Los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron este martes una jornada de paro y movilización en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley N° 27.796 de emergencia sanitaria pediátrica, sancionada recientemente en el Congreso tras el rechazo al veto presidencial. La protesta se intensificó en las primeras horas del día, luego de conocerse la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, acompañada de un decreto que suspende su entrada en vigor hasta que el legislativo determine la asignación presupuestaria correspondiente. Esta decisión oficial provocó un fuerte rechazo entre los gremios del hospital, quienes sostienen que la postergación agrava la crisis en la atención infantil.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Garrahan, expresó que la noticia sobre el decreto llegó mientras se iniciaba el paro en el hospital. “Nos enteramos de la promulgación y el decreto que plantea incumplir la ley mientras se iniciaba el paro en el hospital. No nos sorprende; sabíamos que el gobierno iba a replicar en el Garrahan y en la Universidad lo mismo que implementó en discapacidad. Esta dilación no es gratuita, porque mientras pasan las semanas llegan nuevas renuncias y los problemas en la atención se multiplican”, declaró Lipcovich, cuyo sindicato encabeza hoy la demanda por una respuesta efectiva a la “crisis sanitaria”.
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La medida de fuerza incluye una concentración prevista para esta tarde en la Plaza de Mayo, articulada junto a docentes, estudiantes universitarios y organizaciones vinculadas a la emergencia en discapacidad. Según Lipcovich, esta unidad de reclamos es la vía para lograr la puesta en marcha de la Ley N° 27.796 y “terminar con la política motosierra de Milei”. El anuncio de la movilización fue acompañado por la convocatoria a nuevas asambleas, paros y mayor articulación sindical para visibilizar la urgencia de la situación.
La norma promulgada, la Ley N° 27.796, establece la emergencia sanitaria y de las residencias nacionales en salud pediátrica por un año en todo el territorio argentino, teniendo al Garrahan como institución de referencia. Entre sus disposiciones prevé la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, infraestructura, vacunas y personal esencial, además de proponer una recomposición salarial inmediata para quienes trabajan con población pediátrica. La ley también determina la exención del impuesto a las ganancias sobre guardias, horas extras y actividades consideradas críticas en efectores públicos y privados.
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El texto oficial, publicado en el Boletín Oficial mediante el decreto 759/2025, indica que la aplicación de la ley queda suspendida hasta que el Congreso determine las partidas presupuestarias necesarias, lo que generó múltiples cuestionamientos por parte de las asociaciones gremiales y profesionales. El decreto referencia las dificultades fiscales: el costo estimado para implementar la legislación asciende a $196.270.000.000, una suma que, de acuerdo a lo mencionado por el Ejecutivo, supera la actual capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, el cual registraría un déficit de $102.400.000.000. Se argumenta que una reasignación de tal magnitud “equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida”.
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) también convocaron a una protesta a las 20.30 horas en repudio al “atropello autoritario” del gobierno. En un comunicado, la APyT manifestó que denunciará penalmente a los integrantes del poder ejecutivo y pedirá que el Congreso promueva un juicio político contra el presidente Javier Milei y parte de su gabinete, exigiendo a su vez que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un paro nacional. “Si no lo hace, desde la semana que viene vamos a empezar a trabajar para convocar -junto a los gremios, federaciones y organizaciones dispuestas- a construir un paro nacional desde abajo, autoconvocándonos ante la ausencia de la CGT”, señala el texto difundido.
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Ambos decretos oficiales destacan que el Congreso de la Nación no especificó con suficiente precisión la fuente de financiamiento para los gastos que demanda la ley, en supuesta violación a la Ley N° 24.156, por lo que la ejecución de la normativa está supeditada a futuras decisiones presupuestarias. Así, la definición respecto de la viabilidad de la emergencia sanitaria pediátrica recae nuevamente en la agenda parlamentaria y mantiene tensiones entre los distintos poderes del Estado y los movimientos sindicales que reclaman soluciones inmediatas ante una situación crítica en el principal hospital pediátrico del país.
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