La masacre de Napalpí: a 100 años de la matanza y mutilación de medio centenar de indígenas en Chaco

Desde 1872 Chaco era un territorio nacional. Su gobernador era Fernando Centeno, un radical que había asumido el 26 de junio de 1923 y de apellido ilustre. Su abuelo el coronel Dámaso Centeno había perdido la cabeza por una bala de cañón en la batalla de Cepeda, y su papá, político y terrateniente, fue el fundador del pueblo que lleva su nombre, en el departamento de San Jerónimo, en el sur santafecino. Además de político, el gobernador también era dueño de tierras donde se cultivaba el algodón.

Desde 1911 en la región se asentaba un grupo de indígenas en Napalpí, tras el fin de la campaña en la zona del coronel Enrique Rostagno. Con una superficie de 20 mil hectáreas, era la primera de otras colonias, que se habían establecido en Formosa., como Bartolomé de las Casas, Francisco Javier Muñiz y Florentino Ameghino.

Eran los tiempos del dominio de La Forestal, la empresa de capitales británicos que se dedicaba a la explotación del quebracho en una amplia zona que incluía Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe. Para ello empleaba a muchos indígenas, a los que sometía a condiciones laborales de explotación.

La colonia indígena contaba con un depósito para la cosecha, casas para el hombre blanco y un almacén donde adquirir víveres e insumos con los vales que recibían, en lugar de dinero.

El origen del conflicto

Allí los indios se dedicaban al cultivo del algodón y maíz. Como la paga resultaba escasa, casi siempre en algunas provisiones, quisieron ir a trabajar en la zafra en Salta y Jujuy, porque se ganaba más dinero. Centeno, en sintonía con los productores locales, había prohibido la salida a otras provincias.

En 1924 el conflicto, que estaba latente, estalló. Un millar de indios se habían declarado en huelga. Las condiciones en las que vivían y trabajaban eran inimaginables. Hacinados, mal comidos, sin asistencia sanitaria y sin escuelas, debían trabajar en donde les indicaban. No podían elegir la labor y menos cambiar de trabajo, y los que se dedicaban al cultivo debían malvender su producción de algodón y maíz a la gente que administraba la colonia.

Centeno fue a Napalpí a entrevistarse con los caciques de las distintas comunidades. Ellos exigieron mejores condiciones de trabajo, poder vender su producción afuera porque podían obtener un mejor precio; poder ser dueños de la tierra, tener la libertad de optar dónde trabajar y que reabriesen la escuela. Además pedían animales y comida. Centeno se fue con la promesa de que enviaría víveres.

Como veía que el malestar crecía, el gobernador reclamó a las autoridades nacionales que le enviase tropas de ejército, pero desde Buenos Aires le dijeron que el asunto era meramente policial, y así debía resolverse.

Ese sábado 19 de julio de 1924 los indígenas de las etnias qom y moqoit, en huelga, estaban deliberando cómo seguir. No imaginaron lo que se venía.

La matanza

Bien temprano a la mañana sobrevoló el lugar un avión biplano Curtis JN 90 “Chaco II” que despegó del Aero Club Chaco y arrojó algunos paquetes de víveres. Eso hizo que hombres, mujeres y niños se lanzaran sobre ellos. Entonces unos 130 hombres, entre policías, propietarios de campos y vecinos se dedicaron, en los siguientes cuarenta minutos, a disparar sus winchesters y máusers contra hombres, mujeres y niños. Los heridos eran rematados a machetazos, muchos murieron degollados y otros sufrieron mutilaciones de orejas, testículos y penes.

Del mismo avión el copiloto también disparaba indiscriminadamente. Un pequeño grupo logró internarse en el monte, donde se ocultaron y lograron sobrevivir. Hubo entre 400 y 500 muertos.

Gobernaba el país Marcelo T. de Alvear. La primera reacción de las autoridades fue la de hacer pasar el hecho como un enfrentamiento entre distintas etnias. Muchos cuerpos fueron incinerados y otros enterrados en una fosa común. Durante una semana las aves de rapiña sobrevolaron el lugar, ya que muchos cadáveres habían quedado insepultos.

El 4 de septiembre de 1924 en Diputados se interpeló a Vicente Gallo, ministro del Interior. El socialista Francisco Pérez Leirós fue uno de los que se puso la denuncia al hombro. Describió la masacre como “hechos que parecen propios de una pesadilla de un loco”, mientras exhibía un frasco con las orejas y los testículos del cacique Pedro Maidana, uno de los líderes de los reclamos.

En el Congreso el oficialismo logró hacer fracasar la conformación de una comisión investigadora. El gobernador Centeno apartó a los fiscales que pretendían investigar, trasladó a jueces a otros distritos e hizo liberar a los policías que habían sido detenidos. Los señalados como culpables no fueron condenados.

Los sobrevivientes vivieron con temor y hasta algunos dejaron de lado prácticas ancestrales que formaban parte de su acervo cultural. No hablaban de lo que había ocurrido.

Los años pasaron y decidieron que las cosas no podían quedar así. En el 2004 la Asociación Comunitaria La Matanza demandó al Estado, se falló a favor y las indemnizaciones previstas fueron recurridas por el gobierno. En el 2020 en un juicio por la verdad llevado adelante en la Casa de las Culturas en Resistencia la Cámara Federal de Apelaciones determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad.

Durante el juicio declararon algunos sobrevivientes, como Melitona Enrique, quien falleció el 13 de noviembre de 2008. En su último año de vida, el Estado le pidió disculpas y le prometió construirle una casa de ladrillos. También dio su testimonio en su lengua Pedro Valquinta, a quien le quedó grabado que los muertos fueron arrojados en un pozo grande.

En 2020 en las tierras de la reducción se inauguró un memorial, que contiene urnas con restos de qom, muertos durante la llamada campaña del desierto verde, desarrollada entre 1870 y 1917, y una fosa dedicada a los veteranos indígenas que combatieron en Malvinas. Ya habían pasado casi cien años para que los últimos sobrevivientes se animasen a romper un largo silencio que contenía un siglo de viejos reclamos para poder vivir con dignidad.