parte del negocio desde su celda.

El operativo en la cárcel, a cargo de un equipo especial de penitenciarios, dio resultados negativos. Otros procedimientos fueron completamente distintos.

Virgilio Rojas Olmos, también boliviano, con domicilios en Villa Soldati y la 1-11-14, inscripto en la AFIP de acuerdo a registros comerciales en el rubro de construcción y con empleo en blanco en una empresa radicada en la zona de San Vicente fue seguido por la división Antidrogas Urbanas, su teléfono intervenido. Virgilio había hablado demasiado: las pinchaduras a su línea delataron un plan para cruzar la frontera hacia Bolivia y monitorear el traslado de cierta cantidad de cocaína. El viaje de vuelta se haría el lunes 26, el mismo día en que la PFA allanó el resto de los objetivos. El vínculo de Virgilio con el resto de la organización sería a través de Miriam, la mujer de Loayza Camacho.

La vuelta fue desde Orán, Salta. Se le atribuye un Volkswagen Polo a Virgilio, fue visto usándolo, pero el presunto albañil no lo ocupaba. El auto viajaba junto a él, tripulado por dos bolivianos más y dos niños de 2 y 14 años respectivamente. Virgilio viajaba en su vuelta en un micro de Flecha Bus que partió desde Salta hacia Retiro, el Polo lo seguía de cerca. Gendarmería frenó tanto al micro como al auto: en el auto había treinta ladrillos de cocaína.

La mula narco de 19 años que apareció muerta esta mañana en Villa Devoto no fue la única en llegar a la Argentina en las últimas semanas. La PFA allanó también la casa de Nancy Noemí Molina en La Plata. La mujer dijo ser una simple organizadora de eventos, también aseguró ganarse unos pesos extra con trabajos de belleza y estética. Sin embargo, la Federal encontró en su domicilio a otros cinco bolivianos que terminaron arrestados.

El timing fue bueno, por así decirlo. Uno de ellos, de 28 años de edad, se retorcía de dolor en una cama. En la cocina se encontraron once cápsulas vacías junto a un bisturí y guantes de látex. El baño tenía más: otras 66 cápsulas vacías estaban envueltas en papel higiénico cubierto de excremento. Era obvio: el joven fue traslado al hospital zonal de Ezeiza. Allí, una radiografía reveló que le quedaban cinco paquetes más en el estómago.