
Después de semanas con una polémica instalada en el Municipio de Funes, en la provincia de Santa Fe, la dirección de Vialidad Nacional decidió eliminar las conexiones ilegales que se detectaron en la Autopista Rosario-Córdoba y que apuntaban contra un empresario hotelero.
Según pudo saber Infobae, la medida se llevó a cabo porque estas salidas estaban en lugares no autorizados y que representaban un peligro para la seguridad vial. En ese sentido, señalaron que con estas conexiones se permitían maniobras “desde una autopista de alta velocidad sin carriles de aceleración ni desaceleración, sin señalización adecuada, sin canalización de movimientos y sin las condiciones de visibilidad exigidas por la normativa técnica vigente”.
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El caso involucra al Hotel Sol de Funes, cuyo propietario, Néstor Rozín, se convirtió en el centro de la controversia tras reclamar públicamente que invirtió en maquinaria y materiales para reparar la colectora de la autovía y tapar baches. Esa versión, sin embargo, chocó con la postura del organismo estatal, que precisó que la intimación no apuntaba a esos arreglos, sino a una bajada clandestina construida a la altura del kilómetro 307 de la vía que une Rosario con Córdoba, y que desembocaba directamente frente a su establecimiento.
Rozín explicó ante RTS Medios que la situación en la colectora era insostenible: “Estábamos padeciendo el problema de la calle, del camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos de cantidad de gente y además por la importancia y relevamiento de la gente que venía, ya no aguantaba más”. Ante la falta de respuesta de las autoridades, el empresario recurrió a trabajadores que operaban maquinaria en un supermercado cercano y a conocidos que disponían de piedras traídas desde Córdoba. “Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar. Después nos dieron el consentimiento para continuar con la obra”, afirmó.
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Rozín sostuvo que realizó reclamos ante Vialidad Nacional, ante la empresa contratista del peaje y ante la municipalidad local, sin obtener solución. Lo que no aclaró fue la existencia de la salida no autorizada, que el organismo estatal identificó como el núcleo del conflicto.
Desde Vialidad confirmaron a este medio que la intimación estuvo dirigida exclusivamente a esa conexión ilegal, y no a los trabajos de reparación de la colectora. En tanto, precisaron que el titular del emprendimiento fue advertido en reiteradas oportunidades sobre la irregularidad, pero que en cada instancia respondió que no había ejecutado la intervención. Pese a esa negativa, en la zona no existe otro establecimiento que se vea beneficiado por esa salida: el hotel es el único destinatario directo del acceso clandestino.
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Mediante carta documento, Vialidad Nacional había requerido previamente al titular del emprendimiento la eliminación de las conexiones y la restitución de las condiciones de seguridad. Al no obtener una respuesta satisfactoria, ambas entidades desmantelaron las salidas ilegales.
Un dato que ilustra la escasa necesidad práctica de la salida ilegal es la distancia a la que se encuentra el acceso habilitado más próximo: a apenas mil metros de la bajada clandestina existe una conexión oficial que cruza con la Ruta Provincial 34, por lo que el recorrido alternativo por la colectora no supera los dos minutos.

Respecto a los trabajos realizados por Rozín en la colectora, desde el organismo estatal solicitaron que se informe con precisión sobre las intervenciones efectuadas, con el fin de incorporarlas a la planificación de futuras obras en el tramo.
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El conflicto también derivó en una disputa adicional por un poste de luz de media tensión ubicado en el lugar. Según pudo saber Infobae, Vialidad reclamó que el empresario instaló un portón eléctrico en ese punto. Si bien Rozín indicó que intentará reubicar la estructura, la responsabilidad de ese traslado recae sobre la empresa prestadora del servicio eléctrico.
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