Hubo más de 130 secuestros extorsivos en todo el país en los últimos seis meses

La cifra proviene de fiscalías federales de todo el país. Los nuevos hechos son cortos, al voleo y con un alto nivel de violencia. Cómo trabaja la nueva unidad que asiste a los investigadores

Armas, llaves, celulares y chaleco antibalas secuestrado a la banda de “Guchi” Santillán.
Armas, llaves, celulares y chaleco antibalas secuestrado a la banda de “Guchi” Santillán.

Tras algunas balas cruzadas, el odontólogo G.C pudo volver a su casa. Un grupo de cuatro delincuentes lo interceptó mientras circulaba con su Audi A5 blanco por la intersección de San Martín y Laprida, partido de Lomas de Zamora. Los delincuentes, que venían en un Peugeot 308 gris, abordaron el Audi para no detener su marcha: mientras estuvo privado de su libertad, G.C nunca dejó de moverse. El Peugeot seguía detrás como "campana". Mientras tanto, el odontólogo era forzado a pedirle dinero a su familia. El rally subsecuente fue el típico de los secuestros extorsivos en Lomas de Zamora, una de las dos jurisdicciones más calientes del país: primero pasaron por Camino Negro, luego por el puente La Noria. Sin que los delincuentes lo supieran, se activaba el sistema de rastreo satelital Iturán en el Audi del odontólogo, lo que llevó a una intervención de la Policía Federal, con efectivos de la Comisaría 48° y la participación de la DDI de Lomas de Zamora por parte de la Policía Bonaerense, lo que llevó a un operativo cerrojo y un enfrentamiento armado en General Paz y Raba.

Así, G.C fue liberado. El caso quedó a cargo del fiscal federal Sergio Mola; se incautaron pistolas Bersa .9 mm a los cuatro delincuentes, que quedaron detenidos. Ninguno de ellos tenía más de 30 años, algunos eran reincidentes en el delito; todos tenían domicilios en Lomas de Zamora y Lanús Oeste. Maximiliano Maldonado, de 21 años, ya había sido arrestado el 25 de mayo pasado, precisamente por la DDI de Lomas de Zamora. No pudo ser reconocido en la rueda posterior, lo que le garantizó la libertad. Todo esto no es una excepción a ninguna regla. El caso del odontólogo, que tuvo que escuchar amenazas de muerte constantes en la hora que fue privado de su libertad, es básicamente la nueva norma.

El caso del odontólogo fue un cierre caliente de agosto: en el último mes, al menos hasta el día 26 y de acuerdo con cálculos oficiales, hubo 16 raptos por dinero en todo el país. Fue un período particularmente tranquilo, en cierta forma. Marzo fue el pico anual en el delito: hubo 37 hechos. Hubo 14 casos en abril, para repuntar en mayo con otros 25, 18 en junio y 23 en julio. En total, estas cifras oficiales, que provienen de fiscalías federales de todo el país, indicaron al menos 133 privaciones ilegítimas de la libertad en los últimos seis meses.

De acuerdo con estos números, hoy hay más secuestros en la Argentina que el año pasado. La nueva cifra es un aumento claro en la estadística: números de la Procuración General de la Nación indicaron la misma cantidad, 133 casos en el trecho de diez meses entre julio del año pasado y abril de este año, con un promedio de 13 casos por mes. Durante ese período, el 73 por ciento ocurrió en territorio bonaerense; Morón condensó más del 35 por ciento de los casos. Lomas de Zamora, donde fue capturado el odontólogo G.C en su Audi Blanco, representó en los cálculos entregados por el Ministerio Público el 24 por ciento, casi un cuarto de los secuestros del país.

Santos Díaz, jefe antisecuestros de la Federal, baleado en junio por presuntos secuestradores.
Santos Díaz, jefe antisecuestros de la Federal, baleado en junio por presuntos secuestradores.

Sin embargo, estas cifras no ofrecerían un panorama completo: solo reflejan aquellos hechos en que intervino la DICOM, el Departamento de Interceptación de Comunicaciones o la ex "OJOTA", la central de escuchas de la ex SIDE que por varios meses estuvo bajo control de la Procuración con la fiscal Cristina Caamaño a la cabeza. En marzo de este año, el informe presentado por Procuración marcó 23 hechos con intervenciones telefónicas.

