
Un fallo judicial de alto impacto sacudió el entramado del narcotráfico en Paraná. El juez Federal Nº1, Leandro Ríos, procesó este jueves a 14 personas, entre ellas Daniel Andrés Celis, alias “Tavi”, por integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes bajo modalidad agravada.
La maniobra ilegal involucraba la participación de tres o más personas en forma organizada y la utilización de una menor con fines de ingreso y distribución de drogas en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
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La resolución judicial, según informó el portal Ahora, describe una estructura criminal cuyo máximo responsable es Daniel Andrés Celis, actualmente de 49 años y alojado en la penitenciaría de Paraná.
Las acusaciones recayeron también sobre familiares, colaboradores directos y personas vinculadas al flujo financiero derivado de la venta tanto de marihuana como de cocaína en diferentes puntos de la ciudad.
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La investigación, impulsada desde mayo de 2024, estuvo en manos de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos y fue sostenida por tareas de inteligencia y escuchas telefónicas. El caso expuso el rol que algunos detenidos mantenían en la coordinación de las operaciones, gestión de fondos y ocultamiento logístico, independientemente de su lugar de residencia o detención.
La pesquisa judicial estableció que Celis actuaba como el principal organizador y estratega de las actividades delictivas, a pesar de estar cumpliendo condena.
De acuerdo con la resolución, “impartía órdenes directas, coordinaba encuentros y diagramaba operaciones desde el interior de la Unidad Penal Nº1”. Esta modalidad le permitió mantener el control sobre el movimiento de estupefacientes fuera y dentro de la cárcel, valiéndose incluso de una menor de edad para facilitar ingresos y ventas.
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El fallo describe una organización con colaboradores jerarquizados. Entre ellos destaca la figura de Teuco Román Celis, hijo del líder, quien cumplía funciones asistenciales y operativas: asistente, repartidor y proveedor en distintos puntos de venta.
Y siguen en importancia Carlos Correa y Marcos Correa, responsables colaborativos y encargados de tareas de suministro. Otros partícipes, como Pablo Ruiz Díaz y Magali Páez, aportaban en la fracción, traslado y comercialización del material.
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En otro nivel de la estructura colaboraban Nicolás Lencina y Rita Espíndola (pareja de Celis). El juzgado identificó además a Carla Garay por su papel en la administración de los fondos: en su vivienda se incautó una máquina contadora de billetes, herramienta vinculada directamente al movimiento financiero clandestino de la red.

La magnitud económica del negocio quedó demostrada en las billeteras virtuales y cuentas bancarias asociadas a los principales implicados.
Según la resolución, la cuenta de Mercado Pago de Celis recibió más de 72 millones de pesos en movimientos entre octubre de 2024 y octubre de 2025, con transferencias elevadas y sin justificación lícita.
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En paralelo, Teuco Román Celis acumuló más de 50 millones de pesos en el mismo periodo, confirmando la extensión del circuito económico ilegal. Estos movimientos superan ampliamente los ingresos legales documentados por los imputados, lo que refuerza el carácter sistemático y profesional de la organización.
Los 22 procedimientos realizados el 23 de octubre de 2025 arrojaron un saldo de 1.342,61 gramos de marihuana y 235,28 gramos de cocaína secuestrados, drogas listas para su distribución. Además, se confiscaron 8.422.050 pesos y una cantidad significativa de dólares en efectivo, balanzas de precisión, bolsas, recortes de nylon, armas de fuego (una de ellas con numeración limada) y una máquina contadora de billetes. También se incautaron dispositivos electrónicos que demandarán análisis digital forense.
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Durante el proceso, se comprobó que los acusados contaban con información anticipada sobre los operativos dispuestos por el Juzgado Federal N° 1, lo que les permitió descartar droga y dinero en efectivo antes de los allanamientos planificados. El hecho motivó una denuncia contra quienes puedan haber brindado datos confidenciales, por la eventual violación de secretos internos del Poder Judicial, según especifica la documentación oficial.
El juez Leandro Ríos entendió que existen pruebas contundentes sobre la asociación ilícita, la venta organizada de estupefacientes y la utilización de canales financieros alternativos para el lavado de activos. Ante la gravedad y la logística demostrada, el magistrado confirmó la prisión preventiva de la mayoría de los imputados, justificando el riesgo procesal y la eventual fuga como uno de los principales argumentos.
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La lista completa de procesados incluye a Daniel Andrés Celis, Teuco Román Celis, Magali María Cristina Páez, Pablo Maximiliano Ruiz Díaz, Walter Alfredo Ríos, Enzo Facundo Hernán Zárate, Rita Elisabet Espíndola, Evelyn Eliana Centurión, Carla Alexia Garay, Roxana Elisabet Martínez, Nicolás Daniel Lencina, Bautista Nicolás Ruiz Díaz, Carlos Cesario Alejandro Correa y Marcos Valentino Correa. La resolución informa que Magali Páez y Rita Espíndola continuarán bajo arresto domiciliario por decisión del tribunal.
El juez aplicó embargos preventivos sobre los bienes de los imputados por montos millonarios: 9.360.000 pesos para Daniel Celis y 7.020.000 pesos para la mayoría de los demás procesados, cifras acordes a la operatoria detectada y la magnitud del daño causado.
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