
Alejandro Mirabo miraba desde el zoom al juez de Dolores Martín Bava y al fiscal Juan Pablo Curi. Finalmente, después de idas y vueltas, había llegado su audiencia de extradición. Estaba ahí sentado porque lo reclaman desde Italia, donde la justicia de ese país lo condenó a 30 años de prisión por delitos cometidos entre 1998 y 2015, que incluían desde robo agravado hasta violencia sexual, homicidio, amenazas y secuestro de personas. Logró volver al país en 2019 y fue localizado en Mar del Tuyú gracias a su mesa de votación. Como pesaba 220 kilos, consiguió la prisión domicilia. Nadie sabe cómo porque no podía moverse, pero volvió a fugarse, tal como reveló Infobae en octubre pasado. Dos semanas después, lo atraparon en un aguantadero de Ingeniero Budge donde pudieron sacarlo con la ayuda de los bomberos.
Tras una serie de pericias médicas y pedidos de detalles de las causas en trámite en Italia, este jueves el juez, el fiscal y el buscado protagonizaron la audiencia en el marco de la causa de extradición. Lo acompañaba un abogado particular. Ya no tenía la defensora oficial que había pedido su excarcelación y que se sorprendió tanto como los funcionarios judiciales cuando se enteraron que ese hombre se había escapado. Cuando le preguntaron sobre el pedido de la justicia italiana, Mirabo rechazó la extradición.
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Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, Mirabo, de 51 años, dijo que lo perseguían porque era argentino, que si lo mandaban a Italia lo iban a “liquidar”, que si se ordenaba su extradición iba a abrir la llave de gas y se iba a suicidar. Explicó que hoy estaba pesando 270 kilos, 50 más que cuando fue capturado, y que su estado de salud era delicado. Afirmó que está postrado porque no puede moverse por sus propios medios. Sobre los delitos, primero dijo que era inocente, aunque después reconoció alguno de los hechos.
Lo cierto es que el fiscal Curi promovió hacer lugar parcial a la extradición, en línea con la postura de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó. El Ministerio Público rechazó habilitar su extradición por aquellos delitos por los que Mirabo había sido juzgado en ausencia y sin asistencia de un letrado de confianza. Subrayó que, de esa manera, Italia no había dado suficientes garantías de celebración de un nuevo juicio en su presencia, con respeto de su derecho de defensa en juicio y debido proceso.
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Sin embargo, Curi entendió que era procedente el pedido de extradición en relación a tres universos de casos: las condenas dictadas en su presencia; las dictadas en procesos en los que se encontraba detenido, se negó a comparecer y era asistido por un letrado de su confianza; y las dictadas en procesos en ausencia pero en los que un abogado designado por él acordó una pena con el Ministerio Público Fiscal de aquel país. A su criterio, la pena no estaba prescripta y que las cuestiones de salud podrían ser ponderadas por el Poder Ejecutivo en una etapa ulterior a la judicial.
Como en todo proceso de extradición, la defensa tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Y, aún si se hiciera lugar en esa instancia, la última palabra la tiene el Ejecutivo. Por eso, por ahora, Mirabo seguirá en la Argentina.
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