La muerte de Liam Payne: será la justicia porteña quien juzgue a los dos acusados de haberle dado cocaína

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 será el encargado de juzgar a los dos acusados por la entrega de estupefacientes a Liam Payne, el ex One Direction que falleció al caer del balcón de su habitación del Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo el 16 de octubre de 2024 en medio de una crisis de salud mental alimentada por el consumo de cocaína y alcohol.

La resolución del TSJ zanja un extenso conflicto de competencia que enfrentó a la justicia nacional y local sobre quién debía llevar el caso.

La causa arranca con la acusación al camarero Braian Paiz y al ex empleado del hotel Ezequiel Pereyra: según la imputación, ambos entregaron drogas a cambio de dinero a Payne durante la estadía del cantante en el hotel de Palermo.

La muerte de Payne abrió la causa por el supuesto suministro oneroso de estupefacientes por parte de Paiz y Pereyra y recayó originalmente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, que procesó al camarero y al empleado.

La causa contra Paiz y Pereyra fue elevada a juicio, pero aquí surgió la controversia: el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 se declaró incompetente, argumentando que no le correspondía la materia, y el expediente migró a la órbita judicial porteña.

Al arribar a la justicia de la Ciudad, la fiscalía local opinó que no debía aceptar la competencia debido a que la investigación nacional se encontraba avanzada y, además, si se revocaba el sobreseimiento del manager Rogelio Nores (que está en la Cámara), los hechos investigados volverían a estar vinculados.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 decidió aceptar la competencia, pero esa decisión también fue objetada y la Sala II de la cámara local terminó rechazando esa atribución.

El debate escaló hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, que debió dictaminar sobre el conflicto. La posición de quien era el Fiscal General Adjunto y hoy es Fiscal General, Martín López Zavaleta, resultó clave: sostuvo ante el TSJ que correspondía a la justicia local investigar y juzgar el suministro oneroso de estupefacientes, postura que finalmente validó la mayoría del tribunal.

En sus fundamentos, la jueza Inés Weinberg destacó que las partes no discutían ni la calificación legal —la provisión de drogas a cambio de dinero— ni que esa infracción está dentro de la jurisdicción de la Ciudad. El único eje de discusión era si el grado de avance de las actuaciones en la justicia nacional debía pesar a la hora de definir competencia. Weinberg citó antecedentes previos: “La remisión de la causa al Tribunal Oral impide considerar al grado de avance de las actuaciones como factor de atribución de competencia”.

La jueza Alicia Ruiz y el juez Luis Lozano coincidieron en que no existían dudas sobre el tipo penal ni sobre qué fuero debía intervenir.

La minoría, integrada por los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, propuso el criterio opuesto: argumentó que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 debía mantener el caso por razones de eficiencia, ya que la instrucción y parte del juicio ya se encontraban avanzados en el fuero nacional.

La decisión impacta directamente en el futuro inmediato de los acusados, ya que el TSJ ordenó remitir toda la documentación al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, instruyendo a la secretaría judicial que lo comunique formalmente a las partes. Este traslado define, al menos por ahora, en qué tribunal se sentarán en el banquillo Paiz y Pereyra por la provisión de estupefacientes que terminó con la muerte de Payne.

El caso Nores

Roger Nores, el principal contacto de Liam Payne en Argentina, había sido acusado por el fiscal Andrés Madrea del delito de abandono de persona seguido de muerte. Luego, fue procesado por la jueza Laura Bruniard por el delito de homicidio culposo. Finalmente, fue sobreseído en segunda y tercera instancia por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y, después, por Casación.

Ahora, Roger Nores enfrenta una apelación más en su contra. El 11 de junio último, el fiscal de cámara Joaquín Gaset logró que la sala de turno de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Pablo Jantus, admita un recurso de queja. Fue para analizar la segunda imputación realizada contra Nores por el fiscal Madrea.

Fue Madre a quien los forenses le presentaron el informe de la autopsia, donde el análisis toxicológico de Payne reveló 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre; y pidió el análisis de 800 horas de videos de cámaras de seguridad.

Con eso, el fiscal le imputó al empresario el delito de suministro y/o facilitación de sustancias estupefacientes. Eso es lo que pide Gaset que sea analizado ahora.