La masacre de Napalpí: el trágico final de 500 qom y mocoví cazados y mutilados en el Chaco por hacer huelga

Que no se quería acordar, para no contar, porque ahí habían matado a su papá. Y no importaba la friolera de años que habían pasado, aún se ponía triste y le hacía doler el corazón.

Así lo confesó Rosa Grilo, una abuela centenaria que vivía en el Lote 40 “El martillo”, a unos treinta kilómetros de Colonia Aborigen, en el Chaco. Era la última sobreviviente de lo que la historia del siglo veinte recuerda como la “Matanza de Napalpí”, donde entre 400 y 500 aborígenes qom y mocoví fueron masacrados por 130 hombres, entre policías, estancieros y vecinos.

Fue el sábado 19 de julio de 1924 y tuvieron que pasar décadas para que los testigos y descendientes de víctimas se animasen a relatar lo que había ocurrido en una zona perdida del Chaco, en una superficie de unas cincuenta hectáreas, a 150 kilómetros de la capital, Resistencia.

Un millar de aborígenes, residentes en la reducción en el Paraje Aguará, se habían declarado en huelga. Las condiciones en las que vivían y trabajaban eran inimaginables. Hacinados, mal comidos, sin asistencia sanitaria, sin escuelas, debían trabajar en donde les indicaban. No podían elegir la labor y menos salir de la provincia, y los que se dedicaban al cultivo debían malvender su producción de algodón y maíz a la gente que administraba la reducción.

Chaco, por aquel entonces, era un territorio nacional gobernado por Fernando Centeno, un radical que había asumido el 26 de junio de 1923. Su abuelo el coronel Dámaso Centeno había muerto en la batalla de Cepeda cuando una bala de cañón le arrancó la cabeza, y su papá había sido un político y terrateniente, fundador del pueblo que lleva su nombre, en el departamento de San Jerónimo, en el sur santafecino.

La reducción indígena en Napalpí había sido fundada en 1911 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña cuando el coronel Enrique Rostagno terminó la campaña contra el indígena. Con una superficie de 20 mil hectáreas, era la primera de otras colonias, establecidas en la vecina Formosa: Bartolomé de las Casas, Francisco Javier Muñiz y Florentino Ameghino.

Eran los tiempos del dominio de La Forestal, la empresa de capitales británicos que se dedicaba a la explotación del quebracho en una vasta zona que incluía Chaco, Formosa y norte de Santa Fe. Para ello empleaba a muchos indígenas, a los que sometía a condiciones laborales de explotación.

La reducción contaba con un depósito para la cosecha, casas para el hombre blanco y un almacén donde adquirir víveres e insumos.

Allí los indígenas se dedicaban al cultivo del algodón y maíz. Como la paga resultada escasa, quisieron ir a trabajar en la zafra en Salta y Jujuy, porque se ganaban unos pesos más. Centeno, en sintonía con los productores locales, había prohibido la salida a otras provincias.

Cuando el conflicto tomó visos de olla a presión, Centeno fue a Napalpí a entrevistarse con los caciques de las distintas comunidades. Ellos exigieron mejores condiciones de trabajo, poder vender su producción no en la reducción sino afuera porque podían obtener un mejor precio; poder ser dueños de la tierra, tener la libertad de optar dónde trabajar y que reabriesen la escuela. Además pedían animales y comida. Centeno se fue con la promesa de que enviaría víveres.

El gobernador reclamó a las autoridades nacionales que le enviase tropas de ejército, porque veía que el conflicto era grande. Pero desde Buenos Aires le dijeron que el asunto era meramente policial, y así debía resolverse.

Los indígenas se declararon en huelga. Ese sábado 19 estaban deliberando cómo seguir. No imaginaron lo que se venía.

Bien temprano a la mañana sobrevoló el lugar un avión que despegó del Aero Club Chaco, que arrojó algunos paquetes de víveres. Eso hizo que hombres, mujeres y niños se lanzaran sobre ellos. Entonces unos 130 hombres, entre policías, propietarios de campos y vecinos se dedicaron, en los siguientes cuarenta minutos, a disparar sus winchesters y máusers contra hombres, mujeres y niños. Los heridos eran rematados a machetazos, muchos murieron degollados y otros sufrieron mutilaciones de orejas, testículos y penes.

Del mismo avión el copiloto también disparaba indiscriminadamente. Un pequeño grupo logró internarse en el monte, donde se ocultaron y lograron sobrevivir.

Hubo entre 400 y 500 muertos.

Gobernaba el país Marcelo T. de Alvear. La primera reacción de las autoridades fue la de hacer pasar el hecho como un enfrentamiento entre distintas etnias. Los cuerpos fueron incinerados y enterrados en una fosa común.

El 4 de septiembre de 1924 en Diputados se interpeló a Vicente Gallo, ministro del Interior. El socialista Francisco Pérez Leirós fue uno de los que se puso la denuncia al hombro. Describió la masacre como “hechos que parecen propios de una pesadilla de un loco”, mientras exhibía un frasco con las orejas y los testículos del cacique Pedro Maidana, uno de los líderes de los reclamos.

En el Congreso el oficialismo logró hacer fracasar la conformación de una comisión investigadora. El gobernador Centeno apartó a los fiscales que pretendían investigar, trasladó a jueces a otros distritos e hizo liberar a los policías que habían sido detenidos. No hubo culpables condenados.

Los sobrevivientes vivieron con temor y hasta algunos dejaron de lado prácticas ancestrales que formaban parte de su acervo cultural. No hablaban de lo que había ocurrido.

En el 2004 la Asociación Comunitaria La Matanza demandó al Estado, se falló a favor y las indemnizaciones previstas fueron recurridas por el gobierno. En el 2020 en un juicio por la verdad llevado adelante en la Casa de las Culturas en Resistencia la Cámara Federal de Apelaciones determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad.

Durante el juicio declararon algunos sobrevivientes, como Melitona Enrique, quien falleció el 13 de noviembre de 2008. En su último año de vida, el Estado le pidió disculpas y le prometió construirle una casa de ladrillos. También dio su testimonio en su lengua Pedro Valquinta, a quien le quedó grabado que los muertos fueron arrojados en un pozo grande.

En 2020 en las tierras de la reducción se inauguró un memorial, que contiene urnas con restos de qom, muertos durante la llamada campaña del desierto verde, desarrollada entre 1870 y 1917, y una fosa dedicada a los veteranos indígenas que combatieron en Malvinas.

Rosa Grilo falleció a los 114 años el 4 de abril de 2023. Era a la que le costaba hablar de eso, porque le hacía acordar que allí había muerto su papá.

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