En medio del conflicto mapuche por las tierras de la Patagonia, un productor agropecuario narró el drama que viven los propietarios al convivir día a día con algunas comunidades que usurpan sus territorios. En ese sentido, consideró a la lucha contra estos grupos como “desproporcional” y acusó al Estado de “asistir” a estas agrupaciones.
La familia de Alejandro Samame tiene un terreno con otras personas cercanas en la región de Esquel, Chubut. Se trata de un campo registrado con ocupación permanente desde 1919 y “no por ninguna comunidad mapuche”.
Ahora, en parte de este territorio, se asentó una organización que se inscribió como tal en 2021. “Más de 100 años de historia en la provincia como ocupantes legítimos y recién hace dos años aparece esta comunidad”, planteó Samame.
El hombre asegura que algunas personas de esta organización están vinculadas a la lof Paillako, “una comunidad está usurpando el parque nacional Los Alerces”. Según relató, hace unos días fueron notificados por la presencia de estas personas en parte del predio, por lo que solicitaron a la Policía de Chubut que se haga presente en el lugar para identificarlos.
Al llegar, se encontraron con dos mujeres que portaban armas blancas y que se comunicaron con una persona por celular al momento de ser detenidas. Tiempo después, llegó la Gendarmería y estas personas “fueron subidas a un móvil y llevadas a la usurpación”, de acuerdo con el relato del propietario.
Samame denuncia además ciertas irregularidades con la información que le solicitó a la Seccional de Gendarmería del Lago Futalaufquen a los oficiales sobre otro móvil que vio circular un día anterior cerca del predio. Desde su punto de vista, no recibió una respuesta concreta.
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Con respecto a la serie de tomas y ataques que estas comunidades realizan a diario en varias regiones de la Patagonia, Samame envió un mensaje a los productores al sostener: “Es desproporcional la lucha que estamos dando, estamos realmente solos”.
“A esta gente, se la financia, come todos los días, se traslada, se moviliza, tiene teléfonos satelitales para comunicarse”, agregó en diálogo con TN. De esta manera, acusó al Estado de “asistir” a los mapuche a través de los diferentes organismos públicos que corresponden al Poder Ejecutivo y al Judicial.
El hombre también responsabilizó a los mapuches que llevan adelante la toma en Los Alerces de comenzar los incendios que afectaron a la zona y destruyeron más de mil hectáreas. El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, por su parte, definió a la situación de los incendios como un “ecocidio”.
Al respecto, las autoridades pidieron investigar al líder de la lof Paillako, Cruz Cárdenas, por ser la persona responsable de iniciar el fuego. Pese a que se presentó de manera espontánea ante la Justicia el pasado viernes, aún no se lo acusa de ser responsable de los focos ígneos; por el contrario, enfrenta cargos por usurpación del territorio dentro de un parque nacional, agresión a una trabajadora y corte de rutas.
Sin embargo, lo que sucede en Chubut no es un hecho aislado, sino que se replica en otras provincias de la Patagonia y de la zona cordillerana. En Rio Negro, por ejemplo, Villa Marcardi fue el escenario de los reclamos mapuches de 2022, situación que terminó con un fuerte enfrentamiento con las fuerzas federales.
El Ejército argentino, por otro lado, mantiene una disputa por un territorio lindero a Bariloche. Se trata de 170 hectáreas ubicadas en Virgen de las Nieves, al pie del cerro Otto. En este caso, la comunidad Triplay Antú reclama su permanencia en el lugar y alega que su asentamiento se remonta a 160 años atrás, tiempo antes de que llegara el Ejército. Este conflicto llegó a la Justicia federal, pero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) otorgó el reconocimiento institucional a la estadía de esta comunidad en el campo en cuestión.
Uno de los enfrentamientos más recientes con los mapuches tuvo lugar en Mendoza luego de que el organismo entregara 25 mil hectáreas a comunidades mapuches, lo que generó el repudio de los productores agropecuarios y vecinos, quienes alegaron que estos grupos no son originarios de la provincia.
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