
En el marco de la causa que investiga el espionaje a los jueces, el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó el viernes con prisión preventiva al hacker misionero acusado de haber vulnerado las comunicaciones y a un expolicía, quien se sospecha participó de la obtención ilegítima de los datos de miembros del Poder Judicial de la Nación.
Los procesados son Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven oriundo de Misiones que también está implicado en otras investigaciones similares, y el expolicía Ariel Pedro Zanchetta, un antiguo agente de las fuerzas de seguridad que buscaba acceder a datos sensibles de los magistrados haciéndose pasar por un periodista que recopilaba información.
Nuñes Pinheiro se entregó el pasado 27 de junio acompañado de sus abogados, Sebastián Noguera y Marcos Kapko. En ese momento, le dijo a Infobae: “Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”. Zanchetta, por otro lado, fue detenido en Junín hace poco más de un mes.
Hasta el momento, el único implicado en la causa que había sido procesado y se encontraba bajo prisión preventiva era Santiago Machado, otro de los involucrados. Ahora, son tres los procesados en la investigación que intenta comprobar si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave. Además, Martínez de Giorgi ordenó trabar embargos sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de 400 mil pesos en cada caso, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Télam.

“En esta investigación se acreditó materialmente que desde al menos, el mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados del Poder Judicial de la Nación”, alegó el magistrado en su resolución.
Entre las víctimas, se encuentran los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y los jueces del Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
De acuerdo con la acusación, las conductas investigadas consistieron “en el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, la toma de control de las cuentas telefónicas y de aplicaciones, así como el requerimiento de sumas de dinero en nombre de uno de ellos”. De esta manera, los implicados pudieron recolectar información, datos, documentos y conversaciones de los jueces a través de diferentes plataformas.
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Con respecto al hacker misionero, Martínez de Giorgi sostuvo que “se ha comprobado que, mediante la modificación de datos originales de líneas telefónicas, tomó el control de ellas y solicitó los códigos vía SMS para acceder -ya sea mediante la intervención de terceros o por sus propios medios- a las aplicaciones Telegram y/o Whatsapp de Borinsky, Hornos, Giménez Uriburu y Basso”. Para llevar a cabo este procedimiento, el juez federal planteó que Nuñes Pinheiro obtuvo el DNI, sexo y número de trámite del documento de los jueces a través del servicio de firmas NOSIS y la base de datos del ReNaPer para luego utilizarlos para validar la identidad de cada uno de ellos en cualquier dispositivo en el que inserte una tarjeta SIM “blanca”, es decir un chip que no está vinculado a un número de celular.
Al contestar de modo correcto las preguntas que realizaba la empresa para confirmar la identidad, “la línea telefónica dejaba de operar en el celular anterior y pasaba a aquel en donde estuviera insertada la nueva tarjeta SIM”, tal como explicó el juez.
Mientras tanto, en el caso de Zanchetta, “se pudo determinar que, a través de los servicios de la firma SudamericaData Group SRL” obtuvo informes con relación a los jueces de Casación. Además, mediante este procedimiento, también logró acceder a los informes de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, así como también de los jueces de la federal porteña Leopoldo y Pablo Bertuzzi, entre otros.
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