La cifra de 133 hechos en los últimos seis meses se contrasta con las presentados por el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que publicó el sitio Chequeado.com. A mediados de junio último, la cartera de Gelly y Obes anunció información recolectada en 26 fiscalías federales bonaerenses y porteñas que en los primeros cinco meses del año hubo 115 secuestros, mientras que en el mismo lapso del año anterior fueron 137. Es decir, hubo una hipotética caída del 16 por ciento.

Cambios

A comienzos de junio último, la procuradora Alejandra Gils Carbó anunció desde el MPF la reactivación de la UFESE, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos. Lo hizo con una reunión sorprendente para la temperatura política: Bullrich y el secretario Eugenio Burzaco respaldaron el lanzamiento junto con los jefes policiales Pablo Bressi y Néstor Roncaglia. La nueva Unidad sería un equipo "permanente y multidisciplinario", aseguró Gils Carbó, para apoyar a los fiscales federales de todo el país que investigan "un delito de gran impacto social que requiere una respuesta rápida y efectiva". La UFESE es hoy encabezada por el fiscal Santiago Marquevich, que, por así decirlo, sabe de secuestros extorsivos: antes de ser destinado a Rosario, actuó como secretario en la fiscalía encabezada por el doctor Sebastián Basso en Morón, uno de los despachos que más secuestros extorsivos resolvió en la historia reciente.

Marquevich comenzó a funcionar como un enlace de colaboración técnica, con apoyo a investigaciones y acceso al aparato del Ministerio Público. Es un punto de contacto para divisiones como la DAC, encargada de compilar y analizar estadísticas criminales y la DOVIC, que trabaja en la contención a víctimas. También, vincula causas a través de puntos en común y articula acciones con la DATIP, que condensa al aparato pericial del Ministerio Público. La nueva Unidad del MPF no solo intervino en el secuestro del odontólogo G.C en Lomas de Zamora; lo hizo en la mayoría de los casos del país desde su reactivación.

Hoy, de acuerdo con fuentes en la Procuración, la Unidad prepara su primer informe trimestral, que será presentado en los próximos días. La tendencia de los actuales secuestros, en los resultados preliminares, se vuelve clara: son principalmente hechos cortos, de dos a seis horas de duración, con víctimas capturadas al voleo, casi siempre sin inteligencia previa.

Los raptos de varios días, típicos en la década pasada, con víctimas ocultas en aguantaderos bajo amenazas de muerte y liberadas tras negociaciones agónicas, ya no se estilan. Los actuales pedidos de rescate tampoco son ambiciosos. Hoy, los secuestradores buscan cobrar rápido y cobrar lo que sea. Una calificada fuente en la Justicia explica: "Antes, la negociación se sostenía en el tiempo, la violencia incrementaba a la par de la exigencia por la plata del rescate. El secuestrador pedía, digamos, un millón. La familia de la víctima recogía lo que podía, el nivel de violencia aumentaba para llegar al millón. Al final, se pagaba la cifra más cercana posible al monto pedido originalmente. Hoy es distinto. La violencia es inmediata. Se pega de entrada para amedrentar, se pide y al final se agarra lo que la familia tenga, sea dinero o no".

El pago en especies, fuera del menú usual de cadenas de oro y relojes, comienza a aparecer con más fuerza en los últimos tiempos. El 28 de agosto, la DDI de San Isidro detuvo en Derqui a seis hombres acusados de participar en el secuestro de un joven de 15 años que fue raptado en la puerta de una disco de Escobar. Por su libertad, sus padres pagaron 10 mil pesos y un televisor.

La información recolectada por UFESE revela, en su mayoría, secuestradores de 20 a 40 años que emplean armas de puño y calibres como . 9 mm. Los reincidentes seriales se ven cada vez menos; muchos son debutantes en la privación ilegítima de la libertad. "Es una suba de categoría, lo ves en los prontuarios. Empiezan con robos, tenencia de arma de guerra y llegan finalmente a participar de un secuestro", explica un reconocido fiscal. Salir a secuestrar es un riesgo, por otra parte: las condenas, con la usual cantidad de agravantes, promedian de 6 a 8 años.

“Tatito” Sánchez.
“Tatito” Sánchez.

