Investigan una denuncia por violencia de género en la Universidad Nacional de Córdoba

“Cinco varones me quieren aplastar la cabeza por mi condición de mujer y me lo han dejado claro”, denunció la directora general de Sumarios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en un caso que ha escalado hasta la Justicia de Córdoba y que involucra a funcionarios de alto rango de la casa de estudios. La funcionaria presentó la denuncia hace un año en la Mesa de Entrada de Denuncias por Violencia Familiar y de Género, tras un año y medio de intentar, sin éxito, que las autoridades universitarias intervinieran para resolver la situación de acoso laboral que asegura haber sufrido.

La denuncia de la directora de Sumarios se enmarca en un contexto de disputa interna dentro de la dependencia encargada de investigar inconductas en el ámbito universitario. El expediente judicial, actualmente en trámite, detalla que la denunciante habría sido víctima de persecución laboral, hostigamiento, humillaciones, burlas, maltratos psicológicos, desprestigio, intimidación, invisibilización y discriminación por edad, todo bajo la modalidad de violencia de género. Los señalados en la denuncia son un secretario y un subsecretario de altos mandos jerárquicos, junto a tres empleados bajo su órbita, reveló este viernes La Voz.

En paralelo a la denuncia de la directora, un grupo de empleadas de la misma dependencia presentó una acusación administrativa contra ella por acoso laboral. Esta situación complejizó aún más el conflicto, que se ha convertido en un sumario con acusaciones cruzadas y que ha requerido la intervención de nuevos abogados sumariantes. La prosecretaria general, Paola Campitelli, afirmó que el procedimiento avanza en tiempo y forma, con declaraciones a los involucrados y testigos, y que el proceso se encuentra cerca de su etapa final.

“El proceso se encuentra cerca de su etapa final”, lo que refleja la inminencia de una resolución en este complejo caso de acoso laboral y violencia de género.

Los hechos relatados por la directora de Sumarios habrían ocurrido durante 2022 y 2023. En octubre de 2023, la funcionaria presentó un manifiesto, un instrumento de registro similar a una exposición policial, que permite la intervención administrativa del equipo del Plan de Acciones sin constituir una denuncia formal. Dos meses después, la denunciante se reunió con el rector Jhon Boretto para informarle sobre el conflicto, lo que derivó en la intervención de la Subsecretaría Legal y Técnica.

La directora de Sumarios expresó que la creación de la Subsecretaría Legal y Técnica fortaleció la posición de los hombres denunciados y representó, en su opinión, un golpe institucional a la democracia universitaria, ya que la Dirección de Sumarios es el único órgano con competencia para determinar sobre conductas irregulares. En abril de 2024, una resolución rectoral dispuso medidas restrictivas para la directora y los demás involucrados, dividiendo al grupo en dos para evitar que compartieran espacio o comunicación hasta que concluyera la investigación.

En su denuncia, la directora relató que, tras reiteradas comunicaciones a su superior jerárquico, se estableció un cronograma de presencialidad alternada para evitar el contacto entre los grupos enfrentados. Sostiene que esta medida no resolvió la situación y que, por el contrario, agravó la violencia de género que experimentaba, al humillarla, degradarla e invisibilizar sus funciones como directora. Entre las frases que, según la denunciante, le dirigieron los acusados, figuran: “Vas a ser sumariada”, “No hacés bien tu gestión”, “La autoridad no te quiere en el cargo” y “Te conviene que te vayas”.

“La autoridad no te quiere en el cargo” es una de las frases que, según la denunciante, le dirigieron los acusados, evidenciando el clima hostil y de presión en el entorno laboral.

El inicio del hostigamiento, según la directora, se produjo cuando uno de los empleados a su cargo le preguntó cuándo se jubilaría y le manifestó su interés en ocupar su puesto. A partir de ese momento, la funcionaria percibió una falta de respeto a su autoridad, burlas y descalificaciones, a las que se sumó otro empleado con llegada al rectorado. Este último, señala, le advirtió que mientras ella permaneciera en el cargo, el diálogo con la autoridad estaría cortado y que todas sus solicitudes serían rechazadas, situación que, según su testimonio, se ha mantenido y profundizado.

La directora también relató que, al solicitar a una de las principales autoridades de la UNC el apartamiento de un empleado por falta de confianza, recibió como respuesta que debía aprender a manejarse con los diferentes caracteres de las personas a su cargo. Fuentes cercanas a los funcionarios señalados niegan las acusaciones y sostienen que debe investigarse el desempeño de la directora más allá de los últimos años.

La denunciante manifestó que el Plan de Acciones, coordinado por la Unidad Central de Políticas de Género, la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, solo recibió su denuncia sin tomar medidas posteriores. Ella atribuye esta falta de acción al poder y los cargos que ostentan los denunciados dentro de la estructura universitaria.

El caso se desarrolla en el marco de una política institucional que proclama a la UNC como un espacio libre de violencia y discriminación por motivos de género, raza, ideología, opinión pública o pertenencia a comunidades o grupos minoritarios. Los hechos denunciados ocurrieron en la Dirección General de Sumarios, área encargada de investigar denuncias y recabar pruebas sobre posibles infracciones administrativas en la universidad.

En 2019, la UNC creó la Unidad de Investigaciones de Denuncias de Violencia de Género y Acoso dentro de la Dirección General de Sumarios, con el objetivo de agilizar los procesos de investigación en estos casos. La responsable de esta unidad también denunció internamente a algunos compañeros por acoso laboral y extendió la acusación a funcionarios por no articular una respuesta adecuada.

Esta segunda denunciante relató que el hostigamiento y la descalificación comenzaron después de que acusara a un abogado por un presunto hecho de violencia de género durante una audiencia en 2022. Según su testimonio, uno de sus compañeros realizó comentarios como “tiene muchos problemas emocionales” y “tal vez le haga falta un novio”, además de expresiones de índole sexual. La denunciante afirmó que la situación le generó angustia, ya que el abogado en cuestión tenía influencia y prometió recusarla. Finalmente, cuando en 2023 se hizo pública la acusación de acoso laboral contra el padre de ese abogado, la funcionaria decidió presentar la denuncia.

El proceso judicial se tramita en los juzgados de Gestión Asociada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, donde se desarrollan todas las instancias legales correspondientes.