Un deudor alimentario fue interceptado este fin de semana cuando intentaba asistir al partido que Boca disputó en La Bombonera ante Central Córdoba de Santiago del Estero. De esta forma ya son 31 los morosos que no pudieron ingresar a espectáculos deportivos y recitales organizados en la Ciudad de Buenos Aires desde el mes de marzo. Inspectores del gobierno porteño desplegaron controles en estadios y lugares de concurrencia masiva, amparados en un sistema que identifica a quienes incumplen sus obligaciones familiares. La estrategia busca hacer efectiva la exclusión de quienes adeudan cuotas alimentarias y visibilizar, además, el impacto social de esta problemática.
Según declaraciones del gobierno porteño, la cifra parcial incluye a deudores oriundos de diferentes jurisdicciones, mientras que la decisión de impedirles la entrada responde a la aplicación directa de las disposiciones vigentes en la ciudad.
Desde marzo, la administración porteña implementa controles en partidos de alto flujo, como el encuentro donde Los Pumas enfrentaron a los All Blacks en el estadio José Amalfitani de Liniers. Los recitales no quedaron excluidos: hubo verificaciones en conciertos de Lali Espósito en Vélez, de Don Osvaldo en el estadio All Boys y de Los Piojos en el Monumental. Los responsables resaltaron que este despliegue apunta a desalentar el incumplimiento de deberes alimentarios aplicando restricciones en eventos públicos de gran escala, según una comunicación oficial difundida por la administración de la ciudad.
Según la información compartida con Noticias Argentinas, los controles realizados ya permitieron identificar a 16 deudores provenientes de la provincia de Buenos Aires, seis de Capital Federal, cuatro de Neuquén, tres de Salta, uno de Córdoba y otro de Entre Ríos. El operativo abarcó un total de 48 inspecciones desde que entró en vigencia en la jurisdicción porteña el refuerzo de mecanismos de exclusión en actividades masivas.
El control se apoya en la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), en el cual actualmente hay cerca de 3.000 personas identificadas en Buenos Aires. El registro nacional, en tanto, acumula más de 11.500 deudores. El gobierno de la ciudad mantiene convenios de intercambio de información con 13 provincias, lo que permite cruzar datos e impedir la circulación de morosos provenientes de distintas jurisdicciones, sin importar dónde se haya dictado la medida judicial.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, subrayó que en la Ciudad de Buenos Aires "se busca dejar en claro que las obligaciones se cumplen sin excepción“, según citó la agencia NA. Para los deudores que figuran en el registro, las restricciones no se limitan al acceso a espectáculos. Entre las consecuencias, no pueden acceder a tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni formalizar créditos en el Banco Ciudad. Además, están impedidos de recibir asignación de viviendas sociales proporcionadas por la ciudad o acordadas con el gobierno nacional, y no tienen la opción de postularse a cargos electivos dentro del territorio porteño.
Tampoco pueden inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos mientras persista la deuda, ni participar en concursos o ser designados como magistrados o funcionarios judiciales. Dentro de la administración porteña, se impone la obligación para escribanos de registrar y notificar cualquier transferencia de bienes en nombre de personas con antecedentes en el RDAM.
La aplicación de esta política fue confirmada, además, en el partido entre la selección Argentina y Brasil realizado meses atrás, cuando según informó Infobae, tres responsables de moras alimentarias fueron detenidos en los accesos antes de iniciar el evento, en el marco de los procedimientos preventivos implementados por los organismos porteños.
El comunicado oficial del gobierno de la ciudad remarca que la exclusión del acceso afecta a quienes intentan ingresar a cualquier espectáculo cultural pago con capacidad superior a 5.000 asistentes, como parte de una batería de sanciones que incluyen la prohibición de transferencias comerciales y la inhabilitación para ser matriculados en colegios profesionales mientras no regularicen su situación.
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