Con apenas 18 años de edad, Franco Sánchez, alias "Tatito", cayó el 9 de mayo pasado luego de enfrentarse a tiros con la PFA en la disco Museum en San Telmo. El fiscal Juan Pedro Zoni lo procesó por secuestrar a una familia de gitanos cerca de la cancha de Vélez con armas largas y otros cuatro cómplices para cobrar un rescate de 120 mil pesos. "Tatito" es un claro ejemplo de la teoría del ascenso criminal. Al ser detenido por la PFA, Sánchez tenía cinco pedidos de captura pendientes de cuatro juzgados de menores porteños y un tribunal de Lomas de Zamora, con carátulas como "disparo de arma de fuego", "robo agravado por uso de arma de guerra" y "coacción".

Hay casos en donde los lazos de sangre son clave. A fines de julio, el fiscal Sebastián Basso y la DDI de La Matanza se encargaron de detener a Walter Sebastián Santillán, alias "Guchi", de 27 años, en su casilla de la Villa San Petersburgo. "Guchi" no sería solo el autor material de varios secuestros, sino también el cerebro encargado de la inteligencia y la logística. A Santillán se lo acusó, por ejemplo, de raptar a punta de fusil FAL a un jubilado, su mujer y su nieta de 17 años, una captura hecha al voleo en las inmediaciones del country La Martona en Cañuelas. Fueron liberados tras pagar 15 mil dólares en una negociación corta; la violencia fue tal que el abuelo terminó con una mano quebrada. "Fiorela", el hermano mayor de "Guchi", fue intensamente buscado como su principal cómplice.

“Guchi” Santillán, al ser detenido por la Policía Bonaerense.
“Guchi” Santillán, al ser detenido por la Policía Bonaerense.

Pero, por lo general, la conformación de bandas se vuelve algo caprichoso y heterogéneo. Las bandas parten de zonas como Fuerte Apache, Villa Martelli, La Matanza o la villa Carlos Gardel. Y figuras suelen repetirse. "Los grupos se van mezclando. No siempre actúa la misma banda de forma completa. A veces van unos, otras veces otros. Un tipo puede estar involucrado en tres hechos, en otros tres no está, pero están sus cómplices en otros casos", explica una voz en la Justicia.

A mediados de junio, la violencia armada de las bandas llegó directamente al jefe antisecuestros de la Policía Federal: el comisario Gustavo Santos Díaz recibió un disparo en una balacera de 80 impactos en Villa Martelli que lo envió al hospital Churruca y le costó la vista del ojo derecho. Se individualizó eventualmente a dos responsables, Gustavo Núñez, de 18 años y Carlos Alberto Insaurralde, de 32. Cuando el grupo GEOF derribó su puerta en la precaria pieza trasera de una iglesia evangélica en la calle Las Magnolias de Merlo todavía tenían heridas de tiros frescas en el cuerpo. Fueron acusados entre otros hechos del secuestro de Lucas Coronado, un joven de 29 años que recibió un tiro de Ithaca en un glúteo.

Se trata también de territorios y de rachas: Morón tuvo 11 secuestros en julio y 10 en marzo. En junio, apenas uno. El cambio de gobierno, por así decirlo, también influyó en el esquema. "En marzo, al menos dos secuestros fueron cerca de la nueva casa de la gobernadora Vidal. Después, no hubo más por un tiempo. Que la gobernadora viva en el territorio claramente tiene algo que ver", apunta un funcionario: "San Isidro tiene más prevención municipal, lo que hace que tenga una cantidad muy baja de secuestros, lo mismo Vicente López. Tigre, con su campaña mediática con respecto a sus cámaras de seguridad, bajó los índices". También, el cruce entre Capital y la provincia es una constante: la UFESE contabilizó más de 20 viajes de secuestradores y víctimas a través del puente La Noria en lo que va del año.

En la UFESE, por otra parte, repercutió algo al menos incómodo: la participación de policías en los esquemas: los delincuentes mismos lo dicen en sus indagatorias. Los casos de efectivos que terminaron en la Justicia fueron notorios en el último tiempo. A pedido de Carlos Hernán García, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, el juez Juan Pablo Salas detuvo a Julio Oscar González y Jonathan Ezequiel Cardozo, ambos policías de la Bonaerense. Salas los procesó acusados de robarse el rescate de 40 mil dólares para un secuestro ocurrido en Villa Sarmiento en octubre de 2015. El hermano de la víctima declaró en su contra.

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