Un escándalo sacudió a la delegación del PAMI en la ciudad rionegrina de El Bolsón el miércoles 18 de junio, cuando el coordinador y cuatro empleados administrativos decidieron no abrir las puertas al público en “solidaridad” con la marcha en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Ante esta medida, decenas de adultos mayores quedaron sin atención en medio del frío patagónico y, fuentes del PAMI, confirmaron a Infobae, que evalúan suspensiones o despidos del personal involucrado, algo que confirmarán durante esta jornada.
La decisión de los trabajadores de la obra social de los jubilados generó una fuerte reacción, tanto en la comunidad local como en las autoridades nacionales.
Los empleados de la delegación del PAMI de El Bolsón, que también atiende a afiliados de localidades cercanas, optaron por sumarse simbólicamente a la convocatoria. “18/06 Paro nacional” se leía en los carteles ubicados en el vidrio de la puerta y ventanas del lugar, en referencia a la movilización de miles de personas en Plaza de Mayo para reclamar por la situación judicial de Cristina Kirchner.
Seis días atrás, una vecina de El Bolsón que trabaja en el cuartel de Bomberos -llamada Miriam- denunció, a través de un escrito, que se hizo viral en redes. En su testimonio describió cómo, “esa mañana fría de junio”, salió temprano junto a su madre de 89 años para realizar gestiones en la delegación local de PAMI. “Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”, escribió.
En su texto, la vecina reconocía el derecho legítimo de los trabajadores a realizar medidas de fuerza, pero advirtió: “¿Qué pasa cuando ese derecho choca de frente con las necesidades vitales de otros? ¿Dónde queda el Estado presente cuando ni siquiera hay una guardia mínima para atender situaciones urgentes?”. Y añadió: “No hablamos de comodidad, hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizan su día para resolver trámites impostergables”.
Auditoría y la respuesta del PAMI
Ante esta situación inédita, una auditoría interna realizada por las autoridades locales del PAMI constató que los trabajadores se encontraban dentro de las instalaciones durante la jornada, pero no atendieron a ningún afiliado ni despacharon trámite alguno.
Este accionar motivó la intervención del departamento de legales del organismo, que conduce Esteban Leguizamo, y la apertura de un expediente administrativo para investigar lo sucedido.
Desde la sede central del PAMI confirmaron que el expediente podría derivar en sanciones de diversa gravedad para el coordinador y los cuatro empleados involucrados, incluyendo suspensión o expulsión.
La repercusión política
La reacción del oficialismo no se hizo esperar. Lorena Villaverde, diputada y referente de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, expresó su repudio a lo ocurrido. “Ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”, declaró Villaverde.
El PAMI, bajo la conducción de Esteban Leguizamo, cuenta este año con un presupuesto reforzado que, tras una actualización, alcanza los casi 5 billones de pesos ($4.911.595.518.311).
La red de atención incluye más de 600 Agencias de Atención —la mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima— y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). Estas últimas, conocidas como “regionales”, administran montos de dinero que varían según la cantidad de afiliados por población, a diferencia de las delegaciones, que ni siquiera disponen de “caja chica”.
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