Un jefe de Policía de Santa Fe y otros seis alternos fueron imputados y quedaron detenidos bajo prisión preventiva por aplicar torturas físicas para obtener información durante un procedimiento policial ilegal en Rosario.
Se trata de Miguel Alberto Aguilar, quien se desempeñaba como titular de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe. Él fue acusado de ser coautor de los delitos de omisión de evitar torturas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integración en una asociación ilícita.
Los otros involucrados fueron identificados como Jesús Ángel Balais, Guillermo David Toledo, Fernando Nicolás Ferreira, Iván Severino Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo. Sobre ellos, recaen cargos similares en carácter de coautores.
El incidente en cuestión ocurrió el 13 de agosto de 2024 en el barrio Azcuénaga, cuando un grupo de policías provinciales, bajo el mando de Aguilar, realizó un allanamiento sin contar con una orden judicial. Durante el operativo, los agentes habrían robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos Según el planteo de la Fiscalía, estos elementos fueron sustraídos con el fin de lucrar con el narcotráfico.
El fiscal federal Javier Matías Arzubi Calvo, quien supervisó la investigación, describió la situación como un abuso de poder grave. De acuerdo con su acusación, Aguilar no solo permitió que se llevaran a cabo actos ilegales bajo su supervisión, sino que participó activamente en la obtención de datos mediante la tortura de los detenidos.
En su argumentación, la fiscal María Virginia Sosa calificó a Aguilar como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”, haciendo énfasis en su rol crucial para la ejecución de los hechos delictivos. Desde su punto de vista, el método utilizado por los policías para obtener información sobre el proveedor de drogas al que se referían como “pez gordo” consistió en amenazas, golpes y la utilización de una picana eléctrica sobre los cuerpos de los detenidos.
A su vez, detallaron cómo, una vez obtenida la información sobre el proveedor, se realizó otro allanamiento ilegal en una propiedad ubicada en Forest al 5600 de Rosario, en el que los agentes involucrados se desplazaron sin orden judicial ni justificación, utilizando vehículos oficiales y actuando de manera clandestina. En este segundo operativo, también se sustrajeron más armas y drogas.
Además de las torturas físicas, las víctimas declararon que los policías revisaron sus teléfonos móviles sin su consentimiento y amenazaron a sus familias para intentar obtener más información. “Nos pegaron y picanearon”, dijo una de las personas que fueron detenidas ilegalmente y añadió que el dolor fue tan intenso que “lloraban y gritaban”, mientras los policías continuaban con las descargas eléctricas.
En otro testimonio clave, un testigo narró cómo varios patrulleros fueron desplegados durante el procedimiento y cómo los agentes actuaron sin piedad, exhibiendo un claro patrón de abuso hacia los detenidos. “Nos empezaron a picanear. A sacar la remera, y a mostrarnos la parte de la cola… El primero fue un toquecito, y después era continuo”, indicó. Por esto, la Fiscalía presentó como prueba el hallazgo de una picana eléctrica incautada en la mochila de uno de los policías imputados, lo que refuerza la credibilidad de los relatos.
Así, las autoridades ampliaron la imputación sobre los seis subalternos, quienes habrían sido responsables directos de las torturas físicas. Según las pruebas obtenidas, se descubrió que Toledo discutía con otros policías sobre cómo obtener información de forma ilegal, revelando la metodología utilizada en los operativos.
Para profundizar en la responsabilidad de los involucrados, la fiscalía también presentó audios adicionales que muestran a los policías discutiendo con desprecio la condición de las víctimas. En una grabación de septiembre de 2024, Toledo se jactaba de las brutales torturas a las que sometieron a un detenido. Por ejemplo, se lo escucha decir: “Le rompimos la cabeza a pistolazos” y “lo cagamos a palos, con un fierro”, detalles que fueron expuestos durante las audiencias.
El juez Carlos Vera Barros, encargado del caso, decidió prorrogar las prisiones preventivas de los implicados por 180 días, ante el riesgo de fuga y el peligro de que los acusados interfieran con la investigación.
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