En línea con Caputo, los libertarios en PBA buscan modificar la ley de impuestos municipales y chocan con Kicillof

La discusión por la suba de algunas tasas municipales y con epicentro en la provincia de Buenos Aires caló en la discusión política en los últimos días y ahora el tema se trasladó a la Legislatura bonaerense. Diputados libertarios empujan una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) para dejar asentado que los municipios podrán cobrar tasas sólo “cuando correspondan a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a un bien o acto del contribuyente” y que debe “guardar razonable proporción con el costo del servicio”. Sin embargo, la posición del ejecutivo bonaerense es opuesta a esta avanzada contra las cargas tributarias locales que además de los bloques libertarios también incluye al ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Fueron los supermercadistas quienes a principio de semana salieron con fuerza a cuestionar la suba de la tasa de Seguridad e Higiene en el distrito de Lanús que pasó de un 2,76% a un 6% y que también en el último tiempo se replicó en otros municipios, en este caso de la provincia de Buenos Aires. El sector encontró respaldo en el gobierno nacional. Como adelantó Infobae, la Secretaría de Comercio prepara una resolución donde planteará que los municipios utilicen un prestadores de servicios públicos, como puede ser una cooperativa eléctrica, por ejemplo, para cobrar una determinada tasa. De concretarse, admiten en el Gobierno, achicará el margen impositivo.

Sumado a esto, en las últimas horas, el diputado provincial del bloque Libre, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para que la ley orgánica de las municipalidades deje establecido que -además de aspirar a la efectiva prestación de un servicio- cuando se cese en la prestación del servicio que origina la tasa “importará la extinción de pleno derecho de la misma”. En el gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni puso como ejemplo el caso de Morón donde rige desde julio del 2020 una Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica.

El autor de la iniciativa que propone modificar la ley provincial que regula la potestad de cobranza que tienen los distritos, también consiguió en su proyecto el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y del PRO Libertad en la Cámara baja bonaerense. Se trata de un espacio que se encamina a fusionar sus bancas en la Legislatura provincial.

En sus fundamentos, Castello reflota tres fallos de la Corte donde se invalida el cobro de ciertas tasas: uno de un laboratorio contra la municipalidad de Córdoba, otro de una distribuidora contra la municipalidad de La Rioja que fue retomado en el fallo de Gasnor contra la municipalidad de La Banda, Santiago del Estero. “Resulta evidente que las tasas que no cumplen las condiciones señaladas son inconstitucionales, a pesar de lo cual intendentes de toda la provincia, despreciando la interpretación pacífica y sostenida que han hecho de la Constitución Nacional la Corte Suprema nacional y la Suprema Corte provincial, han impulsado un festival de tasas con los más diversos fines pero sin contraprestaciones específicas”, planteó el legislador.

Sin embargo, la Ley Orgánica de las Municipalidad le da autonomía a los distritos en el asunto. El artículo 228 de la misma remarca que “las facultades del gobierno municipal son irrenunciables e intransferibles y en consecuencia, ninguna autoridad podrá imponer a las comunas gastos que ellas mismas no hayan autorizado, ni privarlas del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituido”.

Mientras Economía trabaja en una resolución para intervenir, su ministro Luis Caputo salió al cruce de los intendentes. Los acusó de querer obstaculizar “el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.

Los intendentes plantearon que el recorte de transferencias de Nación tanto a la Provincia de Buenos Aires como a los municipios los obligó a hacer readecuaciones. El jefe comunal de Lanús, Julián Álvarez, principal apuntado por la suba de tasas apuntó contra el ministro de Economía de la Nación al remarcar que “las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei restringieron al mínimo las transferencias a las provincias y a los municipios”, y que la “disminución de la actividad económica provocó una merma significativa en la recaudación de los tributos municipales”.

El intendente sostuvo que ante la caída en la actividad y el impacto en la recaudación “los municipios nos vimos obligados a introducir modificaciones en nuestros sistemas tributarios para lograr el financiamiento que nos permita la ejecución de las políticas públicas y la correcta prestación de los servicios que nuestros vecinos merecen”. En el caso de Lanús, el incremento de la tasa de Seguridad e Higiene recayó en tres cadenas de hipermercados que según el municipio aumentó su facturación en un 220% en los últimos meses. Incluye también exenciones o reducciones de alícuotas, a más de 500 almacenes de barrio.

Los jefes comunales recibieron el acompañamiento del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Aunque pasó sin demasiada estridencia, el mandatario provincial hizo un fuerte respaldo a los intendentes tras los dichos de Caputo. “Los intendentes están en el primer mostrador; vaya mi reconocimiento porque le ponen el pecho a esta crisis y el gobierno nacional, empezando por Toto Caputo, debería agradecerles a los intendentes porque si no estuvieran atendiendo las demandas de salud, educación, alimentos y acompañando tendríamos una situación social mucho más complicada que la que tenemos hoy”, dijo Kicillof cuando días atrás fue consultado por la polémica desatada.

El ejecutivo bonaerense no tiene previsto intervenir sobre la política tributaria de los municipios, ni tampoco readecuaciones a la escala de los Ingresos Brutos que se sancionó en la Ley Fiscal Impositiva del año pasado, que es otro monto del que se quejan los supermercadistas. Hoy, ese impuesto provincial, está calculado sobre el 5% de la facturación. “Si un municipio decidió aumentar ese monto nos parece bien, siempre que haya sido en el marco institucional, que creemos que en todos los casos fue de esa manera”, sintetizó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.