Estados Unidos y países de la región respaldan al Gobierno de Bolivia tras varias semanas de protestas

Luego de casi 50 días de bloqueos, protestas y tensión social en Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz recibió en las últimas horas una serie de respaldos internacionales que coinciden en el mensaje de fondo: la defensa del orden constitucional y el rechazo a cualquier intento de alterar el curso democrático del país.

Los pronunciamientos llegaron desde Estados Unidos, 13 países americanos y autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En una declaración conjunta, Estados Unidos y otros países del continente -Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú- manifestaron su preocupación por los efectos de los bloqueos y advirtieron que “los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”.

Los países firmantes también instaron a privilegiar el diálogo y la negociación dentro del marco institucional como mecanismo para resolver las diferencias políticas.

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su apoyo al gobierno boliviano en la 56ª Asamblea General que se desarrolla en Panamá. Durante la sesión inaugural, el presidente panameño, José Raúl Mulino, solicitó la conformación de una misión integrada por cancilleres para visitar Bolivia y acompañar los esfuerzos destinados a preservar el orden constitucional. Asimismo, promovió una resolución de apoyo al país sudamericano dentro del foro hemisférico.

A estas declaraciones se sumaron otras de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como la del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien envió un mensaje a través del canciller Fernando Aramayo. “Espero que cuando regreses a La Paz, le digas a tu Gobierno que cuenta con el apoyo del hemisferio y que tiene la autoridad moral, así como la autoridad institucional bajo su propia Constitución, para abordar esa situación y asegurar, una vez más, que lo que el pueblo elige en las urnas no pueda ser deshecho en las calles”, señaló Landau en el encuentro de la OEA en Panamá.

Durante casi dos meses, Bolivia vivió una de las crisis sociales más severas de los últimos años. Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país impidieron la circulación, golpearon a sectores clave de la economía y provocaron escasez de combustibles, alimentos y otros insumos básicos, especialmente en La Paz, que permaneció sitiada por los conflictos.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz. Más tarde se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Los movilizados exigían la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

El sábado pasado, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la COB y horas después declaró estado de excepción, una medida que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas para despejar puntos de bloqueo. La decisión contribuyó al repliegue gradual de los sectores movilizados y desde el martes no se registra ningún piquete activo en el país.

Aunque todavía no existe una evaluación oficial consolidada, cámaras industriales y entidades vinculadas al comercio exterior calculan que las pérdidas económicas oscilan entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país.