Una ONG alertó por las fallas institucionales en los últimos casos de filicidio registrados en el país

La Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) recopiló una serie de casos recientes de filicidio ocurridos en distintos puntos del país y señaló que, en la mayoría de ellos, decisiones institucionales erradas —por desidia, negligencia o falta de formación— facilitaron desenlaces que podrían haberse evitado. El documento, fechado el 29 de julio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identifica patrones comunes: alertas de maltrato ignoradas, protocolos de revinculación aplicados sin considerar el riesgo real para los niños y ausencia de articulación entre organismos del Estado.

El comunicado describe tragedias individuales y traza una línea directa entre la conducta de los filicidas y las omisiones de quienes debían proteger a las víctimas: juzgados de familia, equipos técnicos, profesionales de la salud y trabajadores sociales. La entidad advierte que esa cadena de fallos no es excepcional, sino recurrente, y que la normativa vigente ya ofrece herramientas para revertirla, aunque permanecen sin aplicarse.

Sobre la base de ese diagnóstico, ASAPMI eleva cuatro reclamos concretos. El primero es la implementación efectiva de la Ley N° 27.709, conocida como Ley Lucio, que establece un plan federal de capacitación obligatoria, continua y permanente sobre derechos de las infancias y adolescencias para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado. El segundo es que el Congreso Nacional declare el 21 de junio como Día Nacional de Concientización y Lucha contra el Filicidio. El tercero es que los legisladores nacionales traten con urgencia el proyecto de ley identificado con el número 1975-D-2026, destinado a prevenir, asistir, sancionar y erradicar el maltrato contra niños, niñas y adolescentes. El cuarto apunta a los medios de comunicación: la organización les pide que aborden los casos de filicidio con idoneidad y que consulten a especialistas antes de emitir opinión.

El texto abre con una cita del músico Luis Alberto Spinetta —“Dame tu luz pequeño ángel / que si te vas se va mi vida / antes que el sol cuelgue sus alas”— como encabezado. Debajo, cuatro casos concretos sostienen el argumento central: el sistema falla antes de que el crimen ocurra.

El primero es el de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia en abril de 2026. Su madre biológica, Mariel Altamirano, y su padre afín, Michael González, se encuentran bajo prisión preventiva. El Cuerpo Forense de Chubut detectó múltiples lesiones internas en la cabeza consistentes con maltrato continuo previo al deceso. Lo que agrava el cuadro, según el parte, es que en noviembre del año anterior un Juzgado de Familia había ordenado la revinculación del niño con su madre biológica pese a las alertas previas de maltrato. La justicia provincial y el organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes avanzan en sumarios internos para determinar responsabilidades institucionales.

El segundo caso descripto tuvo lugar en General Lagos, Santa Fe, en junio de 2026. Horacio Nicolás Colombo, de 46 años, intoxicó con monóxido de carbono a sus dos hijos —Gian, de diez años, y Giulia, de cuatro— y luego se quitó la vida. La madre había radicado una denuncia por violencia de género en febrero de ese año, con restricción de acercamiento hacia ella, pero sin que esa medida alcanzara a los menores. ASAPMI señala que el hecho constituye “muy probablemente un caso de violencia vicaria que se pudo haber evitado” y lamenta que hasta la fecha solo exista una causa penal por doble homicidio seguido de suicidio, sin que se haya avanzado en esa calificación.

El 13 de julio de 2026, en Santa Ana, Misiones, fue asesinado Ilan Mareco Vázquez, de ocho años. Su madre, María Mareco, de 30, quedó imputada. El comunicado reconoce que no dispone de más datos sobre este caso.

El cuarto y más extenso caso es el de Lucía Sosa y su hija Isabella, en Villa Gesell. El historial previo que documenta ASAPMI es extenso: en 2013 murió Candela Milagros, a los cinco meses, con causa atribuida en ese momento a una complicación respiratoria. En 2016 falleció Jazmín Milagros, a los once meses; la autopsia posterior determinó asfixia como causa de muerte, con cocaína en sangre y signos de abuso sexual. Un tercer hijo debió ser internado en terapia intensiva a los 21 días de nacido por un paro respiratorio secundario a intoxicación, aunque sobrevivió.

Tras la muerte de Jazmín, Sosa y su entonces pareja, Héctor Picard, permanecieron prófugos hasta entregarse. Cumplieron dos años de prisión preventiva y fueron absueltos en un juicio oral celebrado en 2018: el tribunal determinó que las pruebas científicas, afectadas por el paso del tiempo y las limitaciones de los análisis sobre cuerpos exhumados, no resultaron suficientes para acreditar un homicidio mecánico. La justicia de familia sí actuó: declaró el hogar un “ambiente de convivencia inconveniente” y retiró a Sosa el cuidado de sus otros cuatro hijos vivos, quienes pasaron por hogares de abrigo y sistemas de adopción.

Lo que ASAPMI cuestiona con mayor énfasis es lo que ocurrió después. Según el documento, diversos testimonios —entre ellos los de abogadas de organismos de infancia y el propio hijo biológico de Sosa— indican que los juzgados de familia insistieron durante años en aplicar protocolos de “revinculación obligatoria”, forzando el contacto entre los niños y su madre pese a las alertas de maltrato físico y a diagnósticos que sugerían la presencia de patologías como el síndrome de Munchausen por poderes.

La entidad menciona también el caso de Thiago Quipildor en Salta como antecedente de condena que incluyó a funcionarios: además del padre y la madre no biológicos, recibieron sentencia dos psicólogas, dos trabajadoras sociales y un médico por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, con penas de ejecución condicional e inhabilitación profesional.

ASAPMI también demanda que los organismos nacionales, provinciales y municipales asignen partidas presupuestarias específicas para capacitación, entrenamiento y supervisión de los equipos que intervienen en situaciones de maltrato infanto-juvenil. El comunicado cierra con una afirmación que atraviesa todos los hechos descritos: “en la gran mayoría de los casos, las intervenciones institucionales adecuadas, idóneas y oportunas hubieran evitado la muerte” de los niños, niñas y adolescentes involucrados.