La oscura trama detrás de un aborto a los 6 meses de gestación en un hospital público: “La médica nunca tuvo su consentimiento”

J.M. vivió una infancia difícil, una adolescencia con muchos cambios y el comienzo de una juventud que la dejará marcada para siempre. Sus padres la abandonaron al nacer y se crió en un hogar de niños salteño junto a su hermana. Al cumplir la mayoría de edad, su hermana se fue a vivir a Salvador Mazza con un tío y ella a General Mosconi con una tía. Pasaron los años y cuando su hermana formó su propia familia, J.M decidió mudarse con su tío, creyendo en esa ciudad tendría más oportunidades de progreso pero no todo resultó como lo había planeado.

A los 21 años, quedó embarazada de una relación ocasional y decidió esconder el secreto a su familia hasta que la panza empezó a asomar. El primero en sospechar fue su tío, quien le sugirió que se hiciera el test pero ella prefirió ir directamente a un hospital para que le realizaran un aborto a pesar de que estaba cursando ya el 6° mes de embarazo.

El hecho ocurrió el 24 de agosto por la tarde, cuando J.M -que llevaba 22 semanas y 2 días de gestación- se presentó en la guardia del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, Salta, y le dijo a los médicos que estaba en situación de calle, que no tenía para comer y que tampoco podía darle un hogar al bebé que estaba por nacer.

Alertado por lo que iba a ocurrir, su tío la llamó por teléfono y le suplicó que no abortara. “Le rogué que no se hiciera nada, que tuviera al bebé, que nosotros nos íbamos a hacer cargo. Que si ella después del nacimiento estaba convencida, lo podíamos dar en adopción”, contó Cristian González a medios locales.

“Ella me dijo ‘bueno, voy a hacer eso pero una doctora ya me hizo tomar pastillas y me dijo que no me puedo ir del hospital porque puedo tener pérdidas en la calle’”, relató su tío, quien horas más tarde recibió un llamado de la joven, que le dijo que el aborto ya estaba consumado.

El caso, que tuvo repercusión nacional, expuso con toda crudeza las consecuencias de una Ley que, en la práctica, no pone límite gestacional al aborto, contra lo que se dijo durante el debate en el Congreso: la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) debe realizarse antes de las 14 semanas.

Lo ocurrido en el Hospital Perón terminó en una denuncia penal por parte del tío de la paciente, quien aseguró que su sobrina manifestó arrepentimiento antes del aborto. Como consecuencia de ello, la médica Miranda Lucía Ruiz, de 34 años, fue detenida pero liberada horas después.

A tres meses del hecho, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, amplió la imputación contra la médica por la supuesta comisión del delito de aborto sin el consentimiento de la gestante, que prevé una pena de prisión efectiva que va de los 4 a los 10 años.

“La investigación se abre porque el embarazo había superado las 14 semanas que establece la ley y tampoco cumplía con las excepciones que permiten llevar a cabo ese procedimiento [más allá de ese límite] como lo son el ser víctima de una violación o correr riesgo la salud de la gestante. Ninguna de esas dos condiciones se daba”, explicó a Infobae el fiscal Vega.

“Cuando la víctima vino a declarar nos comentó que se había arrepentido y que no solo había manifestado su arrepentimiento a sus familiares sino también al personal médico y de enfermería que la atendió ese día”, detalló Vega, quien pudo constatar que la asistente social del hospital también estaba al tanto de su cambio de decisión. ”Incluso, en la historia clínica, una enfermera dejó sentado el arrepentimiento de la paciente y describió su estado de llanto y vulnerabilidad emocional”, agregó.

Si bien en un primer momento la imputación fue por la violación del artículo 85, inciso segundo, que es cuando se lleva adelante un aborto con el consentimiento de la paciente, cuando el fiscal indagó a J.M. se encontró con una inesperada declaración.

“Cuando le mostramos el consentimiento del aborto firmado y le preguntamos si era su firma, ella nos manifiesta que ese papel lo había firmado luego de producido el aborto. Es decir, lo hizo después de la intervención”, se alarmó el fiscal.

Y remarcó: “La médica le dijo que se había olvidado de hacerle firmar un papel cuando ingresó al hospital y que lo tenía que firmar porque tenía que estar en la historia clínica. Por eso hice el cambio de calificación en la imputación”.

La concejal salteña Claudia Subelza, a cargo de la Dirección de la Niñez de Salvador Mazza, que estuvo desde el primer momento asistiendo a la víctima, fue contundente en su acusación contra la médica. “J.M. no sabía lo que estaba firmando. Estaba confundida, aturdida por lo que había pasado y la médica le dijo que tenía que firmar ese documento para poder salir del hospital. La engañó, le mintió”, dijo al ser consultada por Infobae. “La médica actuó sin escuchar su arrepentimiento. Nunca tuvo su consentimiento”, sentenció.

Satisfecha con el avance de la investigación, Subelza adelantó que el abogado defensor de la víctima, el doctor Rambert Ríos, pedirá que también imputen a la profesional por homicidio. “J.M dice que escuchó el llanto de su hijo y que le pidió a la doctora que le dejara verlo, pero ella se negó para después desecharlo en un tacho de basura”, aseguró la concejal.

Hasta el momento, aún no pudo acreditarse que el feto haya nacido con vida. “Vinieron a declarar todos los profesionales que estuvieron de guardia en ese momento y nadie pudo decir que haya visto al bebé vivo o escuchado su llanto. Y cuando se hicieron las pericias anatomopatológicas de los restos tampoco se pudo acreditar porque los órganos ya no estaban en condiciones de ser estudiados”, especificó el fiscal, quien fue duramente cuestionado por la querella porque demoró 14 días en pedir ese estudio.

Al prestar declaración, uno de los médicos que estaba de guardia en el servicio de Maternidad ese día tuvo duras palabras hacia la doctora Ruiz. “Ella es la única no objetora de conciencia en el hospital. Está autorizada por el Ministerio de Salud pero no está capacitada en ginecología. Es médica generalista”, señaló el profesional.

Según consta en el expediente al que accedió este medio, el médico advirtió que “cuando uno tiene un procedimiento de tres pasos no puede largarse a hacerlo si solo conoce el primer paso y desconoce los otros dos”. Y denunció: “Ella solo da pastillas. Es fanática de las pastillas y cuando uno es fanático pierde la objetividad. Siempre hay que consultar con colegas”.

Mientras la causa sigue su curso y la situación de la médica se torna cada vez más complicada, “ella sigue trabajando en el hospital y realizando a abortos”, se indignó Subelza.

La acusada, por su parte, se negó a declarar cuando fue citada por el fiscal Vega el martes 23.

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