Filmaron a un nene jugando al borde del precipicio y a una mujer tirando piedras en el edificio del Boulevard San Juan. La secuencia fue grabado en la mañana del martes en el edificio de la esquina con San José de Calasanz.
La viralización de un video que mostró a un niño en una zona de alto riesgo dentro de “La Mole”, el edificio abandonado de Bv. San Juan y San José de Calasanz en el barrio Observatorio de Córdoba, impulsó un operativo en el que las autoridades desplegaron un importante dispositivo y decidieron el desalojo de unas 20 personas que ocupaban el inmueble de manera ilegal. La intervención, que tuvo lugar en la tarde del martes, involucró a la Policía de Córdoba, personal de diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba y miembros de la Policía Judicial.
La difusión en redes sociales de imágenes de un menor situado a ocho pisos de altura, sin protección alguna, motivó la reacción de las fuerzas de seguridad y organismos municipales. El edificio, conocido como “La Mole”, había sido escenario de denuncias de vecinos por situaciones peligrosas y episodios de inseguridad vinculados con la presencia de personas en situación de calle y ocupantes irregulares.
Durante el procedimiento, efectivos policiales y personal municipal identificaron a 19 personas dentro del inmueble y procedieron al secuestro de ocho perros, que luego fueron trasladados al Predio de Sanidad Animal de la Municipalidad de Córdoba, en Bouwer. Allí, los animales recibirán atención veterinaria y cuidado, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección de Fauna Doméstica del ente BioCórdoba.
Las autoridades activaron el protocolo de salud mental para tres mujeres de 44, 45 y 71 años. Además, la Secretaría de Desarrollo Social municipal brindó asistencia a otras personas desalojadas, quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad.
La Fiscalía de Distrito 1 Turno 5, a cargo de la fiscal Celeste Blasco, intervino con las medidas judiciales correspondientes. Desde la Justicia, se señaló que el edificio presentaba “una grave falta de higiene y mantenimiento general, observándose acumulación de suciedad, residuos y condiciones de abandono”.
El informe judicial también advirtió sobre la “inexistencia de instalaciones sanitarias” y la ausencia de “servicios básicos de saneamiento así como tampoco instalaciones destinadas a la provisión de agua, lo que impide garantizar condiciones mínimas de salubridad, higiene y funcionamiento normal de un espacio habitable”. Los técnicos concluyeron que el edificio no es habitable y representa un peligro para la integridad y salud de las personas.
El operativo se desarrolló en medio de tensión, ya que hacia las 10:15 del miércoles, algunos de los ocupantes intentaron realizar una protesta en la vía pública e intentaron cortar parte de la calzada de Bv. San Juan, además de amagar con la quema de neumáticos. La acción fue frenada por la Policía de Córdoba, que impidió el avance del piquete.
Luego de negociaciones, los desalojados comenzaron a ingresar en grupos reducidos para retirar sus pertenencias. Entre ellos se encontraba una mujer embarazada. Durante el operativo, arribó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien explicó que la Justicia realizaba una inspección ocular para completar el procedimiento y permitir la salida de los ocupantes.
En declaraciones recogidas por El Doce, Quinteros indicó: “La Justicia está haciendo una inspección ocular para sacar las pertenencias de los okupas. Esperamos la orden de la fiscal Blasco para desalojar a los que quedan. No podemos permitir que este lugar sea habitado por menores ni que sea un refugio para delincuentes”.
La provincia decidió iniciar la construcción de un muro de material alrededor del edificio abandonado para impedir futuros ingresos. La medida comenzó a ejecutarse el mismo miércoles, en paralelo con la salida de los ocupantes y el retiro de sus pertenencias.
La investigación judicial sigue su curso mientras el edificio permanece bajo custodia y avanza el cierre definitivo para evitar nuevas ocupaciones. El operativo, que involucró a fuerzas de seguridad, organismos municipales y judiciales, dejó a la vista las condiciones de inhabitabilidad del inmueble y la decisión de la Provincia de evitar que vuelva a ser ocupado.
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