Las autoridades sirias arrestaron a 21 personas en la provincia costera de Latakia, acusadas de vínculos con el régimen de Bashar al-Assad, tras una noche de violencia sectaria que llevó a la imposición de un toque de queda en la capital provincial.
La medida se produjo luego de ataques en barrios de mayoría alauita, en un escenario marcado por protestas y por la inseguridad que afecta a minorías religiosas desde el cambio de gobierno en diciembre pasado.
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La televisión estatal informó que las fuerzas de seguridad detuvieron a 21 personas descritas como “remanentes del antiguo régimen”, a quienes atribuyó participación en “actos criminales, incitación sectaria y ataques contra las fuerzas de seguridad internas”.
El operativo se desarrolló mientras regía un toque de queda nocturno en la ciudad de Latakia, levantado a las 6:00 de la mañana del miércoles, tras los disturbios registrados la noche anterior.
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Los incidentes ocurrieron en zonas predominantemente alauitas de la ciudad, una comunidad que históricamente ha tenido un peso central en el aparato estatal sirio y a la que pertenecía el dictador al-Assad.
Los ataques se produjeron después de que, un día antes, murieran tres personas —entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad— durante protestas masivas en la franja costera del país. Las manifestaciones estallaron tras un atentado con bomba en una mezquita, que dejó varias víctimas y profundizó la tensión intercomunitaria.
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Periodistas de la agencia AFP observaron el martes a residentes limpiando calles y fachadas tras los destrozos de la noche previa, que incluyeron vehículos dañados y comercios vandalizados. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización que monitorea el conflicto desde el extranjero, reportó que un joven alauita murió por disparos durante los disturbios, tras ser perseguido por un grupo de hombres.
Ante el deterioro de la situación, las autoridades anunciaron el refuerzo del despliegue de seguridad en Latakia y otras áreas costeras. El portavoz del Ministerio del Interior, Noureddine al-Baba, declaró que el Estado rechaza “cualquier acto de sabotaje o ataque que afecte la dignidad de los ciudadanos o sus propiedades”, y añadió que “se adoptarán las medidas legales necesarias contra los responsables”.
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La violencia reciente se inscribe en una dinámica más amplia de inestabilidad tras la salida de al-Assad del poder, un hecho que reconfiguró el equilibrio político y social del país. Desde entonces, sectores de la minoría alauita han sido blanco de ataques, en un contexto de ajustes de cuentas, temores de represalias y presencia activa de grupos extremistas.
El viernes anterior, un atentado en una mezquita ubicada en un barrio de mayoría alauita en la ciudad central de Homs causó la muerte de ocho personas. El grupo islamista Saraya Ansar al-Sunna se atribuyó la autoría del ataque. Analistas regionales sostienen que esta organización opera como una fachada vinculada a combatientes del Estado Islámico, que buscan explotar las fracturas sectarias del país.
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En marzo, cientos de alauitas murieron en masacres registradas en el corazón costero de la comunidad, un episodio que agravó la desconfianza hacia las nuevas autoridades. Aunque el gobierno de transición en Damasco ha reiterado que protegerá a todas las comunidades religiosas y étnicas, sectores minoritarios continúan expresando preocupación por su seguridad y su lugar en la Siria posterior a al-Assad.
(Con información de AFP)
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